Con la decisión de prohibir la búsqueda de nuevos recursos de hidrocarburos en todo el territorio nacional (terrestre y marítimo, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental), establecida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que entró en vigor el pasado 22 de mayo, España entra a formar parte del aún reducido grupo de países que están adoptando medidas decisivas para acabar con la era de los combustibles fósiles y avanzar hacia la descarbonización de la economía, en cumplimiento del Acuerdo de París.

España sigue así, con esta decisión, los pasos de países como Francia, Dinamarca y Nueva Zelanda que anteriormente han tomado medidas legislativas similares. En diciembre de 2017, Francia fue el país que tomó la iniciativa en la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos en todo su territorio nacional.

En abril de 2018, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción. La zona económica exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta y la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o transitan las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta.

En relación al medio marino, la prohibición de la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos en su subsuelo tiene múltiples beneficios ambientales, ya que, entre otros riesgos, supone el fin a las prospecciones sísmicas realizadas por las empresas petroleras en las que se utilizan cañones de aire comprimido que generan enormes niveles de ruido submarino provocando efectos muy negativos sobre la fauna (incluyendo mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados).

En diciembre de 2020, Dinamarca puso fin a las nuevas exploraciones de petróleo y gas en el Mar del Norte danés como parte de un plan para eliminar gradualmente la extracción de combustibles fósiles en el 2050 (con la lamentable salvedad de que la decisión no cubre las aguas de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe).

Es decir, la transición energética está empezando a plasmarse en medidas legales concretas. Significativamente, poco después de la votación final, el pasado 13 de mayo, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) hacía público su informe Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector en el que se dice literalmente que, si queremos alcanzar la neutralidad climática en 2050 y limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 °C, "no hay necesidad de invertir en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles en nuestro camino hacia el cero neto en 2050".

El informe de la AIE tiene sus defectos, por ejemplo, su confianza en soluciones no demostradas como la captura y el almacenamiento de carbono. Pero dicho informe marca un hito al reconocer, como ha hecho el Gobierno español, que una mayor expansión del suministro de combustibles fósiles es incompatible con la lucha contra el cambio climático a nivel mundial.

Una mayor expansión del suministro de combustibles fósiles es incompatible con la lucha contra el cambio climático a nivel mundial

En efecto, permitir nuevas exploraciones en busca de combustibles fósiles sólo conduciría a la explotación de los yacimientos que eventualmente se descubrieran. Esto prolongaría la transición energética y agravaría la crisis climática, haciendo imposible, o al menos retrasando considerablemente, la consecución del objetivo, fundamental para nuestra propia supervivencia, de lograr un sector energético descarbonizado, eficiente, inteligente y 100% renovable para 2050, como muy tarde.

Por el contrario, prohibir las actividades de exploración de combustibles fósiles e iniciar una eliminación gradual pero urgente de las actividades de explotación actualmente en vigor tendrá el efecto de facilitar y acelerar el despliegue a gran escala de la eficiencia y las energías renovables.

Para hacer frente a la emergencia climática, la comunidad internacional adoptó en diciembre de 2015 el Acuerdo de París. Su objetivo fundamental es conseguir situar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C en relación a esos mismos niveles ya que esto último reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

El cumplimiento de esos objetivos obliga a descarbonizar la economía global para lo cual debemos acabar con nuestra insana dependencia de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que son los principales causantes del calentamiento global del planeta.

Estos combustibles son responsables de más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y de casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El uso de las reservas ya descubiertas llevaría a que las emisiones de CO2 superaran ampliamente los límites climáticos establecidos en el Acuerdo de París.

Pese a ello, la industria de los combustibles fósiles tiene previsto producir para 2030 aproximadamente un 50% más de combustibles fósiles de lo que sería coherente con una trayectoria de 2°C, y un 120% más de lo que sería coherente con una trayectoria de 1,5°C.

La industria de los combustibles fósiles tiene previsto producir para 2030 aproximadamente un 50% más

Pese a que países como España han prohibido la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos y han puesto fecha de finalización a las concesiones de explotación existentes (en nuestro caso, a finales de 2042, como establece la ley citada) y una serie de gobiernos, fondos de inversión e instituciones diversas han anunciado que retirarán el apoyo financiero a proyectos de combustibles fósiles, lo cierto es que muchos otros países siguen planeando mantener -e incluso aumentar- la producción de éstos.

También hay que tener en cuenta que las prohibiciones nacionales tienen sus limitaciones; pero los gobiernos pueden ir más allá, como hizo Francia con la Ley del Deber de Vigilancia de 2017, haciendo que las empresas nacionales o cuasi-nacionales (en el caso de Francia, Total) sean también responsables de sus actividades en el extranjero.

Para poder descarbonizar la economía global y alcanzar la neutralidad climática a escala mundial necesitaríamos un Tratado Internacional de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, que siguiendo el símil de las armas nucleares, primero obligara a dejar de seguir agravando el problema, poniendo fin a las actividades de exploración y búsqueda de nuevas reservas.

En segundo lugar, que iniciara un "desarme global", es decir, el cese progresivo pero urgente de las concesiones de explotación existentes de manera que no se superara el "presupuesto de carbono" disponible para cumplir con los límites impuestos por el Acuerdo de París. Y por último, desarrollara coordinadamente a nivel internacional el fomento de la eficiencia energética y el acceso a las energías renovables en el marco de planes de transición justa a nivel global.

Aunque pueda resultar sorprendente, aún no conocemos la cantidad total de reservas y activos de combustibles fósiles que hay en el mundo y tampoco hay claridad sobre los planes de extracción de éstos por parte de las empresas y países en el corto, medio y largo plazo. Sin esa información, es muy difícil determinar cómo hacer ese abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles de forma que se cumpla el Acuerdo de Paris.

Aún no conocemos la cantidad total de reservas y activos de combustibles fósiles que hay en el mundo

Así pues, hace falta solucionar el problema de la falta de transparencia, tanto por parte de los gobiernos como de las empresas, sobre la cantidad de CO2 que contienen los yacimientos que tienen en explotación y aquello en los que tienen previsión de hacerlo. Dicho de otro modo: necesitamos tener un registro global integral y transparente de todos los activos y las reservas de combustibles fósiles.

Este registro, solucionaría la actual ausencia de mecanismos en la convención de la ONU sobre el cambio climático para frenar la expansión de la producción de combustibles fósiles.

Un registro de este tipo permitiría evaluar el riesgo climático tanto para los responsables políticos como para los inversores y, en particular, al revelar el equivalente de CO2 incrustrado en la producción y en las reservas proyectadas, haría que los gobiernos fueran más responsables y que su producción de combustibles fósiles fuera más relevante de cara a sus objetivos nacionales de reducción de emisiones.

Además, este registro sería un catalizador para el debate de las políticas públicas a nivel nacional e internacional, p.ej. sobre qué países deben ser los primeros en eliminar toda la producción de combustibles fósiles.

Todas las partes interesadas necesitan este tipo de información pública para poder participar de manera eficaz en la discusión sobre cómo repartir justamente los combustibles fósiles restantes que aún podrían ser extraídos de forma coherente con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Éste, como es sabido, no contiene ninguna mención a los combustibles fósiles, por lo que el tratado antes citado y este registro mundial serían complementarios con aquel.

Prohibiendo las prospecciones de hidrocarburos, España ha dado un significativo paso adelante que merece un reconocimiento. Ahora pedimos al Gobierno español que apoye la creación de este registro internacional de cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26, Glasgow, 1-12 de noviembre de 2021).

*** Carlos Bravo es responsable de políticas marinas de OceanCare y Mark Campanale es fundador y presidente del think-tank Carbon Tracker Initiative.

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