Por Tomás Campos Ibáñez
A nadie le extraña la dictadura a la que nos tienen sometidos las compañías telefónicas. Y lo peor de todo es que quien únicamente nos podría (y debería) proteger es el Gobierno y no lo hace.
Tendría que someter a consulta cualquier subida de tarifas y no debería permitir mas absorciones de unas compañías por otras, porque así estamos: dicen de subir precios, lo hacen todas y nosotros o pagamos o nos quedamos sin teléfonos. Tanto Orange (que absorbió a Jazztel) como Vodafone (que hizo lo propio con Ono) o Movistar dicen de subir sus tarifas (como han hecho las dos primeras) y ahora la última.
¿A dónde te vas? ¿A qué compañía recurres? Cierto que hay un par de ellas o tres pequeñísimas (que además se nutren o usan las coberturas de las grandes para poder dar servicio) pero conforme acumulan clientes son compradas inmediatamente por las grandes. Ahora mismo está en proceso una de ellas. Así, esto funciona casi como un monopolio, porque ponerse tres de acuerdo se puede hacer hasta por teléfono.
Miren como están las reclamaciones en Internet. Yo mismo he tenido que recurrir hasta al Ministerio de Industria para que me dieran de baja de una compañía a la que ni siquiera había llamado nunca, por un contrato que yo nunca había suscrito y me querían cobrar mes a mes. Ni siquiera hacían caso al pedirles que me mostraran el contrato. Hasta que el Ministerio les dio ordenes de que como no lo tenían me dieran de baja. Ha pasado casi un año y aun recibo cada mes la factura. ¿Y los cobros indebidos, que luego venden a empresas de cobro que te amenazan de todas formas?
Y mientras aquí estamos nosotros casi indefensos, pudiendo recurrir solo a los tribunales (que casi nadie hace) o a las defensoras de los consumidores, las únicas que hasta ahora nos respaldan. Algún día, esos gobiernos a los que votamos cada cuatro años, se percatarán de que estamos aquí y tomarán cartas para defender nuestros intereses.