El coste anual del nuevo Canal 9 que pretende abrir la Generalitat Valenciana se ha cifrado entre cien y 150 millones. Hace más de dos años que el gobierno de esta Comunidad Autónoma apagó Radio Televisión Valenciana (RTVV), un ente que dejó 1.200 millones de euros en deudas. Sin embargo, el Parlamento valenciano está embarcado desde enero en la búsqueda de un nuevo modelo para reabrir la cadena pública. Es evidente que la prioridad política en una región tan endeudada y con tantos problemas para controlar su déficit no puede ser reabrir una televisión que, si por algo se caracterizó, fue por sus episodios de manipulación informativa. Por ejemplo, el control político de Canal 9 implicó que durante años hubiera un silencio informativo en torno a las víctimas del accidente de metro de Valencia de 2006, en el que murieron 43 personas. Las televisiones públicas suelen ser nidos de enchufismo y agujeros negros para las arcas regionales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debería abandonar un proyecto inviable que agravaría la frágil situación financiera de su comunidad.