El uso y abuso de los decretos leyes por parte de nuestro Gobierno, como instrumento de creación normativa, en la actualidad, está adquiriendo unas connotaciones que no podrían ser imaginadas por los que hicieron posible nuestra Ley de Leyes.
Es cierto que el presupuesto necesario de todo decreto ley, como es la de afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad, se suele obviar, porque así lo permite el Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de "un juicio puramente político" del Gobierno. Y, que, por tanto, dicha causa puede ser apreciada por este con un "razonable margen de discrecionalidad". Yo añadiría, excesivo.
Pero el alcance de las concesiones que otorga el Gobierno, sobre todo a Junts, para obtener la convalidación de tales decretos leyes, está adquiriendo niveles que son atentatorios para nuestra normalidad democrática.
Esto ha sucedido con los tres decretos leyes presentados recientemente, pues con la salvedad del RDL 7/2023, que no superó la prueba debido a la desinencia de Podemos, que quiere hacerle la pascua a la formación que lo ha engullido (Sumar), los demás (RDLeyes 6 y 8 de 2023), superaron la prueba, gracias a la abstención de Junts, al ausentarse durante la votación.
A cambio de la abstención, el Gobierno le ha ofrecido la delegación de la competencia en extranjería. La cual, al tratarse de una competencia exclusiva del Estado, tan sólo puede ser transferida o delegada a través de una futura ley orgánica de delegación, en los términos del art. 150.2 de nuestra Carta Magna.
En este aspecto, los negociadores parecen haber olvidado que el citado precepto permite tal delegación cuando se trate de aquellas materias que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de ser transferidas o delegadas. Y esta condición no parece que conjugue muy bien con la extranjería, la nacionalidad, la inmigración o el derecho de asilo, pues forman parte inexorable de las competencias inherentes a la soberanía nacional. Ya veremos cómo queda todo esto en el futuro.
Y ya que hablamos de normas, debemos tratar también de lo ocurrido recientemente con las negociaciones llevadas a cabo para blindar la futurible Ley de Amnistía, ya que no hay que olvidar que la citada norma ha sido el leitmotiv para la elección de Pedro Sánchez.
Para blindarla, se ha incluido una artimaña en el concepto de terrorismo, a fin de garantizar la impunidad de los afectados por el procés, introduciéndose en la Ley de Amnistía una nueva tipología del delito de terrorismo "a tales menesteres", es decir, ad hoc.
Realmente, lo que se persigue es proteger a sus destinatarios, como son los miembros de los CDR y los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democràtic, más que a la propia Ley.
Como decía Alfonso Guerra, se está siguiendo la táctica del salchichón, pues, "rodajita a rodajita" nos hemos quedado con la guitita. Poco a poco, Puigdemont, con sus siete votos, se está transformando en el Gargantúa de nuestras instituciones. Ya no se conforma con comerse el fuet catalán, sino que pretende devorar hasta el salchichón de Málaga. Y, por el mismo camino, va a lograr que el jamón ibérico adquiriera la denominación de origen catalán. Menos mal que nos queda Luxemburgo.