La tribuna

Bancos, impuestos y rescates

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Esta crisis ha tenido mucho que ver con los bancos, y especialmente con las antiguas cajas de ahorro. Eso sí, hemos pasado de cuestionarnos, con motivo, la solvencia de los bancos a exigir que abran el grifo del crédito. Estas dos cuestiones parecen superadas, aunque eso parece que se debe más al rescate europeo y a la política del Banco Central Europeo que a ninguna otra cosa. Queda la cuestión, muy relevante, de los impuestos que están pagando los bancos. Si usted se pregunta si los bancos están pagando impuesto de sociedades, se está realizando una pregunta importante y correcta, y además difícil de contestar.

Efectivamente, al menos en principio, sólo se paga impuesto de sociedades si se gana dinero. Así, la banca española perdió muchísimo dinero durante la crisis. Si un banco concede créditos a clientes que luego no pueden devolverlos, los clientes perderán dinero, pero el banco también. De hecho, si los bancos no quiebran, y en España y en toda Europa se ha hecho lo posible y lo imposible para que no quiebren, los bancos tendrán pérdidas acumuladas por todos los créditos mal concedidos. Así, en una economía tan bancarizada como la española, la banca habrá heredado las pérdidas de los demás sectores. Dada la mecánica del impuesto de sociedades, cuando se tienen pérdidas se tiene derecho a pagar menos impuesto de sociedades en el futuro, esto es a pagar menos impuestos sobre los beneficios futuros.

Según el FMI, los activos fiscales diferidos de la banca española ascendían a 51.000 millones en 2013

Naturalmente, este derecho a pagar menos impuestos en el futuro depende de que se obtengan beneficios. Si un banco, o cualquier otra empresa, no gana finalmente dinero, y llega a su liquidación, este derecho a pagar menos impuestos en el futuro no le sirve a nadie y no vale nada. Por eso, aunque la normativa contable permite anotar este "activo fiscal diferido", la normativa de solvencia bancaria lo excluye del capital regulatorio de los bancos, es decir de la medida principal de su solvencia.

Para limitar las pérdidas que afloraron en 2012, todos los bancos reconocieron estos activos fiscales diferidos, o lo que es lo mismo el 30% de las pérdidas. De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, los activos fiscales diferidos de la banca ascendían a 51.000 millones de euros en 2013. Esto quería decir que la banca española había perdido unos 170.000 millones de euros, que al 30% de impuesto vigente suponía generar el derecho a dejar de pagar 51.000 millones de euros en impuesto de beneficios a futuro. La sangría de la crisis, y también de las malas decisiones y de la codicia de algunos directivos… tuvo unas consecuencias simplemente brutales: un 17% del PIB, casi tanto como la recaudación anual de impuestos gestionados por la Agencia Tributaria.

El germen del rescate financiero lo implantó el Gobierno de Zapatero al avalar las emisiones de la banca

Ante este panorama, el Gobierno, para garantizar la solvencia de la banca sin tener que utilizar más fondos del rescate europeo, cambió la normativa de impuesto de sociedades para los bancos. A través de una normativa particularmente compleja, el Real Decreto Ley 14/2013, estableció la garantía estatal sobre unos 30.000 millones de euros de estos activos. Esto significaba que si un banco quebraba o era liquidado, el Estado ponía el dinero. Y esto suponía, también, que el contribuyente estaba dando un aval a los bancos, lo que permitía computar estos importes como capital de máxima calidad de cara a su solvencia.

La otra consecuencia obvia es que los bancos, y sus directivos, tienen la garantía de que el banco, si es mínimamente grande, no va a ser liquidado: si el Estado tiene que garantizar miles de millones en activos fiscales, no dejará al banco quebrar simplemente por ahorrarse algo de dinero. Por eso, cuando el Gobierno socialista de Zapatero empezó a avalar las emisiones de la banca, en la práctica ligó la suerte de España a la de sus bancos y cajas. El germen del rescate financiero estaba ahí, aunque nadie quisiese verlo.

La nueva ley del impuesto de sociedades acabó con la asimetría favorable a la banca en las compensaciones

Por otra parte, mientras que las pérdidas fiscales de las demás empresas, las bases imponibles negativas, estaban sometidas a grandes restricciones en su compensación, la compensación de los activos fiscales diferidos no estaba sometida a límite alguno. La traducción práctica era que si después de tener pérdidas en la crisis, una gran empresa empezaba a ganar dinero, algo de dinero, tenía que pagar, aunque no llegase a compensar las pérdidas anteriores. Sin embargo, un banco, si tenía activos fiscales diferidos -y casi todos lo tenían por importe de miles de millones- pagaba con ellos, y el Estado no recaudaba. Eso sí, los contribuyentes reducían su riesgo con la banca española, riesgo por el que no cobraban.

La nueva ley del impuesto de sociedades puso fin a una asimetría favorable a la banca: que los activos fiscales diferidos no tuviesen límite de compensación. De todas formas, como los bancos tienen bases imponibles negativas -es decir, pérdidas fiscales ordinarias- y además activos fiscales diferidos compensables, la cuantía que tendrán que ingresar los bancos no será muy elevada. Además, en 2016 se levantan las restricciones extraordinarias para compensar pérdidas en el impuesto de sociedades. Esto significará, con seguridad, una menor recaudación de este impuesto, que notaremos a partir del pago fraccionado de abril, pero de esto hablaremos en otra ocasión.

Las chapuzas con el impuesto de sociedades ponen en riesgo el cobro de 450 millones de euros anuales

Además, y por exigencia de la Comisión Europea, los bancos van a tener que pagar anualmente el 1,5% de estos activos fiscales diferidos si pretenden que sean deducibles y estén garantizados por el Estado. A esto lo denomina la ley de presupuestos "Prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria". Esta prestación patrimonial de carácter público es de carácter legal, e incluso los obligados al pago pueden presentar consultas sobre la misma sometidas a la Ley General Tributaria. Una prestación patrimonial de carácter público exigida por ley y cuyas dudas resuelve la Dirección General de Tributos es un tributo.

El principal problema es que la ley de presupuestos no puede crear tributos, por disponerlo taxativamente el artículo 134.7 de la Constitución. Esta crónica del impuesto de sociedades a la banca acaba con una chapuza, que pone en riesgo el cobro de 450 millones anuales ante cualquier impugnación. Lo que resulta increíble es que aprobar esta normativa en la ley de presupuestos no hacía ninguna falta, se podía haber haber aprobado en cualquier otra. De hecho, había varios proyectos en fase de enmiendas en el Congreso y en el Senado. La parte positiva es que, si la legislatura consigue arrancar, es un tema relativamente fácil de arreglar: sólo hay que introducir el texto de la norma en cualquier otra ley que no sea la de presupuestos.

Los ciudadanos creen que la banca puede pagar muchos más impuestos sin poner en peligro su solvencia

Todo este proceso no sólo no ha sido precisamente perfecto, sino que también ha estado marcado por la opacidad. La normativa no es que sea compleja, es que es simplemente ininteligible. Parece que se ha buscado la confusión deliberada, y si no se ha buscado, se ha conseguido. Todo esto recuerda a la célebre anécdota de una comparecencia de  Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal en el Senado: Cuando un senador comenzó una pregunta con "creo haberle entendido"... el gran gurú le contestó que si había creído entenderle es que él no se había explicado bien. Esto de confiar ciegamente en la capacidad de Greenspan de dirigir los mercados financieros acabó en una monumental crisis financiera. Aquí no hemos actuado de forma tan distinta.

El resultado directo de todo esto es que muchos españoles se creen, honestamente, que la banca puede pagar muchos más impuestos sin poner en peligro su solvencia ni cortar el flujo de crédito, e incluso devolver aceleradamente los fondos públicos que se han inyectado, de forma directa e indirecta. La realidad es bastante más dura: por ejemplo, el Estado dio hace meses por perdido todo el dinero invertido en Catalunya Banc (la antigua Caixa Cataluña): más de 12.000 millones de euros. Que esto se ignore es lo que explica el éxito electoral de propuestas económicas tan faltas de realismo, también en este ámbito, como las de Podemos.

Ante esto, sólo cabe empezar por informar de la realidad a los españoles. Sólo desde la transparencia se pueden exigir responsabilidades por una gestión lamentable, se pueden evitar las chapuzas y, sobre todo, se puede hacer política realista, que es lo único que puede ayudar a los españoles a resolver sus problemas.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos, inspector de Hacienda y autor de '¿Hacienda somos todos?'.

*** Ilustración: WellDone.