Según revela EL ESPAÑOL, el empresario canario Miguel Ángel Ramírez ha denunciado que el sucesor de Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, Salvador Alba, le planteó anular la investigación por fraude fiscal que se sigue contra él si éste aportaba pruebas contra la 'jueza de Podemos'. La propuesta se hizo en una reunión celebrada en el despacho de Alba en la Audiencia de Las Palmas y fue grabada por Ramírez, que ha entregado los audios en el Juzgado.

El contenido de la grabación es muy explícito e indica que Salvador Alba quiso amañar una declaración en una conversación a solas con el investigado, al margen del proceso y a espaldas de las partes. Es claro que, al margen de las imputaciones que pesen contra Rosell, los métodos de Alba resultan inaceptables y tal vez delictivos. El escándalo debe investigarse hasta sus últimas consecuencias tanto por los tribunales competentes como por el Consejo General del Poder Judicial, que como promotor de la acción disciplinaria, ha hecho gala en todo este asunto de una pasmosa condescendencia.

El fracaso de los partidos a la hora de alcanzar un acuerdo para recortar los gastos de la nueva campaña electoral vuelve a dejar en evidencia que son incapaces de mirar más allá de su propio interés. Quien más impedimentos ha puesto ha sido el PP, que en la segunda reunión para abordar este asunto, se ha negado a unirse al PSOE y aceptar la propuesta de Ciudadanos y Podemos de bajar el límite de gasto general, situado en 13 millones. Esto hubiese afectado principalmente a los dos grandes partidos, ya que la financiación de Podemos y Ciudadanos está muy lejos de llegar a ese techo.

El vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha intentado justificar su oposición diciendo que aceptar esta propuesta “hubiera sido un engaño a los españoles”. Más honesto hubiera sido decir que los populares no quieren perder la ventaja que les da su mayor capacidad de financiación. A cambio, la oferta del PP de reducir los presupuestos de todos los partidos un 30% con respecto al 20-D hubiese perjudicado principalmente a los partidos pequeños, ya que mientras que el PP gastó unos 12 millones de euros en la pasada campaña electoral, Podemos invirtió sólo 2,9 millones.

Esta falta de acuerdo de las cuatro principales formaciones resulta vergonzosa, sobre todo teniendo en cuenta que estos mismos partidos tardaron solo unos minutos en acordar los 20 días de vacaciones que recibieron el pasado marzo. Al fracaso de no haber llegado a un pacto de Gobierno se suma ahora el de no haber sido capaces de ahorrar a los ciudadanos los elevados gastos de una nueva campaña electoral.