El pasado 1 de junio entraron en vigor en España nuevos esquemas de tarifas afectando a todo tipo de consumidores de electricidad. A finales de mayo la opinión pública estaba muy preocupada sobre si poner la lavadora a las 9 de la noche de un día laborable, a las 2 de la mañana o un domingo, y el número de memes respecto a los cambios y a potenciales “abusos” en los nuevos precios eléctricos era muy considerable. 

Hagamos un poco de pedagogía. El precio final de la factura eléctrica de un consumidor doméstico se compone de

(i) Peajes. Son costes fijos, establecidos por la CNMC y destinados a cubrir los costes de transporte y distribución. 

(ii) Cargos. Ahora son variables en función de la energía consumida, establecidos por el Ministerio, y que responden a políticas energéticas, como las primas a las renovables, el déficit de tarifa o los extra costes de los sistemas no peninsulares. 

(iii) El coste de la energía propiamente dicho, que deriva exclusivamente de la formación de precios en el mercado OMIE y de los servicios de balance necesarios para el equilibrio del sistema.

(iv) Los impuestos directos, que son el impuesto eléctrico y el IVA.

(v) Los impuestos indirectos (aquí hay una larga lista) que son: El Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Canon hidráulico, la Tasa a la nuclear por la producción del combustible y su almacenamiento más la Tasa Enresa destinada a costear el futuro desmantelamiento de las centrales, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial al Carbón, la Tasa Municipal que cada ayuntamiento imputa a las comercializadoras y como punto final lo recaudado con las Subastas de CO2. Todos estos impuestos, afectan al precio del mercado mayorista, ya que las diferentes tecnologías, internalizan estos costes en los precios a los que ofertan en el mercado.

(vi) El margen de la comercializadora.

(vii) Y, por último, el alquiler del equipo de medida.

En términos generales en España, pensando en un hogar medio y según perfiles de consumo y datos publicados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, de 100 € en la factura final de luz, 48 € aproximadamente corresponden al coste de la electricidad (iii), más el coste de llevar esa electricidad a nuestras casas (i), más el margen de la comercializadora y el alquiler del equipo de medida (vi) y (vii), y los 52 € restantes se corresponderían con impuestos y políticas energéticas.

Si vemos con preocupación la proliferación de análisis parciales que demonizan tanto al mercado como los agentes que en él participan

Pero ¿qué se pretende con este cambio en las tarifas? Entendemos que, por un lado, dar más transparencia en separar lo que son políticas energéticas y costes de transporte y distribución.

Además, en un entorno en el que se pretende electrificar la mayoría de lo usos, se quiere educar/acostumbrar a las personas a gestionar su demanda de forma horaria, así como dar señales para favorecer la gestión de la demanda mediante agregadores, el vehículo eléctrico y el autoconsumo.

Desde la Asociación de Representantes del Mercado Ibérico de Electricidad (Armie), no entramos a valorar si el cambio realizado es adecuado para lograr los objetivos que se pretenden, o si este cambio viene tarde y no se están dando las señales adecuadas, pero si vemos con preocupación la proliferación de análisis parciales que demonizan tanto al mercado como los agentes que en él participan.

En todo caso, creemos que el debate sobre diseño regulatorio debería centrarse en otros puntos que garanticen eficiencia y efectividad en costes totales del sistema, como son: la revisión de la fiscalidad (la bajada del iva es una buena noticia para el consumidor porque es un descuento inmediato en la factura.

Aunque esta bajada solo sea temporal hasta final de 2021) o la idoneidad o no de eliminar definitivamente el impuesto a la generación eléctrica.

El incremento de la competencia y la liquidez de los mercados a plazo es sin duda también un reto para el sistema

Pero también sin duda el impacto de los proyectos de integración de nuestro sistema con el mercado único europeo de la energía, donde debe analizarse en detalle las decisiones que pueden alejar a nuestro país de los esquemas recomendados a nivel europeo en la liquidación de los desvíos, o en la propia gestión que la regulación está imponiendo sobre los accesos a red de nueva potencia renovable. 

El incremento de la competencia y la liquidez de los mercados a plazo es sin duda también un reto para el sistema, y a dicho respecto debería analizarse el cambio en la liquidación de las plantas de subastas para que éstas no impacten sobre los PPAs ya firmados.

Estos últimos puntos, al ser más técnicos y complejos, tienen un impacto nulo en los medios, sin embargo, también terminarán afectado al precio final que percibe el consumidor.

*** Belén de la Fuente Bueno es pesidenta de la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de Electricidad (ARMIE)

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