Fuentes de Transición Ecológica insisten en que España tiene almacenamiento suficiente como para atender nuestra demanda y, al mismo tiempo, enviar todo aquello que sea necesario para ayudar a la Unión Europea si Putin cierra el grifo del gas este invierno. 

Esto supondría llegar a triplicar la media de suministro exportado durante los últimos cinco años. ¿Cómo? Llevando al máximo la capacidad de los dos tubos (gasoductos) que hay en los Pirineos y que conectan la Península con Francia. Ambos permiten exportar 7bcm anuales frente a la media de 2bcm anuales exportados en los últimos cinco años. 

A esa capacidad se le suma también toda la capacidad de exportación que España podría tener a través de barcos. Desde las seis regasificadoras que hay en estos momentos en nuestro país, a la que habrá que sumar otra más cuando esté terminada la de El Musel en Asturias. Toda la capacidad que se podría exportar sería de 64 bcm a través de barcos. 

Mientras tanto, en Bruselas el reglamento que exigeun recorte desde agosto del 15% en el consumo de gas a todos los Estados miembros -incluso a los menos dependientes de Rusia como España- con el fin de hacer frente a un invierno de turbulencias por la guerra en Ucrania está a punto de naufragar incluso antes de salir de puerto.

La norma ha generado una fuerte división dentro de la UE, hasta el punto de reabrir la fractura provocada por la crisis financiera entre el norte y el sur, entre Berlín y Madrid. Aunque esta vez con los papeles invertidos: ahora es España la que rechaza salir al rescate de Alemania en los términos marcados por la Comisión.

En la primera discusión sobre el reglamento del gas celebrada a nivel de embajadores se ha visto que las posiciones están muy alejadas. Algunos países consideran que el ajuste que pretende la Comisión Europea es insuficiente para hacer frente a un posible corte total del gas por parte del Kremlin como represalia por el apoyo de la UE a Ucrania. Otros Estados miembros -no sólo España, sino también Portugal o Grecia- ven excesivo el 15% para todos y reclaman objetivos diferenciados para cada país.

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Pero más allá de estas divisiones, la mayoría de Gobiernos europeos sí están de acuerdo en una cosa: en el rechazo a ceder nuevos poderes al Ejecutivo comunitario en materia de energía. En efecto, el reglamento en cuestión confiere al equipo de Ursula von der Leyen la facultad de decretar unilaterlamente una alerta a escala europea en caso de "un riesgo sustancial de escasez grave de gas o una demanda de gas excepcionalmente elevada".

En este escenario, la Comisión podría además imponer a los Gobiernos europeos un objetivo obligatorio de reducción de consumo de gas (que sería también del 15%). Y exigir la adopción de medidas de ajuste adicionales a los países incumplidores. El reglamento tiene un periodo de vigencia de dos años porque Bruselas cree que la crisis todavía no se habrá resuelto para el invierno 2023-2024.

"Hay un escepticismo general sobre que sea la Comisión la que desencadene la alerta y fije objetivos obligatorios. Es un papel que en todo caso correspondería al Consejo (el órgano que reúne a los Gobiernos de los 27), pero no a la Comisión", explica a EL ESPAÑOL un diplomático europeo. 

No sólo España, Portugal o Grecia se oponen a dar poderes especiales a Bruselas en caso de crisis de suministro. También están en la misma posición Alemania, Francia, Italia, Polonia o Países Bajos, señalan las fuentes consultadas.

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Con este reparto de fuerzas, a Bruselas no le salen los números para que el reglamento se apruebe en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para el 26 de julio, tal y como pretendía. De hecho, esa es la única manera de que la exigencia de recortes entre en vigor el 1 de agosto.

Von der Leyen necesita el apoyo de una mayoría cualificada: 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población total de la UE. "Es improbable que se alcance la mayoría cualificada el martes", explica el diplomático.

Eso sí, República Checa, que ocupa este semestre la presidencia de turno de la UE, trabaja a destajo con el fin de encontrar algún tipo de solución de compromiso. Los embajadores de los Veintisiete volverán a debatir el reglamento en otras dos reuniones preparatorias este viernes y el lunes, por lo que no cabe descartar un acuerdo de última hora.

Pero las fuentes consultadas dan por hecho de que la aprobación se retrasará hasta septiembre, además en una versión descafeinada. Aunque todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de reducir la demanda de gas, los Gobiernos piden más tiempo para examinar en detalle la propuesta y lo que significa para el mercado energético. España se salva así de recortes obligatorios e inmediatos en el consumo de gas.

"No estamos dispuestos a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto", ha repetido este jueves la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en la Cadena Ser. Es la primera vez que el Gobierno de Sánchez se planta ante una iniciativa del equipo de Von der Leyen: exige un recorte cero de gas para España.

En esta batalla, Ribera cuenta con el apoyo de la Asociación Española del Gas. "Es necesaria una aplicación de las medidas de ahorro que tenga en consideración las capacidades logísticas y el modelo de suministro de cada Estado miembro, lo cual no es contrario con los principios de necesaria coordinación y solidaridad con nuestros socios comunitarios", ha dicho en un comunicado.

"Sedigas recuerda la baja exposición de España al suministro ruso y la relevancia estratégica de la infraestructura gasista nacional, que ya está contribuyendo a la seguridad de suministro energético del conjunto de los Estados miembros", señala el comunicado.