El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo ha expresado lo tanto que "necesitamos un poder judicial independiente, libre de presiones, que no esté influido por los partidos políticos, ni condicionado por las presiones de nadie", al tiempo que ha afirmado que el sector industrial y de la automoción de Castilla y León están "amenazados por las decisiones que se están adoptando en Europa en nombre de la transición ecológica".

Una transición que, a su juicio, “no está logrando un mejor cuidado global del medio ambiente, sino que lo que está permitiendo es que China asuma una posición de liderazgo que perjudica a la economía de los estados miembros de la Unión Europea”.

Gallardo ha realizado estas declaraciones antes de asistir a la gala de entrega de los premios FAE de Oro que entregan los empresarios de Burgos y que, en esta edición, han galardonado al presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, y a los empresarios Luis Leal, dedicado a la decoración, y Eduardo Quintanal, cuya empresa, Clarios, fabrica baterías para coches eléctricos.

Respecto al premio al presidente del TSJCyL, García-Gallardo ha considerado una “buena noticia” que los empresarios valoren la independencia judicial como uno de los grandes valores del estado democrático en España. 

Además, durante su intervención, el vicepresidente ha aprovechado para confesar "el compromiso" de la Junta con el sector del automóvil y con el sector empresarial en general, al recordar su visita de esta mañana a una empresa importante del sector de la automoción regional, la vallisoletana Lingotes Especiales, dedicada a la fabricación de componentes.

Según recoge la Agencia ICAL, Gallardo también ha defendido en Burgos al sector ganadero de Castilla y León, ante el escándalo destado en los últimos días por la existencia de una nueva 'granja del terror' en Araúzo de Torre, Nurgos. 

El vicepresidente ha afirmado que el sector es "ejemplar" y que tiene una industria agroalimentaria "muy avanzada en su tiempo" en bienestar animal, así como que el deber de su Gobierno es transmitir a la ciudadanía que el sector ganadero de la Comunidad "cumple la normativa y trata bien a sus animales".