El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha avalado el cese del que fuera jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia entre mayo de 2022 y junio de 2025, durante el segundo Gobierno del Botánico que integraban PSPV y Compromís.
El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el alto funcionario, R.B., contra su destitución al considerar que la corporación provincial que dirige Vicente Mompó justificó la pérdida de confianza que motivó su salida. "Sí está motivada -la decisión de cese- y no es arbitraria", expone el fallo de la jueza.
La institución, conviene recordar, cesó a este empleado público en julio de 2025 del cargo que ocupaba desde hacía tres años tras ser nombrado por libre designación por la vicepresidencia que entonces ocupaba Compromís.
Entre los argumentos que esgrimió la Diputación de Valencia para motivar el cese se encontraban "las deficiencias de la gestión administrativa en el expediente de Montitxelvo observadas por la Secretaría de la Diputación".
Así como también "el elevado número de reparos emitidos por la Intervención Provincial" en los que manifestaba su "disconformidad con la tramitación seguida en la restauración forestal" del entorno tras el incendio que se produjo en noviembre de 2023, que calcinó 2.500 hectáreas.
El expediente derivó en una investigación de la Fiscalía por la contratación de emergencia de varias empresas y el pago de 1,5 millones de euros para actuar en unos terrenos que mayoritariamente eran privados.
No obstante, la corporación provincial también justificó el cese del alto funcionario en la responsabilidad que tenía en el "funcionamiento departamental, cuya actividad y dotación de personal", advertían, no respondía "a los requisitos de agilidad y eficacia requeridos".
El funcionario impugnó la decisión adoptada por el nuevo Gobierno de Vicente Mompó, que no solo acordó apartarlo de sus responsabilidades. También que no fuera adscrito a otro puesto de la corporación provincial, por lo que debía regresar a su Administración de origen, la Generalitat Valenciana.
En su demanda, el ex jefe de servicio de Medio Ambiente sostenía que la resolución del nuevo gobierno no se había argumentado de forma objetiva y pidió volver a su puesto, así como que se le abonaran las diferencias retributivas desde su salida. Una indemnización que cifraba en 5.505,83 euros.
El juzgado, sin embargo, ha considerado que la Diputación expuso razones concretas para adoptar la decisión. Entre ellas, los reparos y deficiencias advertidas por sus habilitados nacionales en el expediente de Montitxelvo, así como los problemas en el funcionamiento del departamento del que era responsable.
Los reparos al gasto de 1,5M
El incendio de Montitxelvo se produjo en noviembre de 2023 y afectó a ocho municipios. Más de medio año después, en julio de 2024, la Diputación declaró la urgencia de las actuaciones para regenerar la zona afectada.
Sin embargo, la operación no estuvo exenta de polémica porque buena parte de los terrenos quemados eran privados. Según publicó eldiario.es, alrededor de 1.400 de las más de 2.000 hectáreas sobre las que se proyectaron las actuaciones correspondían a propiedades particulares.
La Intervención cuestionó entonces tanto la tramitación administrativa como la ejecución de los trabajos sin disponer de los convenios con los propietarios. También advirtió de la necesidad de diferenciar las parcelas según su titularidad, así como de contar con el "instrumento jurídico adecuado" para justificar las actuaciones en suelo privado.
El expediente, así, acumuló varios informes desfavorables. Entre las incidencias señaladas por la Intervención y la Secretaría figuraban la falta de formalización de contratos, la ausencia de documentación, el incumplimiento de plazos o errores en la aplicación presupuestaria.
Con todo, la Fiscalía acabó abriendo diligencias tras una denuncia de la portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, para esclarecer si esas actuaciones podían tener relevancia penal.
Medio Ambiente, por su parte, defendió que las actuaciones respondían a una situación de emergencia y al interés general, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos incendios. Mientras que la Intervención, replicaba que los propietarios tenían obligaciones legales en materia de prevención y debían aclararse las condiciones que permitían asumir con fondos públicos los trabajos en sus terrenos.
17 informes en contra
En el fallo, la jueza pone el foco en la gestión administrativa del expediente. Señala que la Intervención llegó a emitir hasta 17 informes de disconformidad relacionados con la falta de formalización de contratos, la ausencia de documentos, los incumplimientos de plazos y los errores presupuestarios.
A ello se sumaron los retrasos tanto en el inicio como durante la tramitación del expediente. Unas incidencias que la magistrada considera que respaldan los argumentos de la Administración sobre la falta de agilidad y eficacia en el funcionamiento del servicio.
Si bien el fallo reconoce que la falta de personal pudo explicar algunos de los retrasos, también considera que no justifica por sí sola el conjunto de problemas hallados ni la "falta de capacidad de dirección, coordinación y respuesta" del servicio.
Otro de los argumentos que el juzgado considera justificados es la necesidad de cubrir la jefatura con un perfil más jurídico. El decreto de cese planteaba la necesidad de contar con un perfil de este tipo, dado que ello hubiera permitido agilizar la tramitación de los expedientes.
La sentencia, con todo, recuerda que los puestos obtenidos mediante el sistema de "libre designación pueden ser objeto de cese discrecional", aunque la administración esté "obligada a explicar los motivos" de su decisión.
En este caso, concluye que la Diputación identificó deficiencias concretas vinculadas al trabajo del funcionario que prueban la pérdida de confianza. La sentencia, en cualquier caso, no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.