Ni Más Madrid ni PSOE ven con buenos ojos el plan de acción de Almeida sobre los pisos turísticos de la capital. Los principales partidos de la oposición en Cibeles de Madrid desconfían de la capacidad inspectora del Ayuntamiento para sancionar a los miles de viviendas de uso turístico (VUT) que funcionan en la capital. 

Este viernes entra en vigor la batería de medidas del Gobierno municipal para ordenar el mercado de las VUT y aplacar sus efectos negativos en la ciudad.

Para empezar, como principal novedad, se suspenden las nuevas licencias hasta que se apruebe una normativa general en 2025. Dicha normativa modificará a la que funciona desde 2019, aprobada durante el mandato de Manuela Carmena y que, para el Consistorio, ha resultado "ineficaz". 

[El callejón sin salida de los 12.560 pisos turísticos ilegales de Madrid: 'cierre' o multas 30 veces más caras]

A su vez, desde ya, el Ayuntamiento endurecerá multiplicará la sanción a los responsables de los pisos turísticos ilegales que sigan desobedeciendo. Es decir, el Consistorio primero envía una orden de cese cuando detecta una vivienda irregular. Si su dueño no acata y sigue operando el negocio, se enfrentará a una primera multa de 30.001 euros, 30 veces más cara que las que se imponían hasta ahora. 

Por otro lado, se incorporarán a la Subdirección General de Inspección y Disciplina 10 personas más, aumentando la plantilla un 14%. Quien decida alojarse en este tipo de alojamientos contará, en los próximos meses, con un listado oficial de los pisos turísticos que sí cuentan con licencia municipal (941 a día de hoy) y su ubicación. 

Con todo, desde el Área de Urbanismo, que lidera Borja Carabante, defienden que la batería de medidas tendrá un "efecto a corto plazo" sobre la actividad ilegal en este sector. En total, son 12.561 pisos turísticos irregulares en la capital (el 93% del total). 

Con el plan de acción de Almeida, en el caso de que les llegue una orden de cese del Ayuntamiento se verán obligados a clausurar sus negocios o se jugarán una cuantiosa sanción como pretendan seguir desobedeciendo las reglas. 

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, considera que el plan de acción es una iniciativa de "propaganda". La líder de la oposición cifra en 24.000 el número de viviendas turísticas ilegales y sólo 277 con licencia, frente a los datos oficiales del Ayuntamiento.

"Da igual que no se concedan nuevas licencias porque el 99% de los pisos turísticos funcionan sin licencias. La pregunta es: ¿cuándo piensa Almeida cerrar ese 99% de pisos turísticos?", se pregunta.

Por otro lado, Maestre denuncia que bajo la dirección del actual alcalde "se ha desmontado el servicio de inspección de una veintena de profesionales que se montó durante el Gobierno de Carmena". Por eso, la dirigente de Más Madrid reclama "voluntad política" y "medios de inspección" para hacer poder cumplir la normativa municipal. 

Antonio Giraldo, portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, sostiene que la congelación de nuevas licencias no tiene "efecto" alguno porque la mayoría de pisos ya abrían sin pedir permiso. Igual que Maestre, incide en la "nula capacidad de disciplina" de la Corporación municipal. 

"Solo 17 personas de las 65 que dice el delegado que están trabajando en la Agencia de Actividades [el organismo municipal responsable de la tramitación de las licencias y de la actividad inspectora] tienen titulación para ejercer como inspectores urbanísticos (según sus propios datos). Y ojo, esto para todas las actividades económicas, no sólo VUT", argumenta Giraldo. 

Respecto a las multas, el concejal socialista recuerda que la Ley del Suelo "ha estado siempre ahí", pero Cibeles ha venido aplicando "sistemáticamente las horquillas más bajas de sanción". "Siempre han podido sancionar muchísimo más, como siempre muchos hemos pedido. No se cambia nada, es un mero cambio de intenciones", defiende. 

Con todo, Giraldo señala que el Ayuntamiento de Martínez-Almeida debería haber llevado a cabo una "campaña masiva de inspección y con sanciones en la horquilla más alta". "No sirve de nada suspender licencias, ni siquiera cambiar el Plan de Hospedaje (...) Es posible que pueda mejorarse y yo lo apoyo, pero el problema no es la normativa, sino que llevamos sistemáticamente 6 años dejándola incumplir con nula capacidad de reacción", concluye.