Sucesos

La Policía Nacional desarticula a un grupo criminal dedicado a la explotación laboral gracias a la denuncia de una víctima que residía en Valladolid

27 noviembre, 2020 09:39

La Policía Nacional en el marco de la operación "ALHUCEMA" ha detenido a cinco personas, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y falsedad documental.



La investigación se inició en el mes de noviembre de 2019  cuando una de las víctimas que residía en Valladolid y se encontraba en situación irregular, consiguió escapar de la trama y denunció lo que le estaba ocurriendo.  

Esta persona narró a los agentes cómo al entrar en las redes de este grupo fue aislada en un domicilio controlado por ellos, le retiraron su pasaporte entregándole la documentación de otra persona por si las autoridades le identificaban, obligandole a cumplir jornadas maratonianas sin descansos y recibiendo como salarios pequeñas propinas sin ningún tipo de regulación, viviendo bajo una amenaza constante por su situación de irregularidad administrativa.

"Modus Operandi"



El grupo creó dos sociedades mercantiles de las que eran socios y con aparente legalidad, ya que realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo y cumplían sus obligaciones sociales y tributarias contratando a una mínima parte de sus empleados legalmente. Esto enmascaraba una contratación masiva de trabajadores en situación irregular para faenar en la agricultura a los que entregaban la documentación de otra persona.

A los trabajadores los mantenían en condiciones laborales precarias, salarios muy inferiores a los correspondientes a su puesto de trabajo y a las horas realizadas, sin cumplir con la jornada laboral ni los descansos establecidos, siéndoles descontados gastos abusivos o inexistentes.

 Aunque el beneficio económico era del 100%,  esta no era su única fuente de ingresos, el grupo también se dedicaba a confeccionar y tramitar documentación para sus "clientes" a la carta, según los requisitos que los demandantes de sus servicios tenían que cumplir para regularizar su situación en España, tramitar solicitudes de reagrupamiento familiar o bien poder acceder al cobro de prestaciones o subsidios.  Para ello elaboraban contratos laborales o empadronamientos ficticios, altas en Seguridad Social fraudulentas, contratos de alquiler de vivienda sin residir en la misma, etc.

Este grupo contaba incluso con clientes que residían fuera de España y trataban de conseguir el visado correspondiente para entrar en territorio nacional. Dependiendo de lo solicitado, la cuantía podía variar, entre los 250 euros por la documentación más básica y los 3.000 euros en casos más complejos.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid y Brigada Central de Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.