Es lógico si tenemos en cuenta que el último dato de julio de 2022 sitúa el crecimiento anual de los precios (medidos por el IPC) en el 10,8%, nivel no visto en España desde hace nada menos que 38 años. Es un problema que afecta a muchos países y cuyo origen está en unos casos en un aumento de los costes (como es el caso de la eurozona, con fuertes aumentos del coste de la energía, materias primas, etc.) y en otros más por un aumento de la demanda (como en los EE.UU., que disfrutan de una tasa envidiable de paro de solo el 3,5%, frente a la intolerable del 12,6% en España).

Ese crecimiento del 10,8% anual en el coste de la cesta de compra de los españoles enmascara importantes diferencias cuando los cerca de 500 artículos que la componen se agrupan por clases, subclases, subgrupos, rúbricas y grupos especiales. La máxima desagregación que ofrece el INE es para 199 subclases, de las que en casi la cuarta parte (en concreto en 52), la inflación anual supera esa media del 10,8%.

En 2 la inflación supera el 50% (Combustibles líquidos; y Otros aceites comestibles), en 6 se sitúa entre el 25% y el 50% (Harinas y otros cereales; Gasóleo; Hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares; Pastas alimenticias y cuscús; Hidrocarburos licuados; y Mantequilla), y en 10 entre el 20% y el 25% (Salsas y condimentos; Gasolina;  Gas natural y gas ciudad; Leche entera; Leche desnatada; Productos de papel; Otros productos de panadería; Huevos; Vuelos internacionales; y Paquetes turísticos internacionales).

Con subidas por encima de los dos dígitos aparecen los artículos que consideramos básicos y que consumimos los españoles como son el pan, los huevos, la leche, el aceite, la carne, las frutas, las verduras, las legumbres, las patatas, el pescado, etc.

Son muy pocas las subclases de la cesta de la compra que se escapan de la inflación, ya que solo 11 de 199 presentan tasas de crecimiento de precios negativas, como por ejemplo los ordenadores personales, los equipos y servicios de telefonía móvil, o los peajes, aparcamientos públicos y parquímetros.

Lo que más suele preocupar a las personas que realizan la compra es todo lo que tiene que ver con la alimentación (incluyendo bebidas), por la sencilla razón de que es grupo de artículos que más pesa en la cesta de la compra, ya que destinamos el 22,6% del gasto total.

En el caso de los alimentos sin elaborar, su índice de precios ha crecido un 13,4% en el último año, y en el resto (no elaborados), el aumento ha sido aún mayor, del 14,2%. Pero como dice el refrán, "no solo de pan vive el hombre", como muestra el peso que los distintos componentes del IPC tienen en el total de la cesta de la compra.

Por ejemplo, a la vivienda se destina el 14,2% del gasto total, y su índice de precios ha aumentado un 23%, sobre todo impulsado por el aumento del precio del gas (el gas natural y gas ciudad ha aumentado su precio un 23,8%) y la electricidad (ha subido un 49,4%). Y a los bienes y servicios que tienen que ver con el transporte (cuyo peso en la cesta de la compra es del 14%), su inflación anual es del 16,2%, y aquí es donde entra en juego la gasolina y el gasóleo, cuyo precio ha aumentado en los últimos 12 meses un 23,9% y 35%, respectivamente. Con semejante subida de precios llenar el depósito del coche cuesta aproximadamente un 30% más que hace un año.

Si es ya de por sí preocupante para el bolsillo del ciudadano que los precios crezcan tan deprisa (con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo), también lo es que la llamada inflación subyacente también se sitúe en niveles elevados.

Esta última excluye a la energía y los alimentos frescos (cuyos precios suelen ser más volátiles), y aunque su inflación anual es menor a la general (6,1% vs 10,8%), ese nivel implica que la subida de precios, que inicialmente se circunscribía sobre todo a la energía, se ha ido extendiendo cada vez a más artículos de la cesta de la compra.

Estamos perdiendo competitividad frente a nuestros socios comunitarios

No menos preocupante es el hecho de que la tasa de inflación anual de España se sitúe en valores por encima de la media de la eurozona desde abril de 2021, ya que eso implica que estamos perdiendo competitividad frente a nuestros socios comunitarios.

En julio de 2022, nuestra inflación (en términos del IPCA) supera 1,8 puntos la de la eurozona, y ya son 16 meses consecutivos de mayor inflación en España, por lo que se agranda la diferencia en el nivel de precios. Si nuestros productos son más caros, venderemos menos al exterior.

Fuente: Eurostat

En este contexto, una reacción lógica para no perder poder adquisitivo es reclamar un aumento de los salarios similar a la subida de precios. Pero eso implica ignorar por completo que el origen de la inflación en España está sobre todo en el aumento del coste de las materias primas que importamos de fuera, lo que implica que hemos de transferir al exterior una mayor parte de nuestra renta para comprar exactamente lo mismo.

Ese empobrecimiento lo hemos de soportar entre todos

Ese empobrecimiento lo hemos de soportar entre todos, y el coste repartirlo entre trabajadores (sueldos) y empresarios (beneficios). Si no aceptamos ese empobrecimiento y los trabajadores reclaman subidas salariales acordes a la inflación y las empresas no ajustan sus márgenes (trasladando el aumento de costes al precio final del producto), se genera una espiral (el llamado efecto de segunda ronda) que hace que aumente aún más inflación, lo que agudizaría los problemas de competitividad de nuestra economía.

Y es aquí donde entra en juego el tan necesario pacto de rentas, cuyo objetivo es precisamente repartir el aumento del coste de lo que importamos entre trabajadores y empresarios.

Si no alcanzamos ese pacto de rentas, la pérdida de competitividad será aún mayor, en perjuicio de la creación de empleo (que tanto necesitamos siendo como somos el país de la UE con la mayor tasa de paro). Por tanto, se mire por donde se mire, la principal arma frente a una inflación que es de costes es alcanzar el pacto de rentas.   

Joaquín Maudos. Catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF