Caminamos a ciegas en esta crisis. Sabemos lo que no sabemos. Los datos que recogen las curvas de contagios y fallecidos distan mucho de la realidad ante la ausencia de test, entre otros motivos. Los datos del desempleo que se han publicado este jueves tampoco son la radiografía exacta del mercado laboral. En este caso debido a que las estadísticas de paro registrado en España siempre hay que tomarlas con cautela y habrá que esperar a la EPA para conocer mejor el alcance del coronavirus en el mundo del trabajo.

Pero con los datos disponibles sí hay algunas conclusiones claras que se deben poner de relieve. La primera es que el mecanismo de los ERTE que pactaron los agentes sociales y el Gobierno aprobó después está evitando una sangría mucho mayor en el desempleo inmediato (las personas que están bajo su paraguas están afiliadas a la Seguridad Social, es decir, no son parados). Y la segunda que diga lo que diga el Gobierno de lo social, esta crisis la van a pagar los de siempre: los más vulnerables.

La destrucción de empleo ha vuelto a cebarse con los trabajadores que cuando se desbordó la crisis sanitaria del Covid-19 tenían un contrato temporal. Entre ellos, hay muchos empleados de la construcción, según ha reconocido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Pese a que hasta esta semana las obras no estaban cerradas, la construcción protagonizó la mayor destrucción de empleo en porcentaje. Importante recordar que estos trabajadores formaron parte del grupo que más sufrió la crisis de 2008 y que fueron protagonistas del paro de larga duración que quedó como una herencia todavía no superada.

También el sector servicios -donde se incluye la hostelería y el pequeño comercio, trabajos de salarios bajos- sufrió esa destrucción de empleo con 206.016 afiliados menos. Todos estos trabajadores no forman parte de los ERTE y de las pocas certezas que tenemos en este momento, una es que cuando la actividad se empiece a normalizar, los servicios presenciales (en especial, los dedicados al ocio, como cafeterías, bares y restaurantes) abrirán con posibles restricciones para evitar el contacto social.

Los datos del paro muestran que diga lo que diga el Gobierno de lo social, esta crisis la van a pagar los de siempre: los más vulnerables

Otros dos grupos de trabajadores que volvieron a verse golpeados por el desempleo (y digo volvieron porque venían haciéndolo ya desde hace tiempo, coincidiendo con la subida del SMI), fueron los del sector agrario y las empleadas del hogar.

En este último caso, con una pérdida de 6.418 afiliados. Y eso que en marzo todavía no se había habilitado la ayuda social para este colectivo, lo que podría haber hecho que muchas familias sostuvieran a sus cuidadoras ante la falta de una protección que ya está aprobada. Veremos lo que ocurre con los datos de abril.

Ante esta realidad, el ministro José Luis Escrivá ha tenido que reconocer que los datos de este jueves no hablan bien del funcionamiento del mercado de trabajo. "Somos campeones de la temporalidad en Europa", ha añadido la ministra Yolanda Díaz, antes de decir que cuando se retome la normalidad habrá que "solventar" ese problema que no es nuevo en España.

Siendo realistas, cuando recuperemos la normalidad, tendremos que conformarnos -al menos en un primer momento- con crear empleo, ya que la alta tasa de mortandad que los economistas auguran para las empresas como consecuencia del cierre de actividad va a dificultar mucho esa tarea.

Y en este punto, es interesante destacar los ERTE, un mecanismo cuyo funcionamiento los periodistas económicos no entendemos bien, según la ministra de Trabajo.

Díaz quería explicar a la prensa esto: en España, más de 246.3345 empresas se han acogido a ERTEs (dato que ha calificado de inexacto porque no todas las comunidades autónomas le han pasado sus cifras) y de esos expedientes, unos 620.000 trabajadores ya están cobrando prestaciones por parte del Estado.

Teniendo en cuenta que solo una empresa como Meliá ha presentado un ERTE para 8.300 trabajadores, a los periodistas no nos cuadran las cifras. Pero o no hemos sabido trasladar bien la pregunta o la ministra no ha querido responder.

No hay política más social que la que reduce al mínimo la tasa de paro. Por desgracia, esto no está más garantizado en España hoy que en 2012

Y el saber cuántos españoles están o van a estar sometidos a un ERTE en abril es crucial para preparar la salida de esta crisis. Hay una amenaza real sobre la mesa: que esos ERTE -que obligan a las empresas a mantener el empleo seis meses una vez que se terminen las medidas excepcionales- puedan convertirse en despidos cuando pase la crisis sanitaria, como venía a advertir este miércoles Fedea.

Hay que prepararse para todos los escenarios, incluido el más negativo. Porque los turistas tardarán en volver a España, los bares tardarán en llenar al 100% su aforo, el consumo se resentirá... Y mientras es el Estado el que debe sostener al sector privado. Eso nadie lo pone en cuestión.

Haciendo gala de sus promesas electorales, Díaz ha insistido en que "la seña de identidad del Gobierno de España" es propiciar una política de rentas para que nadie quede atrás.

El problema es que si esa política de rentas no llega al tejido empresarial todos quedaremos atrás. No hay política más social que la que reduce al mínimo la tasa de paro y logra generar empleo de calidad y bien remunerado. Y por desgracia, tras el Covid-19, esto no va a estar más garantizado en España de lo que lo estuvo en 2012.