La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) calcula que el fin de la colaboración público-privada a través de los conciertos sanitarios supondría un coste extra de 2.746 millones de euros anuales. Asimismo, recuerda que esta fórmula supone, como mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas.

Según un análisis que realizó la patronal en 2022, los precios concertados (los que ofrece la sanidad privada a través de los conciertos sanitarios) son un 50% inferiores a las tarifas de la sanidad pública. Se trata de una media de los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos más habituales. Así, por ejemplo, una artroscopia es un 49% más barata en las tarifas concertadas; una catarata tiene un precio un 46% menor y un PET, un 92%.

[El coste de los conciertos de la sanidad privada es un 50% más barato que el de la atención sanitaria pública]

También la Fundación IDIS realizó un análisis al respecto. En sus conclusiones destaca que reducir el número de conciertos sanitarios implicaría un aumento del gasto de la sanidad pública de entre 1.100 y 1.300 millones de euros. Una cifra 'más modesta' que la de ASPE.

La organización que preside Juan Abarca ha estimado que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de entre un 25% y un 35% superior respecto a los costes derivados de la colaboración público-privada.

Incremento de las listas de espera

El último informe de listas de espera de la sanidad pública, correspondiente al segundo semestre de 2023, concluye que hay más de 849.535 pacientes esperando para una operación quirúrgica. Se trata de la cifra más elevada de la historia. 

Sin embargo, sin la colaboración del sector privado, esta podría ser incluso mayor. Así lo avisó Alberto de Rosa, presidente del Grupo Sanitario Ribera, durante su intervención en la IV edición de Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

[Los extremeños esperan 130 días más para operarse por la sanidad pública que los pacientes de Madrid]

"Tenemos las peores listas de espera de la historia, con casi 850.000 pacientes", dijo. Una cifra que "podría haber superado el millón" sin la colaboración del sector privado con las administraciones públicas.

El presidente del grupo hospitalario hizo un llamamiento a mirar fuera de nuestras fronteras porque este problema de listas de espera no es único de España. "Hay que ver qué está pasando en el entorno y recomendar a los decisores públicos qué hacen los de alrededor porque están facilitando la colaboración entre todos".

Una operación quirúrgica en el Hospital General de Valencia. GVA

También Carlos Rus, presidente de ASPE, ha alertado sobre el posible incremento que sufrirían las listas de espera de la sanidad pública si se limita la colaboración público-privada. "La eliminación de conciertos llevará de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas".

En la misma línea se ha manifestado la Fundación IDIS: "La limitación de la colaboración público-privada en sanidad por cuestiones ideológicas sólo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes".

Las medidas de la ley

El objetivo de la norma es limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. A esto se suma la mejora de los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los acuerdos ya existentes en la actualidad, según recoge el documento publicado este lunes.

Del mismo modo, se introducirán reformas que faciliten también la reversión de los modelos de gestión existentes. En este punto, el proyecto de ley sacado a consulta pública detalla que uno de los problemas que viene a solucionar esta norma es la incapacidad de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión llevadas a cabo por gobiernos previos y cuyos efectos se han prolongado durante décadas.