Ahora más que nunca es cuando se demuestra la importancia que tiene el sector bancario para apoyar a la economía real. El confinamiento de la población y las restricciones a las actividades económicas (medidas necesarias frente al contagio del coronavirus) suponen una drástica caída en la demanda que reciben las empresas, lo que supone un corte súbito en sus ingresos y por tanto, en su capacidad para hacer frente a sus pagos. Es ahí donde la banca tiene que estar a la altura de las circunstancias, garantizando la liquidez y la financiación que necesitan las empresas.

Si un problema de falta de liquidez se prolonga en el tiempo, se transforma en otro más grave de insolvencia que puede dar lugar al cierre de las empresas y a la destrucción de puestos de trabajo.

El Gobierno, consciente de este problema, ha puesto en marcha un programa de avales públicos a la financiación bancaria. Si bien anunció una línea de 100.000 millones de euros, se ha decantado por dosificar las entregas, apostando por una estrategia que parece de prueba y error por si hubiera que cambiar las condiciones del primer tramo de garantías.

Con las previsiones de caída del PIB que ya se están manejando, y a la vista del desplome histórico del empleo en el mes de marzo, me temo que los 20.000 millones de la primera línea de avales se van a agotar bien pronto. Por eso, sería oportuno que en la siguiente línea de garantías no vuelva a imponerse un límite, sino que se deje abierta la convocatoria hasta el máximo inicialmente anunciado de 100.000 millones de euros. Además, no puede haber retrasos en la puesta en marcha de los avales porque, de lo contrario, muchas empresas pueden desaparecer por el camino.

La colaboración público-privada es necesaria en este escenario nunca visto de emergencia, y ello también se aplica al sector bancario. El deterioro de las perspectivas económicas conlleva un aumento del riesgo que asumen los bancos cuando dan financiación, y este es el motivo que justifica no quedarse cortos en las garantías públicas para que el manguerazo de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) llegue al sector privado.

Si ese riesgo es ahora muy alto y tuviera que asumirlo en exceso el sector bancario, se pondría en peligro su supervivencia y, por tanto, la estabilidad financiera. Esto es lo que explica que se hayan relajado transitoriamente las exigencias regulatorias, tanto en términos de solvencia y provisiones, como de liquidez. Así, a los bancos se les permite utilizar los colchones de capital que tienen acumulados y no se les obliga a poner en situación de especial vigilancia los préstamos con riesgo normal en los que hay moratorias porque, de lo contrario, las provisiones a realizar pondrían poner en serios aprietos su solvencia.

A cambio, como es lógico, el supervisor les ha recomendado que refuercen su solvencia (lo que obliga a destinar el beneficio a reservas y a no repartir dividendos) y a ser prudentes en la política de remuneración de los directivos.

No puede haber retrasos en la puesta en marcha de los avales porque, de lo contrario, muchas empresas pueden desaparecer por el camino

Antes del estallido de la crisis del coronavirus, ya eran malos tiempos para la banca, que sufre un problema de baja rentabilidad por la combinación de muchos factores: las exigencias regulatorias (el capital es difícil y caro de conseguir), los bajos tipos de interés que lastran el margen de intermediación, el intenso desapalancamiento del sector privado (que explica que el stock vivo de crédito siga cayendo), la competencia de las bigtech, etc. La situación ahora es mucho peor, y su claro reflejo está en los niveles de derribo a los que cotizan los bancos en bolsa.

En España, el sector bancario tiene una enorme importancia teniendo en cuenta que estamos en un país de pymes (sobre todo de microempresas) que son altamente dependientes de la financiación bancaria. Y viendo la respuesta del sector, mi opinión es que están actuando a la altura de las circunstancias, siendo como es un sector esencial en la economía: ofrecen adelantar el pago de las prestaciones por desempleo para los colectivos vulnerables, aplazar la amortización del capital en préstamos hipotecarios, diferir el pago del principal en préstamos al consumo, aplazar el pago del alquiler social, muchas entidades han eliminado comisiones en los cajeros, etc.

Confío que todo ello ayude a mejorar los problemas de imagen y reputación que tiene el sector en beneficio de todos. Es la ocasión perfecta para que demuestren que son parte de la solución y no el problema como en la anterior crisis.

*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.