El mundo está inmerso en un proceso de cambio vertiginoso como consecuencia de la digitalización. Una transformación que va mucho más allá de estar conectado o poder comprar por Internet, tener aplicaciones en el móvil o una página web. Se trata de un cambio profundo de la producción y el intercambio de bienes y servicios, con sistemas inteligentes y autónomos a lo largo de toda la cadena de valor, que abre también nuevas posibilidades para prestar servicios públicos de forma más eficiente e inclusiva. Un cambio en nuestra economía y en la propia forma en la que vivimos. Lo que muchos consideran una nueva era.
Por eso, es fundamental abordar el proceso de forma proactiva, encauzándolo para que resulte en un beneficio para el conjunto de la sociedad. En primer lugar, mediante la modernización de las empresas y las nuevas oportunidades laborales, el progreso tecnológico y el aumento de la productividad.
En segundo lugar, a través de la protección de los derechos individuales y colectivos y evitando un aumento de las desigualdades o los sesgos discriminatorios. Finalmente, aprovechando estas nuevas herramientas para impulsar la cohesión social y territorial, asegurándonos que nadie quede atrás y facilitando la puesta en marcha de proyectos profesionales y vitales en cualquier rincón del país.
De ahí que el Gobierno de España sitúe este asunto entre sus máximas prioridades. El Plan de Recuperación prevé invertir en la digitalización del país un tercio de las transferencias previstas entre 2021 y 2023, unos 20.000 millones de euros, con el fin de movilizar hasta 50.000 millones de euros de inversiones privadas.
Además, España ha de situarse en la vanguardia del proceso. Para ello, el pasado mes de julio se publicó la agenda España Digital 2025 y ya se han adoptado los seis principales planes estratégicos para desplegarla, ambiciosos y concretos, en los ámbitos de conectividad, 5G, Inteligencia Artificial, digitalización de pymes, competencias digitales de la ciudadanía y digitalización de la Administración.
El Plan de Recuperación prevé invertir en la digitalización del país un tercio de las transferencias previstas entre 2021 y 2023
El programa de inversión pública y la agenda estratégica, muy bien acogida por todos los sectores implicados tanto en el ámbito nacional como europeo, proporcionan una hoja de ruta clara para canalizar los proyectos públicos y privados y multiplicar el impacto de las decisiones e inversiones de los diferentes agentes.
Durante los últimos 20 años, la inversión en este terreno se ha orientado principalmente al despliegue de infraestructuras, situando España entre los líderes mundiales en conectividad de alta velocidad. La tupida red de alta de banda ancha de la que goza España es, sin lugar a dudas, una ventaja en un momento en el que todo el proceso de digitalización se está acelerando.
La tupida red de alta de banda ancha de la que goza España es, sin lugar a dudas, una ventaja en un momento en el que todo el proceso de digitalización se está acelerando
Ahora se trata de seguir adoptando las tecnologías más avanzadas en infraestructuras, pero, sobre todo, de impulsar los servicios que se prestan sobre las redes, de modernizar el tejido productivo y la Administración Pública, de impulsar la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial, de abrir a todos los ciudadanos, en todo el territorio, las oportunidades que proporciona la digitalización.
Son muchas las medidas y proyectos a desplegar en la agenda digital pero hay dos ejes absolutamente claves para el éxito del proceso: la cualificación de la ciudadanía en el ámbito digital (lo que, en inglés se conoce como “digital skills”) y la digitalización de las pymes.
En efecto, un elemento esencial para el despliegue de la agenda transformadora es la inversión en el capital humano, en la cualificación y capacitación del conjunto de la población para que pueda desenvolverse y crecer, tanto profesional como personalmente, en el nuevo entorno digital. Se trata de un objetivo que requiere actuar desde la escuela y a través de todos los niveles de formación.
La educación es el principal mecanismo de 'ascensor social' y, por tanto, un elemento esencial para la cohesión social. Asegurarnos de que sigue cumpliendo esta función en el futuro exige una digitalización de los medios, de las metodologías, un reciclaje del profesorado. Para responder a las necesidades más urgentes de ordenadores y tablets para que todos los niños puedan seguir atendiendo las clases en el contexto de la pandemia, en estos meses se está desplegando en las diferentes Comunidades autónomas el programa Educa en Digital.
Un elemento esencial para el despliegue de la agenda transformadora es la inversión en el capital humano, en la cualificación y capacitación del conjunto de la población
Además, es preciso impulsar la recualificación de los trabajadores y también aumentar el número de graduados y doctores especializados en el ámbito tecnológico para poder responder a la demanda de los diferentes sectores que va a impulsar el propio Plan de Recuperación. Y todo ello con una especial atención al impulso de las vocaciones y la cualificación de las mujeres y niñas en el ámbito de la ciencia y la tecnología para evitar una ampliación de la brecha de género por el menor acceso a los puestos de trabajo de futuro.
El segundo eje a destacar es el de la digitalización de las pymes, que constituyen el grueso de nuestro tejido productivo y sin las cuales es impensable conseguir una transformación real de la economía. Por eso, el Plan prevé la aceleración de las inversiones en este ámbito y se está trabajando en cauces e instrumentos que permitan la eficacia y la capilaridad de la inversión, de modo que llegue e impulse la transformación de empresas pequeñas y microempresas en todo el territorio nacional ya en 2021.
Por poner únicamente un ejemplo, el programa Digital Toolkit prevé 3.000 millones de euros de inversión pública para ofrecer a nuestro tejido empresarial un conjunto de paquetes básicos de digitalización, que incluyen desde herramientas habilitadoras, formación, página web o sistemas de gestión de recursos y de clientes, hasta mecanismos de venta por Internet, marketing digital o formación en ciberseguridad.
Esta iniciativa se acompañará, además, de bonos de conectividad para que todas las pymes puedan disponer de conexión a Internet, y de un programa para que expertos en transformación digital puedan incorporarse a las empresas y ayudarles a desarrollar su plan de digitalización.
Éstos son sólo algunos de los proyectos que ya estamos desplegando, que necesariamente pasarán por la colaboración público-privada. Por eso se han abierto distintos foros de contacto e intercambio de ideas, como la Comisión consultiva de transformación digital o el nuevo Hub de Competencias Digitales, constituido hace unos días con agentes sociales, directivos de empresas y fundaciones para avanzar juntos en este importante eje de transformación.
También se han lanzado las primeras invitaciones a manifestación de interés para recabar información que permita afinar el diseño de los programas de inversión en el ámbito de la conectividad y el despliegue de 5G, que ha recibido una respuesta importante, con más de 140 contribuciones relevantes desde el ámbito público y privado.
Por su parte, la invitación lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación también ha recibido más de 70 propuestas de proyectos de conectividad digital en áreas rurales de difícil cobertura, tanto de banda ancha como móvil. Este tipo de proyectos resultarán fundamentales para fortalecer la cohesión territorial y luchar contra el despoblamiento de algunas zonas de nuestro país. Por su parte, los distintos planes e iniciativas propuestas por las comunidades autónomas también proporcionan información de gran utilidad para coordinar los esfuerzos y multiplicar el impacto.
Todo este esfuerzo para acelerar al máximo el despliegue del Plan en el ámbito digital se refleja en los Presupuestos Generales del Estado, que prevén en 2021 una inversión en digitalización de más de 3.700 millones de euros, seis veces la de años anteriores, en programas de transformación de nuestras administraciones públicas, de innovación en Inteligencia Artificial y para el desarrollo de la economía del dato, en el impulso de las startups, la extensión de la conectividad de alta velocidad en todo el territorio, la implantación del 5G en los grandes corredores de transporte vial y ferroviario o la promoción de España como hub audiovisual a nivel internacional.
Y todo ello poniendo al ciudadano en el centro, sin perder de vista la dimensión humana de la digitalización y la necesidad de proteger nuestros valores en esta nueva realidad. En este terreno, España ha puesto en marcha la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, contando con la ayuda de un grupo multidisciplinar de expertos, que se ha sometido a consulta pública y resultará en un conjunto de principios y recomendaciones que puedan guiar la acción legislativa y administrativa, tanto a nivel nacional como europeo y global.
El proceso de digitalización es, sin duda, uno de los elementos definitorios del tiempo que vivimos. Es fuente de grandes oportunidades y también de retos que afectan a los cimientos de nuestro modelo productivo y de nuestro tejido político y social.
Para abordarlos, para encauzar el proceso en línea con nuestros valores, hemos definido una hoja de ruta que puede movilizar y también multiplicar el impacto de las inversiones públicas y privadas que se desplegarán en los próximos años. Para que la digitalización sea una palanca de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social, económica y territorial.
*** Nadia Calviño es vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.