El Tribunal Supremo ha anulado el decreto antichiringuitos del Gobierno que endurece los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tumbado el real decreto 905/2025 de 7 de octubre sobre universidades al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado en el fondo del asunto.

En síntesis, el Supremo concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado, por tanto la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido.

Para el alto tribunal, el núcleo de la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública.

Dice el Supremo que "el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente".

Además, la explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros "no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles".

"No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública", añade la Sala.

Por tanto, continúa el tribunal, "el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido".

Entre otros aspectos, la norma establecía un número de alumnos exigidos para poder abrir un centro de educación superior (4.500 estudiantes), regulaba la verificación de nuevos títulos dentro de una universidad ya creada así como la necesidad de tener un número de profesores doctores y la acreditación de centros extranjeros con sede en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró al respecto la intención de frenar la creación de "chiringuitos" y reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad y no sean "una máquina expendedora de títulos".

La respuesta de Moncloa

El propio Sánchez ha asegurado este jueves que acatan el fallo del Supremo aunque ha advertido de que no se cruzan "de brazos" y ya están trabajando "en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio".

"La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes", ha señalado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X.

En este sentido, e Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabaja ya en una nueva norma para aprobarla "lo antes posible" con el fin de restaurar el decreto que frenaba la creación de universidades privadas y que ha tumbado el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio han señalado que respetan la sentencia del Supremo pero "no cambia" su "convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad".

"No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", añade el comunicado que incide en que el decreto "fue tramitado con todas las garantías" y contó con el aval del Consejo de Estado.

El Ministerio recuerda que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, tras criticar que, según ha conocido por los medios de comunicación, el Supremo ha estimado un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto.

"No estamos hablando de una norma improvisada ni unilateral" justifica el departamento que dirige Morant, al señalar que el real decreto fue informado por el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y la Conferencia General de Política Universitaria, además de haber contado con un amplio trámite de audiencia a organizaciones y asociaciones representativas del sistema universitario.

"Y en la Conferencia General de Política Universitaria, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular fueron las únicas que se opusieron a la aprobación de la norma...lo que demuestra que el Gobierno no estaba actuando al margen de las comunidades autónomas ni de la comunidad universitaria", recalca.