Región

CCOO exige una plan de dinamización económica urgente para Garoña

1 agosto, 2017 18:03

Comisiones Obreras de Castilla y León, una vez conocida este mediodía la noticia del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha exigido al Gobierno de la nación y a la Junta un plan de dinamización económica urgente para el norte de la provincia burgalesa.

Con este paso gubernamental, Comisiones Obreras vé cumplida una demanda reiterada durante los últimos años: el cierre definitivo y desmantelamiento de la central de Garoña.

"Creemos que ya ha superado con creces su periodo de vida útil de 40 años y, además, su reapertura supondría un serio peligro para el entorno de la misma. La incertidumbre sobre su continuidad o no ha hecho más que provocar la paralización de las posibilidades de reactivar el plan de dinamización económica para la zona de influencia de la central, aprobado en 2009, pero que fue interrumpido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012", lamenta.

El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, apunta que las maniobras que ha realizado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida de las nucleares no ha ayudado a establecer un calendario de cierre de los reactores nucleares como han aprobado otros países (Alemania, Bélgica, Suiza, incluso parcialmente la nuclearizada Francia) y sólo ha beneficiado a los intereses de las eléctricas propietarias de las centrales que quieren alargar su vida útil, para seguir aumentando así los beneficios por unas centrales ya totalmente amortizadas.

Como CCOO de Castilla y León ha señalado reiteradamente, la zona donde se ubica la central de Garoña en Burgos debería haber contado con un Plan de reactivación más estable y prolongado, con participación social, que garantizase que en la zona se pusiesen en pie actividades alternativas para preservar la actividad económica y el empleo de forma sostenible.

Un plan de este tipo, a su juicio, debe mantenerse durante un período de tiempo más amplio y adecuarse a las fases en las que se desmantela la instalación (entre 13 y 16 años), en las que se mantiene una parte del empleo y que dura muchos años. En esta tarea aboga también por la implicación del Gobierno central, la Junta de Castilla y León, las entidades provinciales y locales, así como de los agentes económicos y sociales afectados por esta medida.