Uno de ellos tuvo lugar cuando Reino Unido anunció que los cajeros automáticos para criptomonedas (CATM) del país estaban "operando ilegalmente y debían cerrar". Fue un duro golpe, sobre todo porque la noticia saltó con titulares y comentarios que daban a entender que lo ilegal era el propio concepto de CATM, cuando sí están permitidos, tanto allí como en España.

Lo que realmente pasó fue que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) pidió a las empresas responsables que "se registren en su plataforma y cumplan con la normativa británica sobre blanqueo de capitales". Si lo hacen, podrán seguir operando sin problema, como cualquier hijo de vecino, vaya.

Otra cosa es cuántas lograrán superar los requisitos legales. En el comunicado, la FCA dedicó la mayoría de sus escasísimas líneas a informar de una compañía a la que ya le ha denegado la solicitud, a exponer su "preocupación por los CATM", y a pedir a los consumidores que "se preparen para perder todo su dinero si deciden invertir en criptomonedas".

No es de extrañar que los reguladores quieran advertir a los consumidores, dada la cada vez mayor fiebre en torno a ellas y a las agresivas campañas de publicidad para conseguir nuevos usuarios. Sin embargo, también llama la atención el énfasis que ponen en los avisos. Al fin y al cabo, todo producto de inversión conlleva riesgos.

Es lógico ser cautos con una tecnología que no para de evolucionar, que muy pocas personas comprenden y cuyas aplicaciones y promesas de futuro están cada vez más entrelazadas con el día a día de la gente corriente. Si la comunidad Bitcoin aspira a que su criptomoneda se convierta en una forma de pago masiva, será necesario regularla y que la sociedad la comprenda, al menos mínimamente.

Si la comunidad Bitcoin aspira a que su criptomoneda se convierta en una forma de pago masiva, será necesario regularla y que la sociedad la comprenda

Sin embargo, muchas voces de la industria suelen rechazar cualquier nueva regulación bajo el argumento de que frena la innovación, sin ser conscientes de que unas leyes coherentes y comprensivas son la única vía para que deje de ser vista como un 'Salvaje Oeste' en el que solo se blanquea dinero y se estafa al pequeño inversor.

Precisamente con este objetivo, la Unión Europea está avanzando su propia normativa para el mercado de criptoactivos, conocida como propuesta MiCA, que estos días se ha convertido en otra fuente de miedo cuando medios y usuarios del sector empezaron a afirmar que el Parlamento Europeo estaba a punto de prohibir Bitcoin.

Y, como pasó con los CATM y con casi todo, la realidad es bastante diferente de lo viral. En este caso, el organismo debía votar dos enmiendas al texto de MiCA, pero ninguna incluía una prohibición explícita de nada, ni la votación suponía una aprobación definitiva de la regulación, que aún deberá ser debatida por el Consejo, el Parlamento y la Comisión.

Las alarmas empezaron ante los rumores de que el texto incorporaba una enmienda sobre la popularísima prueba de trabajo (PoS), el mecanismo criptográfico que verifica y protege la información recogida en las cadenas de bloques. Gracias a la seguridad que ofrece, este protocolo de consenso es el que rige las principales y la mayoría de blockchains, como Bitcoin y Ethereum.

Pero también es el que más energía consume y el responsable de que el sector cripto sea acusado cada vez más de ser poco sostenible. Por eso, Ethereum está en plena transición hacia otro protocolo llamado prueba de participación (PoS), que podría reducir el consumo en un 99%.

No obstante, se trata de un cambio técnicamente muy complejo y sin garantías, ya que ningún PoS se ha usado a una escala tan grande como la de Ethereum. Así que no es de extrañar que la comunidad Bitcoin no se lo plantee y prefiera mantenerse en PoW.

Por tanto, si MiCA hubiera vetado este protocolo, habría supuesto una prohibición de facto a la criptomoneda más importante y la cadena de bloques que la sustenta. Pero la realidad es que el texto no incorporaba tal artículo, solo pedía limitar los protocolos intensivos en consumo de energía, y tampoco se aprobó.

Lo que sí se ha aprobado es una enmienda que propone que los criptoactivos se incluyan en el sistema de taxonomía ambiental de la Unión Europea, que ya decidirá qué es verde y qué no. ¿Prohibir? Si el gas pasó el filtro de lo que la UE considera sostenible, ¿por qué no podría pasarlo también la prueba de trabajo?

El debate energético y los pormenores legales del sector cripto dan para varias columnas. Lo importante es que necesitamos una regulación coherente que proteja a los consumidores sin frenar la innovación, y que el sector cripto sepa que sigue tratando a los ajenos como si fueran tontos, lo único que se van a encontrar es con un rechazo aún mayor. Y aquí sí sé de qué hablo.