El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón, ha solicitado a la Fiscalía que aclare si considera que la matriz de la eléctrica Iberdrola debe ser imputada en el caso Villarejo.

Así consta en un auto, fechado hoy y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el magistrado se dirige al Ministerio Público estimando "necesario que el fiscal informase sobre la imputación" de la matriz, como sí reclama la defensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS.

En esta pieza de la macrocausa —la número 17 de casi una treintena—, el juez García-Castellón investiga los supuestos encargos realizados por el grupo empresarial al comisario Villarejo mientras éste estaba aún en activo como policía. Actualmente, sólo está imputada una filial, Iberdrola Renovables.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a las puertas de la Audiencia Nacional. Europa Press

La Fiscalía había solicitado que declarase como testigo la compliance officer (supervisora, controladora interna) de Iberdrola S.A. Ahora, el magistrado considera que, antes de acordar esta testifical, el Ministerio Público debe informar si pide la imputación de la matriz del grupo.

"Atendida la afectación que esta declaración [la de la compliance officer como testigo] pudiera tener para la responsabilidad de la persona jurídica [Iberdrola], y en la medida que una diligencia acordada sobre la base del estudio de la eficacia de los mecanismos internos de cumplimiento pudiera presuponer un posicionamiento determinado sobre la responsabilidad de la entidad, previamente a acordar esta diligencia sería necesario que el fiscal informase sobre la petición de imputación de la mercantil Iberdrola que se cursó por la representación procesal de Florentino Pérez", reza el auto. 

Por ello, el juez pospone tomar una decisión sobre la declaración como testigo de Dolores Herrera, a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie sobre la empresa matriz.

En el auto, el juez también acuerda la prórroga de la instrucción de esta pieza otros seis meses más, por lo que el nuevo plazo vencerá el 29 de julio de 2022. A su vez, acuerda una amplia batería de testificales; entre ellas, la del excomisario Enrique García Castaño. Apodado El Gordo, fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional desde 2007 a 2017 y podría haber facilitado datos a Villarejo (aunque estos supuestos hechos estarían ya prescritos).

García Castellón también acuerda que comparezca como investigado Enrique Victorero, responsable del área Corporativa de Seguridad en el Extranjero del Grupo Iberdrola. Y rechaza la petición de archivo que solicitó para su cliente la defensa del exjefe de Seguridad de Ibredrola Antonio Asenjo hasta que no se practiquen estas nuevas diligencias.

Florentino Pérez

El pasado diciembre, Florentino Pérez, presidente de ACS, como acusación particular, solicitó al juzgado la imputación de la matriz en el caso Villarejo.

En su escrito, esgrimía que "es el Grupo Iberdrola el que viene manteniendo relaciones contractuales a lo largo del tiempo con el señor Villarejo y el Grupo Cenyt [la red empresarial del policía retirado]" y que "es el Grupo Iberdrola el que contrata a través de Iberdrola Renovables Energía, que únicamente sirve de correa de transmisión de las decisiones tomadas en la matriz".

Florentino Pérez, en una imagen de archivo.

Florentino Pérez basaba su petición en el denominado Proyecto Posy, uno de los supuestos encargos a Villarejo para que éste investigara al presidente de ACS de cara a un posible conflicto empresarial de éste con la eléctrica.

En diciembre, la Fiscalía Anticorrupción apoyó mantener a Pérez como perjudicado esta pieza. Tomó esta decisión debido a los documentos encontrados por la Policía en los domicilios del excomisario Villarejo y de su socio, Rafael Redondo, sobre, entre otros, el Proyecto Posy.

'Whistleblowers'

Asimismo, el juez da traslado a las partes para que se pronuncien sobre la posible condición de whistleblower (denunciante de corrupción) de José Antonio del Olmo, quien fue controller de Iberdrola hasta 2016 y ahora es considerado el principal testigo contra la compañía en el caso Villarejo.

Una directiva del Parlamento Europeo de 2019 —España tenía dos años de plazo para trasponerla y desarrollar una legislación al respecto, pero ya va tarde— pide garantizar protección a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.

Por ello, el juez, "visto que los presuntos encargos efectuados al Sr. Villarejo, objeto de la presente pieza, podrían tener incidencia en materia de competencia y, por tanto, pudieran encuadrarse tangencialmente en un ámbito propio del Derecho de la Unión", ordena dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, "a fin de que puedan alegar sobre el posible reconocimiento al Sr. Olmo de algunas de las medidas recogidas en la referida Directiva".

Tal y como adelantó este diario en octubre de 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condenó a José Antonio del Olmo por el robo de documentos internos y confidenciales de la eléctrica y su posterior difusión en prensa para perjudicar a la mercantil. Por estos hechos fue demandado en 2020 por la empresa, cuyas peticiones fueron estimadas íntegramente.

El juez certificó entonces la "violación del secreto empresarial" y reprochó que el antiguo controller de Iberdrola hubiera mantenido durante años los documentos confidenciales y facturas ocultos en una notaría, sin ponerlos en manos de las autoridades.

Por ello, consideró que este comportamiento "no encuentra encaje en ninguna de las circunstancias que justifican la apropiación de la información confidencial previstas en el artículo 2 de la Ley de Secretos Empresariales", que sí avala, por ejemplo, la libertad de expresión o la denuncia de actividades ilegales.