Además, para aumentar su eficiencia, esas inversiones deben tener un efecto multiplicador. Es mucho dinero, pero no suficiente para levantar toda una economía como la española con un PIB anual de 1,2 billones de euros. Esas inversiones deben ser sinérgicas con otras inversiones para generar más puestos de trabajo.

Por eso, otro riesgo es que los 140.000 millones de euros se utilicen por el Gobierno como sustituto de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (Capítulo VI) aumentando los capítulos de subvenciones y gastos: el Capítulo I (sueldos, salarios y gastos corrientes); el Capítulo IV de transferencias corrientes (pensiones, subvenciones, …); y el Capítulo II para el pago del Servicio de la Deuda (intereses de la deuda pública en jerga presupuestaria). Esto último es peligroso para la estabilidad fiscal.

Con un 122% de deuda pública sobre el PIB, España se beneficia de los actuales tipos de interés; casi nulos e, incluso, negativos. Por eso, el Gobierno sigue cebando la deuda pública; la droga de nuestra economía. Si esa droga faltase llegaría un proceso de 'mono' y desesperación. Eso le pasaría a España si la inflación exigiera a los bancos centrales subir los tipos de interés y el Gobierno no reaccionase evitando gastos y no subiendo impuestos.

La deuda dejaría de ser un recurso fácil si se mantuviese la inflación, que ya tenemos. De hecho, por su causa, en Estados Unidos, la Reserva Federal ya planea aumentar los tipos de interés y reducir el quantitative easing (compra de bonos estatales por los bancos centrales). Entonces, otros bancos centrales (BCE y el Banco de Inglaterra) subirían los tipos de interés para evitar el desplazamiento del dinero a zonas donde sea más rentable. La prima de riesgo del Reino de España se dispararía y el 'servicio de la deuda' crecería.

La deuda dejaría de ser un recurso fácil si se mantuviese la inflación, que ya tenemos

Si el Gobierno actual no reduce las partidas de gastos, el aumento del servicio de la deuda obligaría a reducir inversiones.  De manera que las 140.000 millones de euros no serían una inversión adicional. Solo habrían sustituido a las inversiones que debería haber realizado el Gobierno.

Para paliar el aumento del déficit, por el aumento del servicio de la deuda española y otras causas, la Hacienda española subiría, aún más, los impuestos, detrayendo dinero y capacidad de consumo e inversión del sector privado. Dinero para pagar a los propietarios de los bonos de deuda española, muchos extranjeros y, por tanto, sacando ese dinero de España. ¿Puede ocurrir?

En estos momentos, el Gobierno de España crea inflación propia con la subida de las subvenciones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); de las pensiones (indexadas al IPC); de los salarios públicos (que necesita el Gobierno por razones electorales) y de los salarios del sector privado por presión sindical.

Además, la inflación actual también es de oferta, ajena a la política del Gobierno español. Las materias primas, como el gas, están caras, los chips industriales también. Esta inflación tardará en remitir. Por ejemplo, el coste de la energía ceba, a su vez, el precio de otros productos, entre ellos los agrarios e industriales.

El déficit por aumento del servicio de la deuda y el aumento de gastos exigiría un aumento de impuestos para paliarlo.

En consecuencia, la política económica de Sánchez podría arruinar la economía española a pesar de los 140.000 millones de euros de ayuda europea. Como Chaves y Maduro lo hicieron con un río de dólares procedentes de la exportación del crudo de PDVSA (su empresa pública petrolera).

Afortunadamente España no es Venezuela y Bruselas tomaría cartas en el asunto exigiendo contener el déficit público.

De manera que España puede que no se arruinara. Pero la inflación es un impuesto a los menos favorecidos, los pobres y los excluidos, que no se pueden defender de la subida de precios. Y la subida de impuestos es una carga para la clase media y los asalariados que aportan el grueso de la recaudación fiscal. O sea, que muchos españoles, los menos favorecidos y la clase media, lo pagarían. ¿Les seguirían votando?

*** J. R. Pin es profesor del IESE.