La educación valenciana regresó este miércoles a las aulas. Y lo hizo sin haber cerrado el conflicto que enfrentó a la Generalitat Valenciana y a los sindicatos docentes durante el último trimestre del curso pasado.
El incremento retributivo que aprobó este martes el Gobierno valenciano in extremis -a las puertas de la vuelta al cole y que se interpreta como un gesto para tender puentes con el sector-, no ha servido para rebajar la tensión que quedó soterrada con la suspensión de la huelga indefinida y la llegada de las vacaciones estivales.
Para muestra, representantes de STEPV, UGT-PV y CCOO-PV anunciaron este miércoles diferentes movilizaciones con motivo del inicio de curso 2026/2027. La primera será una marcha en Valencia la tarde del 11 de septiembre.
Apenas 24 horas después, el día 12, se espera una manifestación en las tres capitales de provincia. Y a esta se sumarán otro tipo de protestas puntuales, como un concierto bajo el lema "Manifesta per l'educació pública" en Llíria el 3 de octubre.
Con este telón de fondo, la Plataforma per l'Ensenyament Públic hizo un llamamiento para que la convocatoria del sábado sea "masiva" y permita lanzar un mensaje al Consell: que las reivindicaciones que se formularon durante el paro indefinido "se siguen arrastrando" y están lejos de convertirse en una realidad.
A su vez, el portavoz del sindicato mayoritario, Marc Candela, insistió en que, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno como la subida salarial, todavía faltan "más avances" porque los que se produjeron durante las negociaciones de mayo "no fueron suficientes".
"El acuerdo retributivo es claramente insuficiente porque no avanza suficiente en la recuperación del poder adquisitivo perdido", reiteró el coordinador sindical de la mano de los portavoces Kilian Cuerda (UGT) y Óscar Ortiz (CCOO).
"No se ha avanzado en absoluto y todo sigue igual", protestaron en relación a los acuerdos que quedaron pendientes. Se referían, así, a la reducción de ratios, la ampliación de plantillas de profesorado, el fomento del uso del valenciano, mejoras en inclusión, Formación Profesional, o infraestructuras y salarios.
Tras cinco semanas de huelga, la Conselleria de Educación y los representantes de los docentes tan solo lograron alcanzar un acuerdo para reducir la carga burocrática. Solo ANPE decidió no secundarlo, pero aún así fue el único documento que generó cierto consenso.
De forma paralela, CSIF apoyó el acuerdo sobre el valenciano y, junto a ANPE, el acuerdo de mejora salarial. Este contemplaba un aumento de 200 euros brutos mensuales hasta 2028. Es decir, que su aplicación sería progresiva: 75 euros desde este mes de septiembre, otros 75 euros en enero de 2027 y los 50 restantes en enero de 2028.
No obstante, su ejecución quedó en el aire días después de suspenderse la huelga indefinida. En una entrevista en À Punt, la consellera del ramo, Carmen Ortí, aseguró que al Gobierno valenciano le "gustaría" que la medida se hiciera efectiva en septiembre. Sin embargo, no dio por hecho que fuera a ser así.
Horas más tarde, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que pondría en marcha tres de los acuerdos a pesar de no haber logrado el respaldo sindical: la reducción de ratios progresiva, la contratación de 7.742 nuevos profesores y un plan dotado con 140 millones de euros para climatizar aulas, EduClima.
Entre ellas, no incluyó la subida de sueldo, por lo que se generó un importante revuelo entre los docentes, que exigieron saber si se iba a pagar o no en septiembre dicha mejora y advirtieron que la huelga se había suspendido y no desconvocado. En definitiva, amagaron con volverla a convocar al inicio de curso.
Una negociación pendiente
Con todo, las movilizaciones anunciadas ahora evidencian que la fractura entre la Administración y las organizaciones que no suscribieron el acuerdo retributivo continúa abierta y ni la tregua del verano, ni la subida de sueldo aprobada ha traído la paz sindical.
Como tampoco el plan de choque para climatizar aulas de forma provisional que se puso en marcha en julio con el reparto de 16 millones de euros entre todos los centros públicos de la Comunitat Valenciana con los que los colegios e institutos podrán adquirir equipos portátiles de aire para reducir las temperaturas en las aulas.
Desde la Generalitat aseguran que seguirán su hoja de ruta -aplicar la reducción de ratios, aumento de plantillas y el Plan EduClima-, pero se muestran abiertos a negociar con los sindicatos y el propio Llorca pidió este miércoles a las organizaciones que tengan "la misma voluntad -que el Consell- de llegar a acuerdos".
STEPV, UGT y CCOO, mientras tanto, piden a Educación seguir negociando porque las mejoras en marcha son, a su juicio, insuficientes. Unas negociaciones que marcarán el curso recién inaugurado, y que también condicionarán sin duda las elecciones sindicales previstas para el próximo 3 de diciembre.
Informe PISA
En el primer día de curso, los sindicatos quisieron vincular además el resultado del informe PISA en la Comunitat Valenciana con la "falta de inversiones que ha vivido durante años la educación pública", según Cuerda (UGT).
"Cuando hay recortes en infraestructuras, no haces inversiones durante años... al final quien lo sufre es el alumnado. El informe es una señal de alarma", señaló.
Por su parte, desde el Consell señalan al Gobierno central por los cambios normativos introducidos en los últimos años, así como al Ejecutivo del Botánico que integraban PSPV y Compromís, que gobernaron entre el 2015 y el 2023.
El informe analiza el nivel de los alumnos españoles de 15 años en áreas como Matemáticas, Ciencia o Lectura. Los alumnos valencianos han marcado el peor resultado de su historia y el tercero más bajo a nivel nacional, tan solo por delante de Ceuta y Melilla.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina responsabilizó de estos resultados al Gobierno por el cambio normativo en la LOMLOE y al Consell de Ximo Puig, dado que las pruebas "evalúan a aquellos niños que comenzaron la educación primaria justo el año 2015, el de la llegada de Puig al gobierno".
