El presidente de Antaxi, Julio Sanz, tendrá que explicar a sus asociados cómo es posible que Uber se haya impuesto en uno de los grandes pleitos en los que se dirimía la llamada 'guerra del taxi'. El Supremo ha fallado a favor de las VTC, y ha suspendido el decreto que paralizaba durante dos años la venta de licencias de alquiler de vehículos con conductor. 

No sólo eso, es que también 'tumba' la puesta en marcha de la web de registro de VTCs, que debería permitir la creación de registros de viajes a nivel autonómico para controlar a estos vehículos. Una norma puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy por la presión de Antaxi y Fedetaxi y que respondía a sus dos históricas peticiones para frenar el avance de Uber y Cabify en las grandes ciudades. 

Ahora todo cambia. Las reglas de juego vuelven al punto de partida y las grandes asociaciones como Antaxi tendrán que explicar cómo es posible que el Supremo haya tumbado lo que hasta ahora vendían como logros. Máxime después de que el sector se viera sometido a una huelga indefinida en 2019 cortando calles en Madrid y Barcelona que supuso un desgaste económico y de imagen del que los taxistas todavía no se han recuperado.