El pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el primer Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) que será el nuevo marco normativo que facilite la descarbonización de la economía española a 2050, cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea y el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.
El proyecto de Ley tiene varios objetivos marcados en diferentes horizontes temporales:
1.- A 2030 la meta es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 20% con respecto a 1990, generar el 70% de la electricidad a partir de energías renovables, asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.
2.- Para 2050, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.
El proyecto de Ley garantiza una transición justa y equitativa al contar con la mayoría de los sectores de la economía española. Así, el sector de generación de energía, el sector financiero, el sector transporte, la industria, los sectores regulados de electricidad y gas natural y las administraciones públicas son agentes clave para el desarrollo de las medidas.
Hasta ahora la descarbonización de la economía española recaía en unos pocos sectores, pero con este Proyecto de Ley todos los sectores, públicos y privados aportan su grano de arena.
El proyecto garantiza una transición justa y equitativa al contar con la mayoría de los sectores de la economía
Las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley son de diferente índole, desatacando las siguientes:
1.- Desarrollar subastas renovables garantizando un nuevo modelo retributivo basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, dando previsibilidad a los ingresos al sector y trasladando a los consumidores los ahorros asociados al despliegue de estas energías.
2.- Fomentar el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
3.- Establecer no más tarde de 2023 zonas de bajas emisiones en la planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
4.- Potenciar el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
5.- Desarrollar planes de acción sectoriales que favorezcan la electrificación.
6.- Evitar que las empresas eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas destinen los recursos obtenidos a través de estas actividades a financiar sus negocios liberalizados.
El nuevo Proyecto de Ley combina un nuevo marco regulatorio para adecuar la realidad a las exigencias climáticas a la vez que garantiza un motor de crecimiento para la economía.
Las cifras de impacto macroeconómico, según apunta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, no son despreciables. Concretamente, la transición ecológica en España puede atraer la movilización de 200.000 millones de euros de inversión hasta 2030 y crear entre 250.000 y 350.000 empleos netos.
Adicionalmente, se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8%.
El texto del Proyecto de Ley, sin duda, es una oportunidad para la reactivación de la economía frente a la situación del Covid-19. Pero también es un instrumento con el que se evitarán catástrofes medioambientales en las próximas décadas, garantizará la seguridad de suministro a partir de fuentes autóctonas reduciendo la dependencia de España a materias primas como el gas natural y el petróleo y fomentará el desarrollo de un tejido industrial basado en la mejora tecnológica, entre otros.
Para que todo lo anterior redunde en una mayor prosperidad para el país, es necesario que tanto el Gobierno como reguladores, sectores de la economía y resto de agentes involucrados trabajen en concretar dichas medidas en acciones, desarrollando la regulación necesaria para su rápida implementación.
*** Marta Castro es socia de Economics and Regulation de KPMG.