Han pasado muchas cosas desde julio de 2001, pero, sobre todo, lo que ha habido es una explosión tecnológica y de innovación en cualquier ámbito de la sociedad y de la economía.

No es de extrañar, pues, que una ley que date de esa fecha se haya quedado anticuada y de que necesita un buen lavado de cara. Si a ello se le suma que han cambiado determinadas reglas del juego a nivel fiscal o regulatorio, los cambios están servidos.

Ese es el escenario que vive Canarias. DISRUPTORES ya avanzó hace unas semanas que una nueva Ley de Ciencia y de Innovación, así como un impulso a las políticas de internacionalización iban a marcar la agenda estratégica de la región insular a corto plazo.

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Pues bien, con respecto a lo primero, no han tardado en producirse novedades. Este lunes el Consejo de Gobierno ha dado la conformidad al inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de la nueva Ley Canaria de la Ciencia, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

Es el primer paso, pues, para que arranque toda la maquinaria que desembocará, seguramente dentro de varios meses, en un primer borrador que será sometido a escrutinio político y social y en el que las entidades que conforman el ecosistema científico, innovador y tecnológico de las islas van a tener mucho que decir también. No en vano, como veremos más adelante, el impulso al espíritu colaborativo es uno de los puntos clave de lo que será la nueva normativa.

La redacción de esta nueva Ley Canaria de la Ciencia supone, explican fuentes del departamento que dirige Machín, "el compromiso manifiesto del gobierno de Canarias con la ciencia y la innovación para potenciar la investigación y la mejora científica centrada en las personas, aumentando la competitividad de las empresas y la creación y consolidación de nuevos puestos de trabajo de personal de I+D+i, tal y como recoge el Pacto por la Ciencia y la Innovación".

Actualmente, la ciencia y la innovación en Canarias se encuentran bajo el paraguas de la Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación, que cuenta con más de 20 años desde su aprobación en el Parlamento de Canarias, y que, como decíamos, requiere de su revisión y actualización íntegra, "por un documento que se ajuste a la realidad del momento".

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Aunque la norma del 2001 fue "pionera en la regulación del ámbito de la I+D+i en Canarias", la cambiante normativa europea y estatal en las áreas de la ciencia e innovación, así como la ampliación de las competencias de Canarias en la materia tras la reforma Estatuto de Autonomía, "hacen necesaria la configuración de un nuevo marco normativo autonómico que sea capaz de adaptarse a las necesidades actuales del sector", insisten desde el ejecutivo que dirige Fernando Clavijo.

La nueva iniciativa legislativa tiene como objetivos principales el fomento de la investigación y desarrollo abierto, participativo, inclusivo y responsable en todos los ámbitos de conocimiento; la mejora de la financiación pública y de las condiciones para propiciar la financiación privada; el fomento del personal investigador y su movilidad entre las diferentes instituciones del sector público y privado dedicadas a tareas de investigación, el fomento del emprendimiento científico y tecnológico junto con la creación de empresas de base tecnológica y la promoción de la transformación digital de las empresas e instituciones públicas, entre otros aspectos.

El inicio de los trámites para incoar esta nueva ley, viene propiciado también por el Parlamento de Canarias, que, en el Debate General sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado el pasado 27 de marzo de 2024, instó al gobierno de Canarias a cumplir el Pacto Canario por la Ciencia y la Innovación con el fin de sentar las bases de una economía del conocimiento, basada en la ciencia y la innovación como valor estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento, así como a actualizar el texto normativo en vigor que contribuya a consolidar un modelo de crecimiento económico en el que la I+D+i sea un factor clave para garantizar la competitividad de nuestra economía.

La articulación de la futura regulación legislativa conducirá al Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación que permitirá mejorar la coordinación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de Canarias con las del resto de administraciones públicas, fortaleciendo las instituciones propias y potenciando las capacidades de su personal.

Un plan en el que se desarrollen programas sectoriales y transversales, que financie las actuaciones en materia de investigación, desarrollo e innovación con consideración de Plan estratégico de subvenciones en aras de sufragar los diferentes proyectos en I+D+i.