El Gobierno Sánchez lanza una OPE (Oferta Pública de Empleo) de 30.445 plazas de funcionarios públicos ¿Necesaria? El Gobierno dice que sí. Los sindicatos de funcionarios la tachan de insuficiente. Para los contribuyentes será una causa más de los impuestos excesivos que pagan por ineficiencia en el sector público ¿Quién tiene razón?

Probablemente todos y ninguno. Una comparación puede arrojar alguna luz sobre este tema. En los seis años del Gobierno Rajoy se ofertaron 63.970 plazas. En los cuatro que lleva Sánchez 109.711. Un 71,5% más. No está claro que una cifra sea mejor que la otra. 

Para saber si hacen falta más funcionarios hay que conjugar tres factores: a) el volumen de los servicios públicos; b) la forma de gestionar esos servicios; y c) la productividad de los empleados públicos.

¿Quién tiene razón sobre la necesidad y la suficiencia de la OPE? Probablemente todos y ninguno

Es evidente que el Gobierno Sánchez es partidario del crecimiento del sector público y los servicios ofertados por él. ¿Es lo mejor para los ciudadanos?

Los límites de “lo público” son discutibles. Si se excede en ellos las finanzas públicas se resienten, el sector privado disminuye, los impuestos fiscales no son capaces de sostener el gasto público, el déficit se agranda, la deuda pública también y, tarde o temprano, se acaba empobreciendo al país. 

Por otra parte, la razón de la existencia del Estado moderno es precisamente el suministro de servicios públicos. Si no son suficientes se producen injusticias y desequilibrios económicos que, a la postre, se transforman en conflictos sociales .

Por eso, definir donde están estos límites debería ser un Pacto de Estado.

Pero una vez definido que servicios deben ser públicos y cuáles no, lo siguiente es decidir cómo se van a gestionar: de manera directa por las Administraciones o mediante gestión privada. 

Por ejemplo, los servicios básicos de seguridad ciudadana se considera que deben ser competencia exclusiva del Estado.

La existencia del Estado moderno es precisamente el suministro de servicios públicos.

Mientras, a casi ningún alcalde se le ocurriría municipalizar la limpieza de sus calles, gestionada por una empresa privada. Sería más caro e ineficiente. Tampoco un ministro de obras públicas encargaría construir una autopista a una empresa propiedad del Estado.  

Si en algunos sectores, como las obras públicas, parece que es bueno gestionar los servicios públicos con gestión privada, en otros hay discusión. Por ejemplo, la ley de la exministra Celaá  quiere disminuir la enseñanza pública concertada o el ministro Castell las universidades privadas.

La existencia de medios públicos de comunicación en una democracia es discutible. Aunque ningún gobierno prescinde de ellos por muy liberal que se defina. 

Por tanto, no es posible asegurar si se necesitan más o menos funcionarios públicos antes de saber el límite de lo que deben hacer las administraciones públicas y cómo lo van a gestionar. 

No es posible asegurar si se necesitan más funcionarios sin saber qué deben hacer las administraciones públicas

El gobierno Sánchez es partidario de aumentar la presencia pública. Por eso necesitará más funcionarios. Lo que, de momento, no se ha demostrado que sea la más conveniente, pues es muy discutible que sea bueno para una España con un déficit público sobre el 8% y una deuda pública superior al 120% del PIB.

Por otra parte, la digitalización de las organizaciones de todo tipo ha aumentado su productividad. Por ejemplo la banca española reduce personal continuamente y sigue ofreciendo servicios a cada vez más gente y con mas precisión, ¿por qué no se puede aplicar lo mismo a la Administración pública?

Hay servicios públicos en los que el aumento de la productividad mediante la transformación digital puede ser espectacular con la introducción de la Inteligencia Digital. En otros, es necesaria más atención personal como en servicios de sanidad o educación. La ecuación es que con menos empleados públicos se pueden dar más servicios si se aumenta la productividad. Eso, además, reduce la necesidad de más impuestos.

La sentencia del Tribunal Supremo contra el exceso de interinidad en las Administraciones españolas, culpa de este y gobiernos anteriores, ha servido de excusa para una OPE socialista que nadie puede asegurar que sea correcta, salvo en algún caso como la sanidad que la pandemia ha golpeado. También se podría preguntar: ¿por qué no se ha mejorado la colaboración público/privada en este campo?

En esto como en otros temas el Gobierno vuelve al vicio español de la chapuza. En lugar de planificación racional, parches coyunturales.

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