Empresas públicas

Empresas públicas, un foco de corrupción y deuda

Acuamed, Arpegio, Mercasevilla… Muchos escándalos de corrupción se originaron en entidades públicas.

Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed.

Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed.

El último informe de Transparencia Internacional lo dejaba muy claro: la corrupción en la contratación desde empresas públicas es “bastante generalizada”, como refleja “claramente” el caso Acuamed. España tiene 58 puntos sobre 100 en el ranking de corrupción, una posición preocupante, peor que la mayor parte de vecinos europeos. Hasta la propia Comisión Europea ha pedido a España que adopte medidas urgentes para mejorar los procedimientos de la contratación pública.

Muchos de los escándalos que han surgido en los últimos años tienen su origen en empresas públicas. Muchas de ellas son un instrumento del político de turno, que aprovecha que hay menos controles en las empresas públicas que directamente en la Administración, lo que facilita la corrupción. Por ejemplo, en el caso de las contrataciones, el personal del Estado tiene que cumplir unos requisitos que no hacen falta en muchas empresas públicas. Ni las auditorías internas, ni las externas, ni la fiscalización del Tribunal de Cuentas consiguieron, en muchos casos, detectar la corrupción de estos entes. La consecuencia ha sido un gran descontrol de estas empresas que ha sido el germen de una buena parte de los escándalos de los últimos años.

El caso de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción de mayor tamaño por las cifras que ha dejado, tiene como uno de los actores principales a la empresa pública Mercasevilla. La Comunidad de Madrid ha sido otro foco de escándalos que todavía se están investigando. Muchos de ellos se gestaron en la Púnica bajo la batuta de Francisco Granados, exvicepresidente de la autonomía. Destacan casos como los de Arpegio, una empresa pública dedicada a la gestión del suelo; Imade, el Instituto Madrileño para el Desarrollo; o Pamam, el Patronato de Áreas de Montaña, ente que ejecuta inversiones millonarias en municipios de la Sierra Norte y que está también bajo el control de la Comunidad de Madrid.

La burbuja política

A medida que la burbuja inmobiliaria se hinchaba en España, muchos políticos iban llenando sus bolsillos y los de sus familiares y amigos. Entre 2004 y 2010 se crearon casi 500 empresas públicas, según los datos del Ministerio de Hacienda, sin tener en cuenta el País Vasco, hasta marcar un máximo histórico en 2.445 compañías. Esto significa que por cada tres entidades, se creó una nueva. La mayor orgía de las empresas públicas se centró en dos tipos de compañías: los consorcios y las fundaciones: por cada dos compañías se creó una nueva, esto es, se dispararon casi un 50%.

Fueron esos años en los que se gestó el auténtico boom de las entidades públicas y también se gestaron los casos de corrupción que se dirimen actualmente en los tribunales. A partir del año 2011, su número empezó a reducirse. El Gobierno empezó a presionar para reducir el número de empresas, pero como también había menos dinero, muchas de ellas se vieron obligadas a bajar la persiana. Desde entonces se han disuelto ya 601 compañías, una de cada cuatro. De este modo, el número de entes públicos se ha reducido hasta niveles del año 2003, con lo que se ha desmontado en cinco años toda la burbuja de empresas de los años de gran expansión.

Por si la corrupción no fuese ya un problema suficiente, estas empresas empezaron a acumular deuda que España tuvo que incorporar en sus cálculos de deuda pública. Entre 2005 y 2011 la deuda de las empresas públicas no incluidas en el sector de Administraciones Públicas, se disparó un 150%, al pasar de 20.000 millones de euros hasta rozar los 51.000 en 2011. Ni más ni menos que un 4,6% del PIB en deuda de las empresas públicas, según los datos del Banco de España.

Desde entonces se ha corregido este desequilibrio, aunque a un ritmo muy lento. La deuda de las compañías cayó hasta los 43.200 millones de euros al final de 2015, lo que supone todavía un 4% de todo el PIB de España.