La reparación de los ascensores dañados por la dana encara ya su recta final. Según la última cifra que maneja la Generalitat Valenciana, quedan aproximadamente 150 fuera de servicio casi 21 meses después de la riada.
Una cuantía que, si bien representa apenas el 2% de los 7.500 que quedaron inutilizados tras las inundaciones, resulta especialmente relevante por el tiempo que ha transcurrido desde la tragedia.
Pese a ello, el dato supone un descenso respecto a los 400 aparatos que seguían sin funcionar en marzo y, por ello, la Generalitat optará finalmente por no poner en marcha el plan de choque que planeó meses atrás, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
La medida, según explican desde el Consell, fue ideada para desbloquear el atasco que se estaba produciendo más de un año y medio después. Entonces, alrededor de medio millar seguían sin funcionar, con las dificultades que esto suponía para sus vecinos en el día a día.
La mayoría de casos presentaban reparaciones complejas: piezas específicas que había que reclamar a fabricantes o cabinas completas que hacían que la mano de obra fuera también muy costosa, lo que también provocaba desacuerdos en las comunidades de propietarios.
Sin embargo, en el último trimestre más de la mitad han logrado repararse. Algunos de ellos, explican desde la Generalitat, por las ayudas directas que puso en marcha la Conselleria de Vivienda que, según los casos, podían llegar hasta los 50.000 euros.
Conviene recordar que el plan de choque iba a estar centrado exclusivamente en esta cuestión. El proyecto fue desarrollado por la Vicepresidencia tercera para la Recuperación que dirige el conseller Vicente Martínez Mus y estaba previsto que en él participaran dos consellerias: Vivienda, que dirige Susana Camarero, y la de Industria de Marian Cano.
La decisión de implicar a estas dos carteras no era aleatoria. Vivienda había tramitado las ayudas de urgencia poco después de la riada para priorizar la reparación de los aparatos situados en edificios con personas de movilidad reducida y se quería aprovechar esa experiencia previa para zanjar este asunto pendiente.
Por lo que respecta a Industria, a ella le corresponde el contacto con el sector profesional. Además, es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria, quien realiza las inspecciones reglamentarias de los ascensores.
Es este organismo el que, por un lado, supervisa y controla que cumplen con la normativa vigente e identifica el estado de seguridad de las máquinas mediante la instalación del rótulo de identificación oficial que indica si ha superado la inspección y es apto para el servicio.
Con este telón de fondo, el plan buscaba ejecutarse a tres bandas y desde el propio Gobierno valenciano reconocían que se habían producido reuniones para coordinar las labores y darle forma a un decreto que, finalmente, no verá la luz.
La cifra actual, según la Generalitat, ya se encuentra en una horquilla asumible y consideran que podría solventarse con intervenciones puntuales sin la necesidad de articular un plan de choque 'ad hoc'.
Derramas y profesionales
El descenso de la cifra no significa que los casos que quedan sean sencillos y a ello se suma la falta de profesionales cualificados. La dana multiplicó por siete el volumen de trabajo del sector, según la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval).
Las empresas reforzaron sus plantillas y solicitaron ayuda a compañías de otras comunidades, pero la disponibilidad de técnicos siguió siendo uno de los principales cuellos de botella.
Además, las reparaciones no siempre dependen exclusivamente de las empresas. En algunos edificios, las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros no han cubierto el coste total de la actuación.
Esto ha obligado a determinadas comunidades de propietarios a plantearse derramas para poder afrontar la diferencia. En los casos más complejos, las aportaciones extraordinarias podían alcanzar los 60.000 euros.