Gestión Pública

La historia de los 576 millones de gasto social que la ley no permite a Manuela Carmena

Desde 2016, los ayuntamientos no pueden financiar partidas que Madrid ha incluido en su Presupuesto. 

Ciudadanos de Madrid paseando por las calles.

Ciudadanos de Madrid paseando por las calles. Getty

Madrid envejece. En la ciudad viven casi 650.000 personas con 65 años o más, el 20% de la población de la capital, según los datos del Ayuntamiento recogidos en su proyecto de Presupuestos para 2016. En los distritos de Retiro, Salamanca, Chamberí, Latina y Moratalaz el porcentaje sube hasta el 27%. En los barrios de Vinateros, El Pardo, Hellín, Fontarrón, Pilar, Aluche y Vallehermoso se alcanza el 32%. Hay 189.946 ciudadanos de Madrid que están en situación de dependencia para funciones de la vida diaria (como la higiene personal o la alimentación). Cerca de la mitad tiene más de 80 años. Dos tercios son mujeres. Madrid estima que en el próximo ejercicio se superarán las 325.000 personas socias de los centros municipales de mayores. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha encargado de gestionar y financiar su atención. 

Se acabó, dice la Ley. A partir del 1 de enero de 2016 gestionar y financiar desde el Ayuntamiento (desde cualquier ayuntamiento) la atención a las personas mayores, así como a aquellas en riesgo de exclusión social o en emergencia no será legal. La competencia pasa a la Comunidad de Madrid, que podrá delegar en el Ayuntamiento la prestación del servicio pero no su financiación.

Es decir, se ponen en entredicho más de 576 millones de euros del proyecto de Presupuestos de la capital para el próximo ejercicio, en los que se incluyen, entre otros, las partidas destinadas a actuaciones sociales relacionadas con las personas mayores (247,6 millones, un 12,6% más que en 2015), inclusión social y atención a la emergencia (87 millones, un 24,7% más) o el servicio de Samur y Protección Civil (52,6 millones, un 5% más).

Que estos asuntos no competan a los ayuntamientos desde el próximo año lo dice una Ley nacional (la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) modificada a finales de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que deriva de aquel famoso cambio exprés del artículo 135 de la Constitución que firmaron PP y PSOE en los estertores del Gobierno de Zapatero para abrazar frente a Europa la doctrina de la austeridad.

Ahora Madrid y PSOE piden la derogación

El 135 no fue sólo el 135. A su sombra se ha tejido toda una red de leyes diseñadas para controlar las finanzas autonómicas y municipales, incluso aunque las administraciones estén en superávit, como es el caso de Madrid; incluso aunque atiendan los vencimientos de su deuda en tiempo y forma, como sigue haciendo la capital y ha prometido Ahora Madrid tras sus coqueteos electorales con el impago; incluso aunque no dependan ya de ninguno de los planes de liquidez del Gobierno central, como dejó de depender Madrid en diciembre de 2014 cuando devolvió todo el dinero prestado para el pago de facturas pendientes a proveedores.  

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se diseñó para "clarificar las competencias de las administraciones públicas, racionalizando la estructura de la administración local de acuerdo a tres principios: eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera". La norma dejó claramente tasados cuáles son los ámbitos que son competencia de gestión y financiación de los ayuntamientos: urbanismo, medio ambiente urbano, infraestructura viaria, policía local, tráfico, cementerios, ferias, salubridad pública, promoción de la cultura... están entre los servicios que sí competen a la administración local. Esto, en opinión de Ahora Madrid, "reduce el papel de los municipios a simples gestores, despojándoles de su característica fundamental de ente político por excelencia".

Por eso han aprobado con el apoyo del PSOE una proposición instando a la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pidiendo "una nueva normativa que permita a las entidades locales seguir gestionando competencias en la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción social con la financiación necesaria para ello".

Insumisión al pago anticipado de deuda

La petición de derogación de la Ley de la Administración local no es el único movimiento que pretende el equipo de Gobierno de Ahora Madrid para enfrentarse a las normas que emanaron de la doctrina de la austeridad.

El nuevo Ejecutivo no pretende seguir con el cumplimiento de la norma que establece que todo superávit en las cuentas anuales se destine a pagar anticipadamente deuda. Los 336 millones que se han abonado en 2015, porque así lo dejó firmado el Gobierno de Ana Botella antes de marcharse, han sido los últimos, según fuentes del Consistorio. Cuando se les pregunta cómo planean no cumplir la ley contestan: "Tenemos un plan, pero aún no es momento de contarlo".