La Delegada de Violencia de Genero para la Comunidad de Castilla y León y fiscal de Burgos, María Boado Olabarrieta, ha demandado hoy el "apoderamiento" de la mujer, facilitando a ésta todo tipo de información y medios de protección, con el objetivo de que se sienta segura y pueda así vencer el tradicional miedo a interponer denuncia contra su agresor, al tiempo que ha reconocido las actuales carencias del sistema tanto en medios materiales como humanos.

La comparecencia en las Cortes de la fiscal, máxima responsable en esta materia en la Comunidad, a fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de Castilla y León contra la Violencia de Género, ha permitido a la acusadora pública poner el acento en los problemas para garantizar que las afectadas se animen a dar el primer paso, "fundamental", y denuncien los hechos, pues, como así ha advertido, "las estadísticas no son la violencia de género que existe en la región, sólo la que se denuncia", en clara referencia a que son muchos más los casos que quedan en el anonimato y no llegan a los juzgados.

Por ello, y como primera premisa, Boado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reiterado a lo largo de su intervención la necesidad de "apoderar" a la víctima contra su agresor y "estigmatizar a éste", y es ahí donde ha subrayado la importancia de que conozcan los derechos que les asisten y los mecanismos de protección con los que cuentan en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, que, tal y como ha puntualizado, se agravan en los casos de mujeres que viven en el medio rural y de afectadas inmigrantes, "pues muchas veces la única familia con que cuentan es su propia pareja o marido".

Así, la fiscal entiende como vital no esperar a que la mujer demande información sino facilitársela con carácter previo de forma "sencilla, gráfica y unitaria", para lo cual se ha elaborado un manual unificado de derechos que, en su opinión, es preciso poner al alcance de todas ellas, al tiempo que ha abogado igualmente ampliar los protocolos de denuncia actualmente existentes en el ámbito sanitario, "que están funcionamiento muy bien", para ponerlos en manos de psicólogos, asistentes sociales y personal docente en centros educativos.

Más policías

En el capítulo de propuestas para una lucha más eficaz contra esta lacra, amén de una mayor implicación de los medios de comunicación porque "no es suficiente la mera referencia al 016", María Boado ha incluido también un incremento de los efectivos policiales que integran las unidades de valoración de los riesgos de las víctimas, pues, como así ha recordado, su situación es muy cambiante a lo largo de un proceso judicial y puede volverse más vulnerable en función de los pasos que vaya dando.

Aunque lo habitual es dictar órdenes de protección e incluso acordarse la prisión preventiva del agresor, la fiscal lamenta que en ocasiones, tanto antes del ingreso en la cárcel como tras la excarcelación, el trabajo de estos policías encargados de evaluar el riesgo de las víctimas es insuficiente por falta de efectivos. "Lo que queremos evitar es una valoración mecánica del riesgo", justifica Boado.

Potenciar el intercambio de información entre la Administración de Justicia y los servicios sociales (CEAS) en materia de sentencias y autos judiciales; un aumento en el número de los Puntos de Encuentro Familiar, ya que el actual es insuficiente, con la posibilidad incluso de la prestación de este servicio de tipo ambulatorio a menores en escuelas o locales municipales, y, fundamentalmente, reforzar los equipos de las Unidades de Valoración Integral y de los técnicos de Familia son otras de las iniciativas planteadas.

En este último caso, la fiscal justifica su potenciación en el hecho de que dichas unidades son las encargadas de realizar los estudios psicopatológicos de las víctimas y sus agresores y sus hijos, en lo que ha calificado como "información fundamental" que precisan los acusadores públicos antes de calificar los hechos.

Valoración integral

El problema, tal y como ha denunciado públicamente, es que estas unidades adscritas a los juzgados no realizan un trabajo exclusivo en violencia de género y están "saturadas", de ahí que muchos procesos pueden demorarse más de ocho meses antes de la celebración del juicio, ha lamentado Boado, quien, a modo de ejemplo de la carencia de medios personales, ha apuntado que Andalucía cuenta con 63 psicólogos-forenses para este cometido, frente a los 27 existentes en Castilla y León.

Este retraso provoca una "victimización" de la propia afectada, ha enfatizado la Delegada de Violencia de Género para la Comunidad de Castilla y León, quien reconoce que la solución ideal pasa por la celebración de juicios rápidos, con vista oral y sentencia en un mismo acto, aunque también ha reconocido que dicha fórmula no siempre es posible en todos los casos.

Boado también ha aprovechado para explicar que las pulseras de geolocalización de los agresores no siempre son operativas por falta de cobertura en los pueblos y ha hecho igualmente un llamamiento para que el problema de la violencia de género sea visibilizado en el sistema educativo.

Al respecto, manifiesta que es "insuficiente" educar en igualdad pues muchos jóvenes ni siquiera conocen que estos comportamientos machistas, como agredir o insultar a una mujer, tienen consecuencias desde el punto de vista penal, con penas de un año de prisión. "Una vez fui a un colegio y los alumnos se sorprendieron de esto último", ha desvelado Boado, quien por ello es partidaria de acudir a los colegios para explicarlo.

Respecto de la normativa de la Comunidad en la materia, de 2010, la fiscal se ha felicitado de que la misma tiene un concepto bastante más amplio del que acota la estatal de 2004, centrada únicamente en aquella violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en el ámbito de la pareja, al incluir, entre otros, la trata de seres humanos... si bien ha advertido de que en todos los casos las víctimas se encuentran perfectamente protegidas desde el punto de vista penal.