El error de crear un impuesto para pagar las pensiones

Subir impuestos nunca es una buena idea. Menos aún si se pretende que esta política sea la panacea que resuelva los problemas de las pensiones en España.

España tiene un problema demográfico grave, que se refleja en el hecho de que es uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, el 21% de la población tiene más de 65 años, pero en 2030 será ya el 24,3%, según las previsiones de la Comisión Europea. Además, habrá cuatro personas mayores de 65 años por cada diez individuos en edad de trabajar. Y si tomamos como referencia la población activa, la relación será de dos activos por cada mayor. En esta relación se encuentra la verdadera raíz de las serias dificultades de la Seguridad Social.

Nuestro sistema público de pensiones se basa en el modelo de reparto, aquel por el cual las cotizaciones de los trabajadores y, sobre todo, de las empresas que los emplean, financian las pensiones de los jubilados de hoy. Si cada vez hay más jubilados por cada persona que trabaja, las cuentas no podrán cuadrar y entrarán en números rojos. ¿Cuándo?

El PSOE propone ahora subir los impuestos para cubrir los números rojos de la Seguridad Social

Según un estudio que publicará la revista académica Aestimatio, bajo el título “A tsunami in the Spanish economy with epicenter in the public pension system?”, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará en septiembre de 2019 y, al año siguiente, el sistema registrará un déficit equivalente al 1,4% del PIB. En 2035 será del 3% si no se aplican reformas. En ese caso, los Presupuestos generales del Estado tendrían que financiar el 30% del gasto público en pensiones, algo impensable hoy en día si no se acaba pronto con el problema del déficit presupuestario y se reforma el gasto público de todas las administraciones.

En este contexto, y con el fin de evitar tener que recortar las pensiones, el PSOE ha puesto sobre la mesa la idea de subir los impuestos para cubrir los números rojos de la Seguridad Social. La propuesta de los socialistas consiste en crear una tasa específica para pagar las pensiones, que saldrá de incrementar algunos impuestos ya existentes. Ese recargo financiaría las pensiones.

La CSG puesta en marcha por el Gobierno francés en los años 90 ha disparado la presión fiscal

La propuesta se basa en la Contribución Social Generalizada (CSG) puesta en marcha por el Gobierno francés a principios de la década de los 90, que ha disparado la presión fiscal hasta el 53% del PIB. En España se encuentra en el entorno del 34%. La CSG es, en la actualidad, un recargo del 7,5% sobre las rentas salariales. Además, tienen que pagarla todos los habitantes del país, incluidos los pensionistas, que cotizan al 6,6% salvo que sus rentas sean inferiores a 13.956 euros. En ese caso pagan al 3,8%.

A su vez, las rentas de capital se ven gravadas con un 6,6% de la base y las plusvalías con un 8,2%. Incluso tienen que pagar los desempleados, o los perceptores del subsidio por enfermedad. El sistema recauda, pero a costa de que todos pierdan capacidad de compra, parados, pensionistas y enfermos incluidos. Dicho de otra forma, a estos colectivos les bajan las prestaciones que perciben.

La CSG también ha provocado que la tasa de paro en Francia sea 3 o 4 puntos más alta que en Alemania

Aun así, hay quien considera que algo parecido a la CSG es una gran idea, porque implica un esfuerzo colectivo para resolver el problema de las pensiones. Por desgracia, en economía las cosas no suelen ser como parecen, porque intervienen efectos secundarios que pueden provocar la aparición de resultados contrarios a los que se persiguen.

En Francia, por ejemplo, la tasa de paro es sistemáticamente tres o cuatro puntos más alta que en Alemania desde hace diez años, en parte como consecuencia de la aplicación de la CSG, que supone reducir la capacidad de consumo de los franceses. Menos consumo implica menos crecimiento y menos empleo. Y si se pretende compensar esa pérdida de capacidad de compra mediante subidas salariales, los márgenes de las empresas sufren y eso provoca la pérdida de puestos de trabajo, bien por despidos, bien porque las empresas dejan de ser competitivas y desaparecen. Por supuesto, más paro implica menos ingresos fiscales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social son un impuesto que sufren el empleado y, sobre todo, la empresa

Que subir impuestos para financiar las pensiones es una mala idea lo ejemplifica perfectamente el caso de Estados Unidos, un país donde la situación demográfica es sensiblemente mejor que en España. Pues bien, allí el National Research Council of the National Academies estimó que el envejecimiento de la población reducirá el PIB per cápita del país entre el 6,1% y el 7,8%. Pero si se recortan las pensiones (lo que sucedería, de facto, si tuvieran que pagar la CSG) y/o se incrementan los impuestos para financiar el sistema, entonces la caída sería de entre el 6,8% y el 11,4%. Y esto es un problema porque esa renta per cápita es, directa o indirectamente, de donde se obtienen los impuestos.

Con las cotizaciones sociales sucede algo parecido, por mucho que algunos digan que en España se paga poco por este concepto. Las cotizaciones a la Seguridad Social son un impuesto sobre el trabajo que sufren tanto el empleado como, y sobre todo, la empresa. De hecho, las empresas aportan el 80% de la recaudación total del régimen general de la Seguridad Social, mientras que los trabajadores aportan el 20%.

El 12% de los puestos de trabajo actuales desaparecerá como consecuencia del cambio tecnológico

Si suben las cotizaciones de los trabajadores, el impacto será el mismo que el de aplicar una tasa como la CSG. Si, por el contrario, se incrementan las de las empresas, supondrá un aumento de los costes laborales que las llevará o bien a reducir los salarios, o bien a despedir gente para sustituirla por máquinas. Esto último es un verdadero problema en un país con casi cuatro millones de parados que, además, puede ver cómo desaparece en los próximos años el 12% de los puestos de trabajo actuales como consecuencia del cambio tecnológico, según estima la OCDE en su reciente informe “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries”. Y si los que tienen que pagar más son los autónomos, muchos podrían verse obligados a pasar a la economía sumergida para poder sobrevivir, cuando el autoempleo está siendo la vía de escape del paro para miles de personas.

En este contexto, es mejor plantear otras soluciones al problema de las pensiones, que existen, porque los impuestos no lo van a resolver sin bajar las prestaciones.

*** Emilio J. González es profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.