Hace dos semanas, España avanzaba en su recuperación económica, Europa observaba con preocupación la escalada de tensión en Ucrania y Pablo Casado presidía el PP pese a sus problemas internos. El 23 de febrero, el hasta entonces líder de la oposición se despedía en el Congreso y horas después, Rusia invadía Ucrania. Una semana y un día después, el tablero geopolítico global y la política nacional están irreconocibles. Y el (moderado) optimismo económico para 2022 ha saltado por los aires.

Como viene siendo habitual desde hace meses, el Gobierno iba a mantener una reunión interministerial con los agentes sociales el próximo lunes sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia para hablar de fondos europeos y reformas. Pero la guerra y las sanciones a Rusia nos han devuelto de forma abrupta al marco de emergencia económica del que estábamos saliendo y el Ministerio de Economía alterará el orden del día de ese encuentro. 

Lo hará para llevar a esa reunión con patronal y sindicatos el gran pacto de rentas que avanzó Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso y que desgranó después con algo más de detalle la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno pedirá a los sindicatos contención salarial y a la patronal moderación en los márgenes empresariales y en el cobro de dividendos. Los españoles tendrán que apretarse el cinturón y esto nunca es popular para quien está en el Gobierno.

Los españoles tendrán que apretarse el cinturón y esto nunca es popular para quien está en el Gobierno

Entre los agentes sociales la decisión gubernamental de impulsar este pacto ha generado cierta sorpresa. El acuerdo interconfederal de la negociación colectiva y para el empleo (AENC) es cosa de dos. Siempre ha sido un pacto bilateral entre patronal y sindicatos. Pero en esta ocasión, con la inflación en el 7,4% (según el dato avanzado de febrero) y abocada a seguir con su escalada la negociación es compleja.

Este jueves arrancó la primera reunión formal para abordar el asunto entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Y se comprobó que el pacto que pide Sánchez no será fácil porque la situación económica -con el crecimiento estancado y una alta inflación- es muy delicada, como bien saben todos los que se sientan en esa negociación.

Para empezar a hablar, UGT ha puesto sobre la mesa un incremento salarial del 5%. Pero, la patronal expuso en el encuentro su preocupación sobre la situación en la que las empresas afrontan los próximos meses de incertidumbre. Además, recordó a los sindicatos que la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) complica el margen de negociación por la presión que se genera en los salarios más bajos.

También preocupa a los empresarios el impacto que la guerra y las sanciones económicas tendrán sobre los precios de la energía y los suministros de la industria en un contexto en el que las exportaciones españolas se van a resentir.

Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi.

Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi.

Es ese escenario, precisamente, el que ha encendido las alarmas del Ejecutivo que teme que esas subidas de los precios, unidas a las alzas salariales generen una espiral inflacionista que dañe aún más la economía.

El objetivo de los agentes sociales es tener cerrado este pacto de rentas el 30 de marzo. Esto es, justo antes del congreso extraordinario del PP que dará paso oficial a la nueva era de Alberto Núñez Feijóo.

Esto viene al caso porque cuando Sánchez habló de un "gran acuerdo de rentas" en el Congreso, algún nostálgico pensó en los Pactos de la Moncloa con los que en una situación de inflación desbocada, la clase política española alcanzó una serie de acuerdos de Estado para, entre otros, sanear la economía. 

Con Núñez Feijóo como próximo líder de la oposición se abre un nuevo tiempo político en el que algunos tienen la esperanza en que los dos grandes partidos se acerquen. El apoyo del PP al envío de armas a Ucrania podría ser un primer paso.

Sin embargo, lejos de ser este el escenario con el que contextualizar el pacto de rentas de Sánchez, lo que el Gobierno busca en este momento es un acuerdo con sindicatos y patronal para garantizar la paz social en los próximos meses en los que los españoles se van a empobrecer por el alza de los precios de la energía y de la cesta de la compra. No hay intención -al menos por el momento- de incorporar a la oposición.

En el Ejecutivo, las fuentes consultadas limitan la búsqueda de ese gran acuerdo a la mesa del diálogo social. En el PP, avanzan un liderazgo con sentido de Estado, pero advierten que no pactarán con Sánchez a cualquier precio. También recuerdan que hay cosas que no han cambiado en España, como la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, aunque Ucrania haya generado una brecha entre sus integrantes.

Vienen meses muy difíciles para la economía como pronto mostrarán todas las revisiones a la baja para el crecimiento del PIB y al alza para la inflación. Pero es pronto para aventurar si esta nueva coyuntura impactará en la política española. De momento, los protagonistas de los acuerdos seguirán siendo los agentes sociales.