El Gobierno de España ha sido uno de los primeros países en impulsar una tasa o impuesto digital, que está en estos momentos culminando su tramitación parlamentaria. Se espera que sea aprobada después de verano de forma que tenga plena vigencia a principios de 2021.

Durante los últimos dos años varias organizaciones de la economía digital y del emprendimiento hemos advertido de la incoherencia que supone por parte del Gobierno decir que se quiere impulsar la digitalización y el emprendimiento por un lado y, al mismo tiempo, promover una tasa que penaliza dicha actividad.

Lamentablemente parece que todavía no se han dado cuenta de este error.

El argumento defendido por los promotores de la tasa ha sido que las grandes empresas tecnológicas no pagan suficientes impuestos en los países donde operan y por eso hay que implantar este impuesto de manera unilateral.

Una vez leído el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en tramitación parlamentaria debo decir que si ese es el objetivo, el impuesto no acierta en la diana y por el contrario va a suponer un enorme perjuicio para las startups, para las pymes y para los consumidores finales de casi todos los bienes y servicios que hoy disfrutamos online.

El diseño del impuesto pone de relieve la falta de conocimiento sobre los mercados de servicios digitales y de los nuevos modelos de negocio de las plataformas, de ahí que desde el principio la Asociación Española de Startups se haya mostrado claramente en contra de una tasa que finalmente, y pese a lo que se enuncia (lo pagarían de forma directa sólo empresas con más de 750 millones de negocio global y más de 3 millones de ingresos en España) va a suponer un incremento de costes para todos los que trabajen con servicios digitales y un encarecimiento del precio final de dichos servicios.

Hemos pedido con insistencia al Gobierno que espere a que concluyan los debates en torno a los nuevos criterios y principios de fiscalidad internacional que se están produciendo en el seno de la OCDE, y resulta evidente que dichos principios y criterios deben adaptarse a una economía cada vez más global y digital.

También hemos advertido, a través de diferentes estudios presentados por terceras partes de prestigio, sobre el impacto negativo en el conjunto de la economía española y que ese impacto puede ser superior a lo que espera recaudar el Gobierno con esta tasa. Y hoy, cuando el país está inmerso en la mayor crisis económica de las últimas décadas a causa del Covid-19, se insiste en su aplicación.

Es difícil de entender tanta perseverancia en una idea sobre la que el propio Gobierno ni siquiera tiene claro cuánto espera recaudar, pues la cifra inicial se ha ido reduciendo paulatinamente.

En cualquier caso esta tasa es un nuevo palo en la rueda de las startups, en momentos en que muchas están luchando por su supervivencia. Una tasa de este tipo puede acabar finiquitando muchos modelos de negocio que trabajan, como bien saben los que conocen estos mercados, con márgenes muy estrechos.

Ahora asistimos a un festival de ideas y propuestas en torno a la digitalización. Se habla de digitalizar pymes, se habla de impulso de la educación digital, se habla de la propia digitalización de la Administración Pública y se quiere impulsar más que nunca la formación en herramientas y competencias digitales a trabajadores, desempleados y estudiantes.

A veces creo que se habla mucho de ello y se entiende regular cómo se debe impulsar una economía más digital. Se trata de hacer una economía más eficiente y de mejorar la productividad. Se trata no sólo de incorporar tecnología y herramientas, sino de un cambio de mentalidad.

Cuando uno ve casos de éxito en materia digital como Estonia, donde el 99% de los trámites administrativos están digitalizados, y donde puedes abrir una startup en unos minutos incluso sin vivir allí, te das cuenta del enorme camino que nos queda por recorrer.

Ahora que debemos digitalizar e impulsar el emprendimiento el Gobierno pone una piedra más en el camino. La llaman tasa digital, impuesto digital o tasa Google, pero en realidad es una tasa contra la digitalización.

*** Carlos Mateo es presidente de la Asociación Española de Startups