Por Francisco Melero Rodriguez, abogado del ICAM
En el mes de enero de este año se producía uno de los mayores cambios en el funcionamiento de la Administración de Justicia. El objetivo: papel cero. Parece que el #nohacefaltapapel era también una realidad en un ámbito en el que la ausencia de papel es absolutamente necesaria. Pero lo que debería ser una revolución que ayudase a la agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales se ha convertido en una pesadilla para todos: jueces, letrados de la administración de justicia (lo que antes se conocía como secretario judicial), tramitadores… y por supuesto, para procuradores y letrados.
Cuando se pretende hacer un cambio tan radical en un espacio de tiempo tan breve, lo lógico es poner una batería de medios que lo permitan: cambio en los equipos informáticos de la Administración, cursos de formación a funcionarios y profesionales, acceso a las herramientas necesarias mediante financiación pública, dotar al sistema de los medios necesarios para un correcto desarrollo de los asuntos… Un sin fin de cuestiones que debían tenerse en cuenta pero que, como siempre que hablamos de Justicia, no se han tenido.
Un ejemplo ayuda mejor a entender la cuestión: supongamos que usted tiene que presentar una demanda. A esa demanda, su abogado tendrá que adjuntar una serie de documentación que en ocasiones será muy voluminosa y en otras no tanto. Pero, en todo caso, el sistema deberá estar pensado para soportar una gran demanda de espacio, dado que va a albergar todos los procedimientos judiciales que se tramiten en España. Si tenemos en cuenta que con una demanda pueden llegar a presentarse treinta o cuarenta documentos (en ocasiones muchos más), entenderemos que su presentación online necesitará de un servidor que permita almacenar ingentes cantidades de información. Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas: el sistema no permite almacenar documentos con un peso mayor de 10mb (para entenderlo, una sola canción en mp3 a calidad alta puede fácilmente superar ese peso).
La consecuencia inmediata es que la demanda ya no se puede presentar online a través de la plataforma creada para ello, sino que hay que acudir directamente al registro físico de los Juzgados, con la demanda en papel y los documentos en un CD. Primer incumplimiento del papel cero. A esto hay que sumarle que, en partidos judiciales grandes, con multitud de Juzgados (véase Madrid), no hay un protocolo común de actuación para todos ante esta situación: así, algunos te pedirán que, una vez presentado en papel y CD, presentes también todos los documentos en papel. En otros te dirán que lo presentes todo en CD. En otros que hay una duplicidad de procedimientos, porque uno se ha tramitado por la plataforma online y otro por el registro físico... La casuística es inmensa. Todo ello supone, no solo una absoluta inseguridad para los procuradores que tramitan la presentación de las demandas, sino también una total pérdida de tiempo y de recursos (hay que tener la plataforma online operativa, el registro físico abierto, el tramitador y el letrado de la administración de Justica ocupados en estos menesteres en lugar de agilizar los procedimientos…). Otro tanto puede ocurrir cuando contestas a la demanda. Con lo que el problema se duplica en el seno de un solo procedimiento. Tiempo, dinero y recursos tirados por la borda para nada: el #papelcero no existe.
A todo esto súmenle que los Juzgados no tienen los medios necesarios: ordenadores anticuados, funcionarios que no han recibido la formación (muchos de los cuales ni siquiera disponen de la tarjeta en la que está su firma digital para poder acceder a la plataforma online), falta de medios humanos y despreocupación total por parte del Ministerio y de las Comunidades Autónomas. Y eso, sin hablar de la multitud de problemas que, cada semana, surgen en la plataforma online (lentitud, problemas de acceso, notificaciones que no aparecen…)
Todo lo dicho implica un serio problema en la tramitación de los procedimientos, ralentizando aún más el funcionamiento de la Administración de Justicia e, incluso, poniendo en riesgo su buen fin (los plazos judiciales son de obligado cumplimiento, lo que implica que un error de envío puede acabar en un archivo de la demanda). A día de hoy sólo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo (ambos llevan años tramitando los procedimientos únicamente por vía telemática) podemos hablar de #papelcero sin problemas. En el resto, al menos en Madrid, el cambio está resultando verdaderamente traumático. Y esto es algo que, de manera directa, repercute en el derecho de los ciudadanos a acceder a la Administración de Justicia.
Puede que, dentro de unos años, tengamos una verdadera justicia sin papel. A día de hoy, lo que tenemos es lo de siempre: una Justicia que, con cada cambio que se intenta introducir, se ralentiza más y más. #nohacefaltapapel