Dice mi colega de claustro y admirado Javier Díaz Giménez, uno de los mejores expertos en el tema, que el problema de las pensiones se genera porque no hay un diagnóstico real de la situación. Para él hay que definir exactamente qué son pensiones contributivas y cuál es su importe. También cuáles son los ingresos que se pagan para recibirlas.

Mi querido colega cree que ni Escrivá, ni los que han intervenido en el acuerdo, se basan en un diagnóstico real porque no tienen claro ninguna de las dos cifras (ni la de las pensiones contributivas, ni la de los ingresos que corresponden a ellas). Es más, según él, tampoco lo quieren saber.

Lo que han hecho, y esta es mi opinión, ha sido dar una patada hacia adelante, porque Escrivá, como ministro encargado, y Sánchez cómo presidente, necesitan cerrar un acuerdo para tranquilizar a Bruselas. Además, Bruselas necesita ese acuerdo para poder seguir enviando los dineros de Next Generations.

La parte del Gobierno no socialista, la de UP, también necesita poder decir que se han cumplido sus peticiones, aunque nadie se acuerde de lo que dijeron hace unos meses. Es decir, unos y otros necesitan que parezca que hay una solución para seguir adelante con sus políticas. Se engañan unos a otros, porque les conviene engañarse unos a otros, y por eso D. José Luis Escrivá sigue vivo, políticamente hablando.

Y dicho esto es cuestión de volver a esos números mal hechos. Pero que son los que ahora se manejan para tomar decisiones.

"Bruselas necesita ese acuerdo para poder seguir enviando los dineros de Next Generations".

Este año los presupuestos del Estado tendrán que enviar unos 39.000 millones de euros a las cuentas de la Seguridad Social. Si los ingresos totales por este concepto son 152.000 millones de euros, esos 39.000 millones suponen sobre un 25% más. Además, eso se tendrá que seguir haciendo en años sucesivos en porcentajes similares porque las pensiones son superiores a lo que se puede ingresar.

Para enfrentarse a esta realidad, el ministro propone aumentar cotizaciones a partir de ciertos salarios y cambiar el número de años a tener en cuenta para el cálculo de la jubilación.

La primera de las medidas supone un aumento de los costes salariales. Por tanto, una dificultad para la creación de empleo y una piedra más en la competitividad de la economía. Inconveniente para un país con un 13% de paro o más.

De todas formas, aumentar los ingresos es necesario con el actual sistema. O se aumenta por la vía de Escrivá o se aumentan los impuestos de IRPF, IVA u otros impuestos. Después de esta reforma lo que va a ocurrir es que se va a consolidar el aumento de las cotizaciones y también el aumento de los impuestos. Sea el PSOE o sea el PP en 2024 lo veremos.

La segunda de las medidas, aumentar el número de años de la cotización, 25 o 27 (29 sacando dos años a voluntad) supone una probable bajada de las jubilaciones contributivas. Sobre todo, para los que se jubilen los próximos meses. Pero eso se disimula con un sistema complejo que habla de subir las no contributivas y las máximas ¿entonces como se va a resolver el problema?: penalizando a los de en medio, como siempre; a las clases medias y trabajadoras, como le gusta denominarlos a este Gobierno.

Los otros actores del acuerdo también quieren quedar bien. Los sindicatos votarán a favor porque este es su gobierno. La CEOE y Cepyme, como con sus cotizantes son empresas y empresarios, votarán en contra.

El documento también dice que en un par de años habrá que recapacitar y volver a reestructurar el sistema. La Airef (Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal) está emplazada a ello. Ya verán como en 2025 habla de un nuevo reajustarlo.

Mientras tanto, no hay que engañarse. El acuerdo es un parche en el que nadie cree, pero todos necesitan. Los perdedores, la creación de empleo y algunos jubilados nuevos que, probablemente, ni saben calcular lo que les hubiera correspondido antes, ni les interesa hacerlo ¡Ojos que no ven, corazón que no siente! Por eso Escrivá sale vivo; de momento.

*** José Ramón Pin es profesor del IESE