El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se expone a una multa del juzgado por no dar cumplimiento a una sentencia que establecía la revisión de 31 convenios suscritos por Egevasa con municipios para la gestión de depuradoras.

Así lo ha determinado el juzgado, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, que ha advertido de esta medida coercitiva impuesta directamente al dirigente provincial si no se lleva a cabo lo que ordena la resolución.

Preguntadas al respecto, fuentes de la Diputación argumentan que la responsabilidad no es de Mompó, sino del secretario de la corporación. Es quien, dicen, tiene que elaborar una propuesta de resolución para dar cumplimiento a la sentencia y todavía no lo ha hecho.

Los convenios suscritos por la empresa Egevasa para la gestión de aguas o depuradoras en diversos municipios han derivado en esta enrevesada situación jurídica para la Diputación de Valencia que se alarga en el tiempo y de la que hay una difícil salida.

Egevasa es la Empresa General Valenciana del Agua. Inicialmente era pública, pero se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando pasó a estar participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium). Muchos de los convenios con municipios se firmaron antes de ese momento y tienen una duración indefinida.

Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, inició una ofensiva en los tribunales hace años por la vía contenciosa para pedir la nulidad de los convenios y lograr, en última instancia, que las licitaciones de contratos sean abiertas para poder optar a ellos las competidoras y que estén sujetos a plazo. En algunos procedimientos también se ha llegado a personar Veolia (antigua Hidraqua), empresa del mismo ámbito.

Los tribunales le han ido dando la razón en bastantes de las cuestiones planteadas con sentencias que han devenido firmes. En algunos casos, las resoluciones han concluido la nulidad de la continuación de contratos que ya han terminado. Es el caso de la depuradora de Ontinyent. El juzgado valoró que la Diputación permitió su continuación "a pesar de ser consciente de la ilegalidad".

Esa sentencia sirvió de base para otras similares relacionadas con contratos de gestión de agua potable en más municipios como Canet o Casinos.

En otros casos, los tribunales ordenaron a la corporación provincial la revisión de oficio de los convenios. Ocurrió en l'Olleria y Moixent y, especialmente, en un procedimiento sobre un conjunto de 31 convenios para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia.

Se encontraban en Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y la Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.

Sentencias firmes

Varias de las sentencias son ya firmes, pues cuentan con pronunciamiento tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como del Tribunal Supremo. Entre ellas la de esos 31 convenios.

Y es en este punto, en la fase de ejecución de las sentencias, donde viene el problema. Los juzgados se han dirigido a la corporación provincial para apremiarla en el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones, especialmente ante las reiteradas peticiones de las empresas recurrentes.

Concretamente, uno de esos juzgados, hace unas semanas, dirigió un escrito a la Diputación para que se identificara al servicio responsable de ejecutar la sentencia, tal como ha podido saber este periódico.

El secretario de la Diputación, Vicente Boquera, lo hizo: Presidencia. Posteriormente, el juzgado trasladó la advertencia de la multa personalista a Vicente Mompó. El presidente de la Diputación había dirigido previamente un oficio al secretario en febrero en el que le instaba, a la mayor brevedad posible, a emitir un informe con una propuesta de revisión de oficio de los convenios para dar cumplimiento a la sentencia.

Fuentes de la corporación destacan que eso no ha tenido lugar y que después llegó lo de la multa.

El problema del contrato

Aun así, cualquier decisión tiene que pasar por el pleno, por lo que en última instancia PP y Ens Uneix -encargado de gestionar Egevasa- serán los responsables de determinarlo todo. Y llevar a cabo lo ordenado por los tribunales no es nada sencillo para la Diputación. Cancelar los convenios significa incumplir el contrato que la corporación tiene firmado con Egevasa y en el que viene determinado que toda la gestión del agua la realiza esta empresa.

"Los tribunales sostienen que los acuerdos son nulos de pleno derecho, pero no dicen qué hacer. ¿Un pliego de condiciones nuevo, licitarlo y adjudicarlo, cuando el servicio tiene que seguir prestándose?", indican fuentes de la corporación.

Además, defienden el modelo. "La Diputación necesita tener una empresa pública detrás de estas características. Es necesaria su vigencia. En la dana, por ejemplo, ejerció como medio público y actuó en 60 municipios", señalan.

Las empresas competidoras (Aqlara y Veolia), ni qué decir tiene, no lo comparten. Tras los pronunciamientos de los tribunales, creen que tiene que abrirse la licitación.