Por José Gándara Gándara
La legislación comunitaria referente a la competencia, y su consiguiente trasposición a la legislación local de cada país, es tajante en sus objetivos: “El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) regula la política de competencia en el mercado interior en sus artículos 101 a 109, que prohíben los acuerdos entre empresas que sean contrarios a la libre competencia”, para más adelante aclarar que “el objetivo fundamental de la legislación de la UE en materia de competencia es proteger la competencia frente al falseamiento”.
En definitiva se trata de defender al consumidor frente al poder de los oligopolios o de los diferentes grupos de poder económico, de manera que cualquier actividad que provoque aumentos de precio “artificiales” o “falseados”, es perseguida con ahínco, sancionada con multas que pueden llegar a ser descomunales –recordemos que pueden alcanzar hasta un diez por ciento de la cifra de negocios del grupo afectado- y que habitualmente resultan disuasorias. Y para ello se han creado leyes que permiten comportamientos a las autoridades que muchas veces rayan lo inconstitucional, y se han impuesto multas -justificadas- de hasta cientos de millones de euros. Con ello se evitan abusos de posición dominantes, pactos de precio, repartos de mercado o ajustes y repartos de producciones, entre otros.
En Estados Unidos la situación a través de la Antitrust Law es semejante, si no más estricta. Sin embargo, asistimos en los momentos actuales a un recrudecimiento de determinadas prácticas oligopolísticas que llevan institucionalizadas décadas sin que al parecer ni el Parlamento Europeo ni el Congreso de los Estados Unidos hayan tomado ninguna medida, ni haya sido comentado por ningún medio de comunicación. Se acepta y ya está.
La OPEP es un cártel institucional, formado por estados, desde su fundación en 1960. Hoy en día controla el 43% del mercado de petróleo y el 81% de las reservas mundiales. No parece que noticias como las recientemente aparecidas, “Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y Qatar acuerdan congelar la producción de petróleo” para elevar precios haya provocado la más mínima reacción en la clase política de Europa o Estados Unidos. O, anteriormente, cuando la propia OPEP trató de limitar la competencia bajando precios para expulsar del mercado al fracking. Si esto lo hacen en su territorio, a las compañías petroleras europeas o americanas, les cae, con razón, todo el peso de la Ley de Competencia. ¿Por qué esta impunidad? ¿Por qué se acepta sin más este cártel? Al menos algún reproche …
Siguen actuando como lo que son, a cara descubierta, un cártel para controlar los precios y en defensa de sus cuentas de resultados estatales. Pero eso en nada les diferencia de los potenciales (e ilegales) intentos de las compañías -multinacionales, regionales, locales- por tratar de mejorar las suyas pactando producciones o precios. No comprendo la aceptación si más por parte de los políticos occidentales, salvo que desde hace años se esté haciendo la vista gorda en defensa de ciertos intereses, y no precisamente de los consumidores.
Afortunadamente para europeos y americanos, las fuerzas del mercado son, de momento, muy fuertes, y no parece que estén logrando su objetivo de subirnos el precio del petróleo artificialmente.