Ante la brutal escalada de los precios de la luz en mayo, el Gobierno ha decidido introducir una reforma de la tarifa eléctrica con el objetivo de abaratarla. Además, quiere aprovechar la ocasión para avanzar en sus incansables esfuerzos para lograr una efectiva igualdad de género. El establecer el coste más bajo del kilovatio hora entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana incentivará el que las parejas compartan en el tranquilo tempo de la madrugada la plancha, el poner lavadoras o realizar juntos o mediante un reparto equitativo las tareas del hogar. Se trata por lo tanto de una jugada magistral que combina a la perfección la eficiencia y la igualdad. Por desgracia, la brillante iniciativa gubernamental presenta algunos inconvenientes.

El aumento de la factura eléctrica no obedece sólo a causas coyunturales, sino estructurales. Estas se derivan del sistema de fijación precios de esa fuente de energía existente en España y en la UE. Varios operadores ofrecen electricidad a precio cero o casi cero (la nuclear y la hidráulica) porque sus costes de generación son fijos y, en gran medida, sus inversiones están amortizadas. En cambio, los de las centrales de ciclo combinado -compra de gas y de derechos de emisión de CO2- son variables. Por tanto, su oferta de precio estará siempre por encima de sus costes variables. Al ser un modelo marginalista, el último entrante en el mercado, el más caro, marca el precio y a todos se les paga el precio marginal de casar la oferta y la demanda con independencia de los precios que inicialmente llevaron al mercado.

El ambicioso programa de descarbonización impulsado por la UE e intensificado por España se ha traducido en un incremento sustancial del coste de adquirir derechos de emisión del CO2, tendencia que se agudizará en los años venideros. Deberá acudirse al gas porque las renovables no tienen ni tendrán capacidad en un futuro previsible de satisfacer la totalidad de la demanda eléctrica. Pero el gas será más caro y éste será más caro porque lo será la adquisición de los derechos de emisión de CO2. El resultado es una electricidad costosa, una reducción de la renta disponible de los hogares, una pérdida de competitividad de las empresas y un creciente riesgo de deslocalización de la industria.

Deberá acudirse al gas porque las renovables no tienen ni tendrán capacidad en un futuro previsible de satisfacer la totalidad de la demanda eléctrica

La carestía de la luz se ve agravada por la incorporación al recibo de una serie de costes parasitarios que nada tienen que ver con los de producirla. Así, los consumidores pagan un Impuesto sobre el Valor Añadido del 21 por 100, un Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1 por 100 injustificable cuando el consumo de esta energía ya está gravado por el IVA y un capítulo de varios que incluyen los peajes para el mantenimiento de las redes de transporte y distribución. Ese conjunto de elementos supone el 70 por 100 de la factura pagada por las familias y por las empresas. Sería muy sencillo reducir el precio de la luz recortando la fiscalidad que recae sobre ella, pero eso supondría menos ingresos para el fisco. Es obvio que el Gobierno ni se plantea esta posibilidad.

Las opciones elegidas por el Ejecutivo para abordar la cuestión son una chapuza intervencionista con potenciales efectos indeseados e indeseables. Por un lado, se pretende desplazar la demanda hacia horarios en los cuales ahora es menor, reduciendo los precios de la electricidad en esa franja. Si la medida tuviese éxito y se desencadenase un desplazamiento masivo del consumo hacia la zona horaria deseada por el Ejecutivo, se produciría el mismo problema que se pretende evitar. Por añadidura, la iniciativa gubernamental encarece la factura durante períodos en los que muchas familias están en casa, en los que alguno de sus miembros teletrabaja o desempeña labores domésticas. Para aprovecharse de la menor tarifa, un hogar medio debería realizar el 90 por 100 de su consumo eléctrico entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.

España tiene una política energética preñada de ideología, ajena a cualquier criterio de racionalidad e ignorante de las consecuencias económicas y sociales que va a provocar. La descarbonización es un objetivo loable, pero imponer por decreto un ritmo acelerado a ese proceso, intentar que las renovables sean el 100 por 100 del mix de generación a velocidad de vértigo y practicar la eutanasia activa a otras fuentes de energía imprescindibles para garantizar la seguridad del suministro es un disparate.

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