Economía

Gobierno y campesinos de Perú levantan medidas de fuerza en diálogo por mina

12 abril, 2019 02:11

Lima, 11 abr (EFECOM).- El Gobierno de Perú acordó hoy con las comunidades de la región sureña de Apurímac que bloqueaban la carretera de acceso hacia la mina de cobre Las Bambas "mantener la mejor disposición al diálogo sin medidas de fuerza".

Las Bambas es una de las principales minas de cobre del mundo, con reservas calculadas en 7,5 millones de toneladas del metal, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor global de cobre, plata y zinc.

El primer ministro peruano, Salvador del Solar, señaló al término de una reunión con las comunidades que protestaban, que se ha acordado que todos los implicados se "comprometen a mantener la mejor disposición al diálogo sin medidas de fuerza, sin estado de emergencia y sin bloqueo de vías".

Del Solar sostuvo también que el Poder Ejecutivo institucionalizará el proceso de diálogo y de cumplimiento de acuerdos mediante una resolución.

Asimismo, anunció que el próximo 16 de abril se realizará en el distrito de Chalhuahuacho una primera reunión técnica, en la que se buscará organizar los temas de la agenda en torno al conflicto de Las Bambas.

En la reunión de hoy, que también se celebró en Chalhuahuacho, participaron además el obispo Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quienes fueron los promotores del diálogo.

Cabrejos leyó los acuerdos, en los que se señala que el proceso de diálogo sobre el conflicto continuará sin medidas de fuerza.

"Eso implica: ni estado de emergencia, el retiro de militares y policías, ni bloqueo de carreteras", apuntó.

Del Solar anunció, por su parte, que presentará un proyecto de ley para modificar la distribución del canon y las regalías para que los ingresos económicos recibidos por el Estado de la explotación de recursos naturales lleguen a las comunidades y no solo a los gobiernos regionales y locales.