La presencia de al menos cuatro concejales del equipo de gobierno de Manuela Carmena en la manifestación contra el desalojo de un edificio que había ocupado el colectivo El Patio Maravillas supone un revés para la alcaldesa de Madrid. En la protesta se lanzaron duras críticas contra ella: los manifestantes equipararon su política con la del PP y el PSOE por la ausencia de "medidas de cesión de espacios".

Carmena, que ha defendido en alguna ocasión el movimiento okupa como "fenómeno cultural", ha mantenido, sin embargo, que la ocupación sólo es viable para uso social y en aquellos inmuebles cuyo legítimo propietario no reclame. No es el caso del edificio que ha desatado ahora la polémica: fue el requerimiento del dueño lo que llevó a la Policía Nacional a intervenir.

El episodio deja la autoridad de Carmena en entredicho y revela que dentro del equipo municipal hay evidentes diferencias a la hora de afrontar el problema de la ocupación. No anda precisamente sobrada de crédito la alcaldesa de Madrid como para que ahora se le revuelva el patio, no el Maravillas -próximo a su ideología- sino, lo que es mucho más grave, el de sus propios concejales.