La Comunidad de Madrid ha comenzado una lucha contra la okupación y se ha marcado el objetivo de recuperar 2.000 viviendas públicas que se encuentran en esta situación ilegal.
El consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez, ha explicado esta mañana que la consejería que gestiona tiene tres líneas de trabajo importantes en cuanto al cumplimiento de la legalidad en el ámbito de la vivienda.
Una de ellas es la lucha contra la okupación. La Consejería de Vivienda ha constituido una mesa de trabajo con la Consejería de Justicia e Interior que ya ha promovido varias acciones, según ha confirmado David Pérez. Primero, instando a una modificación legislativa a nivel nacional. Segundo, creando un protocolo que ya ha remitido a todos los ayuntamientos para saber cómo actuar ante la okupación de una vivienda. Tercero, mediante la formación de policías municipales en este mismo ámbito.
Del mismo modo, ha señalado que están teniendo reuniones con el Decano de los jueces y la fiscalía. Además, ha pedido "desde hace mucho tiempo y no nos la conceden" todavía un encuentro con el nuevo delegado del Gobierno para abordar con él la necesidad de colaborar entre administraciones en esta lucha.
"El objetivo es recuperar 2.000 viviendas que en este momento están okupadas y pertenecen a la propia Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y que por tanto son viviendas que corresponden a otras familias que están esperándolas y no las pueden utilizar porque hay alguien que las ha ocupado ilegalmente", ha afirmado David Pérez.
"Nuestro primer objetivo es restablecer la legalidad, desalojar esas personas y que ese recurso vaya a las familias que realmente les corresponde", ha sentenciado el consejero antes de participar en unas Jornadas sobre el Mercado Inmobiliario en la Comunidad de Madrid, organizadas por la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (Ampsi).
Más de 100 mujeres relacionadas con el sector han presentado una batería de soluciones, creadas y adaptadas por las ellas mismas, dotándolas de un papel protagonista en la implementación de un nuevo escenario de los profesionales inmobiliarios, y donde la mujer deja de ocupar un segundo plano.
Lucha contra el fraude y la morosidad
La okupación es una de las tres líneas de trabajo en cuanto al cumplimiento de la legalidad en el ámbito de la vivienda por parte de la Comunidad de Madrid. Las otras dos son la lucha contra el fraude en la compraventa de viviendas protegidas y la lucha contra la morosidad.
En el primer asunto, David Pérez ha avanzado que "vamos a colaborar con apis y notarías y fortalecer nuestro cuerpo de inspectores para identificar la venta de viviendas protegidas por encima del precio legal". La Comunidad ha detectado que algunas personas después de ser adjudicatarias de viviendas protegidas a un precio muy inferior al de mercado porque está pagado por el resto de los ciudadanos, lo venden por encima de ese precio a veces cobrando esas cantidades de forma ilegal.
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid se ha mostrado firme en su propósito de que "nadie pueda especular con un bien que ha sido financiado con los impuestos de todos los demás ciudadanos".
En cuanto a la morosidad, David Pérez ha señalado que "hemos detectado que había acumulada una bolsa de 85 millones de euros de deuda de personas adjudicatarias de viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo Ivima, y no pagaban".
Por ahora, la Comunidad ha logrado poner de acuerdo a cerca del 50% para establecer a un plan de pagos. Sin embargo, ha incidido David Pérez, "hay un grupo de morosos que más o menos deben 35 millones de euros que se niegan a colaborar y pagar". "A ellos se lo vamos a reclamar por la vía judicial porque entendemos que no hay derecho a que nadie abuse de los recursos que son públicos", ha finalizado.