La noticia bomba de la fusión inversa de Ferrovial, que va a trasladarse a Países Bajos, tiene como telón de fondo una de las mayores ventajas que nos aporta la Unión Europea: la libertad de movimiento de los capitales.
No importan las razones que muevan a los empresarios de un país, existe libertad para que transfieran sus capitales de un país a otro, siempre que lo hagan legalmente. Y eso es lo que ha hecho una de las grandes empresas españolas: Ferrovial.
El libre movimiento de capitales que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 63 a 66 tiene como objetivo sustentar el mercado único y afianzar el libre comercio de bienes y servicios y el libre movimiento de personas entre los países de la Unión Europea.
Es la misma libertad que permitiría a una empresa de cualquier país europeo realizar la misma operación que acaba de anunciar Ferrovial, pero a la inversa. Sin duda, sería una gran noticia y mostraría el valor de nuestro país en la economía internacional. Nos dibujaría como un país de economía solvente, estable y confiable. La marcha de Ferrovial nos dibuja justo como lo opuesto.
Sería una gran noticia que una empresa europea quisiera venir a España
Pero ¿qué pasaría si no existiera el libre movimiento de capitales? Volveríamos a la época en la que se pretendía crear “una economía nacional grande y próspera, liberada de la dependencia extranjera” bajo la Dictadura.
Franco se apoyó para ello en la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, y en la creación del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), en 1939. A medida que se fue relajando la autarquía se suavizaron un poco las restricciones, pero las excepciones debían ser aprobadas en Consejo de Ministros y con ciertos límites.
El IEME tuvo que modificar su política con el Plan de Estabilización de 1959, y se abrió un resquicio a la inversión de capital extranjero en España tímidamente. No fue hasta 1973 cuando desapareció el IEME. A la muerte del dictador, España emprendió rumbo a Europa.
¿Qué implica la libertad de movimiento de capitales y la libre empresa? ¿Qué implica la pertenencia a la Unión Europea? Implica que los países se convierten en escenarios amables o espinosos para las inversiones de los empresarios de todos los países asociados. De manera que, si una empresa como Ferrovial decide establecerse en un país donde tiene una filial, puede hacerlo perfectamente. Y las razones de la familia del Pino son perfectamente legítimas.
Por supuesto que la asfixia fiscal influye. Pero la estabilidad legal es, desde mi punto de vista el argumento más relevante. Lo que significa es que la empresa no confía en que, en el futuro, el gobierno vaya a respetar las normas de juego. Y tiene muchos motivos.
Las leyes promulgadas no han sido las mejor articuladas, el gobierno no ha impedido que se saquen adelante leyes que provocan los efectos perversos que se intentaba evitar. Los problemas de los responsables de la Unión Europea de acceder a la gestión de los Fondos Europeos, que puede parecer que no influye, también añade una vuelta de tuerca y muestra hasta dónde puede llegar el gobierno.
Ferrovial es libre de no confiar en el futuro económico de España e irse donde le parezca. Y también es libre de hacer lo posible para no tener cargas impositivas excesivas.
¿Nos extrañó cuando empresarios griegos hicieron lo propio en su crisis de la década pasada? No. ¿Rechazamos a los inversores mexicanos o venezolanos que vienen a nuestro país a invertir? ¿Nos parecería mal si una empresa peruana realizara una fusión inversa por los motivos que fuera para establecerse en nuestro país? ¿Nos parece mal que acudan a nuestro país empresarios cuando la razón es fiscal? Pues entonces no hay razón para señalar a Rafael el Pino y el resto de gestores.
El Gobierno niega que haya razones políticas en la marcha de Ferrovial: sólo ve interés empresarial
La ministra Calviño ha afirmado que Ferrovial “se lo debe todo a España” y Yolanda Díaz ya pide que se tomen las medidas necesarias para impedirlo. Es decir, reclama que vuelva Franco y su protección nacional. Como era de esperar, es la misma reacción de la ultra derecha más rancia.
Pero, no hay que olvidar que la empresa fundada a principio de los 50, en plena autarquía por Rafael del Pino y Moreno, empezó como empresa familiar. Como ingeniero, suministraba traviesas a Renfe, la empresa de ferrocarriles nacionales. Era un empresario de treinta años que, sobre esa base, levantó un imperio. No entiendo qué le debe a España. Realmente, el grueso de la actividad de la empresa se centra, precisamente fuera de España.
Pero, además de si es legítimo que el gobierno interfiera de esta manera en la decisiones privadas de los empresarios, lo que se plantea es si los empresarios deben ser “patriotas”.
En este sentido, recomiendo la lectura del texto refundido de la Leyes del Movimiento de Franco, publicadas en el BOE en 1967, en las que se expresa: “El Estado reconoce en la Empresa una comunidad de aportaciones de la técnica, la mano de obra y el capital en sus diversas formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos a participar en los beneficios. El Estado cuidará de que las relaciones entre ellos se mantengan dentro de la más estricta equidad y en una jerarquía que subordine los valores económicos a los de categoría humana, al interés de la Nación y a las exigencias del bien común”.
Calviño, Díaz y todos los que quisieran prohibir a Ferrovial buscar su sitio, sobre la base de una economía europea libre, sin duda lo firmarían. En lugar de ello, harían bien en estudiar qué tienen los Países Bajos que nosotros no, y tratar de hacer de España un lugar amable, no solamente para los empresarios extranjeros, sino para los nacionales también.
