Tenemos sobre la mesa datos preocupantes que exigen soluciones. Según el ‘Estudio de Demografía Médica’ de la Organización Médica Colegial (OMC), más de 70.000 médicos se van a jubilar en los próximos diez años y la media de edad del facultativo activo en España alcanza los 50 años.

El propio Ministerio de Sanidad, en su informe 'Estimación de la Oferta y Demanda de Médicos Especialistas. España 2018-2030', prevé que en 2025 el porcentaje de déficit de médicos especialistas se sitúe en el 12%, lo que equivale a unos 16.600 profesionales.

Esto se debe, por un lado, a la insuficiente tasa de reposición de médicos en edad de jubilación y, por otro, a la creciente demanda de servicios sanitarios especializados provocada por el aumento de la esperanza de vida y la consiguiente cronicidad de enfermedades.

Es evidente la necesidad de un mayor esfuerzo en la incorporación de facultativos especializados al sistema público y privado

Actualmente, la falta de médicos es elevada en las especialidades de neurocirugía, urología, anatomía patológica, cirugía plástica y otorrinolaringología, según este mismo estudio. A estas hay que añadir las áreas de pediatría, cirugía pediátrica, oncología en servicios de urgencias, dermatología, ginecología y anestesiología señaladas en una encuesta realizada por ASPE entre los gerentes de 288 centros hospitalarios privados.

Por tanto, es evidente la necesidad de un mayor esfuerzo en la incorporación de facultativos especializados al sistema público y privado. Y desde ASPE llevamos tiempo poniendo el acento en ello, ya que el 95% de los hospitales que hemos consultado advierte que actualmente tiene una necesidad media-alta en personal de enfermería y el 58% en médicos.

En esta línea, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) abogamos, entre otras soluciones, por la eliminación del régimen de incompatibilidades entre la sanidad pública y privada. Es necesario modificar la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que impide el libre ejercicio profesional en ambos sistemas, ya que esta normativa no tiene en cuenta las particularidades de cada profesión y trata igual a médicos que a abogados.

Hay regiones donde sí se puede compatibilizar la actividad y otras donde el criterio no es claro, transparente y, además, es cambiante. Por lo tanto, una vez más tenemos una misma ley nacional y 17 criterios distintos.

¿Por qué no permitir compatibilizar la actividad y que el sector público y el privado no tengan que entrar en una batalla excluyente que limita la libertad y vocación de los profesionales de la medicina?

Alrededor de 3.000 médicos extracomunitarios están pendientes de la homologación de su título debido a la amplia demora

¿Es justo que un sanitario interesado en ampliar experiencia y conocimientos en algún avance investigador que lleva a cabo un determinado centro privado no pueda hacerlo por estar trabajando en el sistema público? No lo es y con este tipo de limitaciones burocráticas sin duda perdemos todos, como usuarios finales y pacientes del Sistema Nacional de Salud.

Además, alrededor de 3.000 médicos extracomunitarios están pendientes de la homologación de su título debido a la amplia demora de los procesos burocráticos. Y aquellos que lo logran, en ocasiones después de años de tramitación, se encuentran a su vez con la imposible misión de reconocimiento de su especialidad.

La Administración debe hacer un esfuerzo por agilizar estos trámites para favorecer la incorporación de estos profesionales a nuestro sistema sanitario, porque realmente los necesitamos.

Tal como ha sucedido en el contexto excepcional del actual conflicto bélico, que está obligando a refugiarse en nuestro país a miles de ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra.

La crisis nos ha enseñado que, en materia sanitaria debemos tratar de ir un paso por delante

El Ministerio de Universidades ha reaccionado a la petición de ASPE y se ha comprometido a facilitar el proceso de homologación y equivalencias de títulos universitarios extranjeros para el caso de los refugiados acogidos a la protección temporal y que ejercían profesiones relacionadas con el ámbito de la salud en Ucrania (464, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Creemos que este es el camino a seguir y a veces solo hace falta voluntad política para racionalizar los trámites administrativos que dificultan el desarrollo profesional de las personas.

En definitiva, la crisis nos ha enseñado que, en materia sanitaria debemos tratar de ir un paso por delante, sobre todo siempre que haya soluciones tan específicas a nuestro alcance que puedan contribuir a enfrentar los no pocos retos asistenciales de nuestro actual sistema sanitario. Que la burocracia no pueda con la medicina y pongamos por delante la salud y atención de las personas.

*** Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.