Suena la radio: “Los estibadores amenazan con convocar una huelga…”. Hasta hace apenas unas semanas no habíamos oído hablar de estos trabajadores. Quizá en algún documental de La 2, pero… ¿se escribirá con v o con b?
España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la existencia de un sector de la economía cuya regulación vulnera la legislación europea sobre el principio de libertad de contratación. Resulta que la situación hodierna de la estiba es un monopolio de hecho. Las empresas solo pueden contratar a las llamadas SAGEP -Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores- donde se amontona una casta nepótica desde los tiempos del nacional-socialismo. Estos privilegios fueron conseguidos de la mano del Ministro de Trabajo del régimen franquista. De estos polvos, ahora existe un colectivo de unas 6 000 personas- de ellas sólo un porcentaje ínfimo son mujeres- que se benefician de una regulación sin parangón en nuestro entorno.
Se dice que todas responden a un mismo apellido. Sería divertido comprobarlo. Sólo hace falta tener el enchufe adecuado para entrar en ésta SAGEP. En el resto de Europa es necesario estar habilitado mediante una cualificación profesional. Aquí ocurre lo mismo para el desempeño de cualquier oficio. Bueno, en realidad, no para ser estibador.
Consecuencias:
1. Aumento de los costes de la estiba.
2. Pérdida de competitividad.
3. Un grupo restringido de trabajadores cobra unos sueldos que triplican el salario medio español.
4. Subida de los precios, es decir, los pagamos todos. Usted y yo.
Los partidos políticos han preterido esta situación y, con ello, han permitido que se fortaleciera un mercado aislado de la competencia. Es más, antes de esta sentencia habían negociado con la Comisión para que rebajase sus exigencias. Me pregunto: ¿A quién están protegiendo? ¿A los trabajadores? ¿Frente a quién? ¿Otros trabajadores?
El Real Decreto-Ley ha terminado, mutatis mutandis, con esta situación. Sin embargo, parece que algunos partidos prefieren pagar, mejor dicho, que paguemos una multa diaria en lugar de modificar los últimos reductos de una infausta realidad.
Consecuencias:
- Mantenimiento de unos costes elevados.
2. No ganamos competitividad.
3. Permitimos que la pervivencia de privilegios legales.
4. Los españoles nos chupamos con gusto el dedo gordo del pie.
Definitivamente; si continúan existiendo este tipo de paraísos legales en las próximas elecciones. Votaré con B.