La sanidad privada ha sido clave para hacer frente a la pandemia de la Covid-19. Durante la primera ola, el sector puso a disposición de la sanidad pública todos sus recursos. Un ofrecimiento que continúa hoy vigente y que se ha ampliado también a la campaña de vacunación.
Sin embargo, a pesar del buen funcionamiento de esta colaboración (en algunas comunidades), el sector critica que se le margine en la toma de decisiones tanto de la administración central como de las autonomías.
En esta entrevista concedida a Invertia, Cristina Contel, presidenta de la Comisión de Sanidad de la CEOE, analiza el papel de la sanidad privada durante la pandemia y reclama que se les tenga en cuenta:"Tenemos que ser agentes sociales y estar reconocidos", ha dicho.
Este martes, el Gobierno presentó las medidas del Plan de Recuperación en el que se incluye la reforma del Sistema Nacional de Salud. ¿Se ha contado con la patronal? ¿Cómo valora las medidas?
En el ámbito de la toma de decisiones, el sector sanitario privado continúa estando al margen. Esta pandemia nos ha servido para mostrar y evidenciar la imperiosa necesidad de que haya una colaboración y se nos tengan en cuenta. El resultado a la hora de medir en salud, resolución y eficiencia han sido muy distintos en aquellas comunidades autónomas en las que se nos ha tenido en cuenta y de aquellas otras en las que solo se han utilizado recurso o incluso no se han tenido en cuenta.
Tenemos que ser agentes sociales y estar reconocidos, es decir, tener nuestro espacio porque formamos parte del Sistema Nacional de Salud.
En general, hay una extracción de las medidas que se propusieron en el marco de la Comisión de Reestructuración y Económica. Los grupos parlamentarios pusieron encima de la mesa una serie de propuestas de reforma. Hay muchos puntos en los que hubo un consenso generalizado de todos los agentes y sectores implicados, pero lo importante ahora es empezar a dar los pasos y hacerlo de forma resolutiva y urgente, tal y como la situación actual requiere.
En el decálogo de la CEOE piden la implicación de todos los sectores empresariales en el plan de vacunación. En el caso de Castilla-La Mancha, se ha firmado recientemente un acuerdo en este sentido. ¿Cree que las comunidades autónomas deberían contar con la sanidad privada para vacunar?
Efectivamente, el artículo tres del decálogo elaborado por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE propone esta implicación de todos los sectores empresariales en el plan de vacunación. Por supuesto, creo como imperativo de sentido común, que todos los sectores sanitarios acreditados, competentes deben ser tenidos en cuenta por las comunidades autónomas con un único objetivo: vacunar, vacunar y vacunar. Cuanto antes y a la mayor población posible. Queremos cumplir con el plan de vacunación.
Todos los sectores sanitarios acreditados y competentes deben ser tenidos en cuenta por las comunidades autónomas con un único objetivo: vacunar, vacunar y vacunar.
Esta iniciativa por parte de Castilla-La Mancha hay que celebrarla. Pero tenemos que distinguir dos grupos de comunidades. Unas como Madrid que tiene una orden oficial a los efectos, también Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de contar con la provisión privada a medida que vaya disponiéndose de más dosis. Estas regiones suman el 56% de la población española. Tenemos que añadir ahora también a Castilla-La Mancha.
Otras comunidades como Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia llevan un mayor retraso en la vacunación de los profesionales sanitarios de los centros privados. Se ha visto una gran diferencia, lo que crea gran inseguridad en el sector y en la población, además de ignorar la posibilidad de vacunar más rápido y a más personas.
En un estado de autonomías como el español tenemos un modelo que está dotado de 17 subsistemas de salud. Tenemos que aprovechar este modelo en cuanto al conocimiento de proximidad, pero, a su vez, es imprescindible la homogeneización de criterios básicos de salud a nivel nacional. Que cada región pueda decidir si va a contar o no con el sector privado para la campaña de vacunación es cuanto menos sorprendente.
Aquí tenemos que preguntarnos ¿qué motivo sólido y objetivo existe para rechazar la ayuda de profesionales sanitarios que cuentan con la misma capacitación, se han licenciado en las mismas instituciones y cuya única diferencia es el ámbito en el que prestan sus servicios? Si tenemos que referirnos a motivos ideológicos no se sostiene el rechazo. Precisamente otro de los principios del decálogo es la no discriminación de profesionales por el sector en el que desempeñen sus funciones.
La colaboración público-privada ha sido el eje para afrontar la pandemia. ¿Qué debería hacerse para que esta relación continúe a medio y largo plazo?
La realidad se impone y es muy tozuda. Esta necesaria colaboración público-privada, que recogemos también en el decálogo, viene a poner encima de la mesa el hecho de que el Sistema Nacional de Salud español y el de cualquier estado miembro de la Unión Europea no son viables ni sostenibles sin la colaboración público-privada. En situaciones de crisis y no crisis.
Ahora nos centramos en la pandemia, pero no es solo en casos de emergencia. Podemos hacer trampas al solitario y negar esta realidad, pero hay algo indiscutible: es evidente que el 30% de la actividad asistencial se realiza a través del sector privado. Esto impone la necesaria complementariedad de los dos sectores en un mismo servicio, que es la salud.
¿Qué ventajas y ahorros a nivel presupuestario suponen la colaboración público-privada en sanidad?
En términos de ahorro, hay una optimización de recursos humanos y materiales de los que nos podemos servir todos. En lo que respecta a los recursos humanos, tendríamos que hablar de compatibilidad. A fecha de hoy tenemos comunidades autónomas en la que los profesionales por el simple hecho de prestar sus servicios en el ámbito público están inhabilitados para hacerlo en el privado.
Ahorro es evitar pruebas y para eso es necesario compartir la historia clínica. Si vamos más allá y ponemos ejemplos concretos en los que se ha podido analizar el histórico tenemos las reversiones de concesiones.
El fin de la concesión del Hospital de La Ribera en Alzira generó un sobrecoste de 76 millones de euros y, además, en los dos últimos ha triplicado las listas de espera. En el caso del Hospital de Torrevieja, la sindicatura de Cortes de Valencia constató que durante ese periodo supuso un ahorro respecto a una vez revertida la concesión de 45 millones de euros.
Precisamos un Sistema Nacional de Salud que garantice la continuidad asistencial entre niveles y entre territorios.
En cuanto a ventajas, precisamos un Sistema Nacional de Salud que garantice la continuidad asistencial entre niveles, desde la atención primaria hasta los centros sociosanitarios y sanitarios. Y también entre territorios porque el ciudadano español cuando se mueve entre comunidades no deja de ser español y, en cambio, se ve ubicado en distintos tratamientos asistenciales. Necesitamos un sistema integral y multidisciplinar que dé una respuesta adecuada al perfil de los pacientes que tenemos.
Y por supuesto en el que se respecte el derecho y la libertad de elección del ciudadano.
Una de las consecuencias de la pandemia está siendo el incremento de las listas de espera. ¿Se ha ofrecido la sanidad privada a ayudar a la pública en este sentido? ¿Cómo debería ser la colaboración en este caso?
Las listas de espera venían siendo ya un grave problema en nuestro sistema sanitario. La pandemia ha tenido un impacto en tres sentidos. La urgencia en la atención de los pacientes Covid ha generado un nuevo perfil de paciente crónico por la falta de seguimiento y atención. Este paciente necesita más que nunca la reactivación de la actividad.
La paralización de la actividad quirúrgica durante la primera ola de la pandemia y las visitas programadas y las pruebas diagnósticas han obligado a aplazar esas intervenciones. La demora media se ha incrementado entre un mes y dos meses adicionales a lo que teníamos antes de la pandemia. En términos operativos supondría sumar alrededor de 200 quirófanos a pleno rendimiento durante un año.
La privada ha colaborado en todo y se ha ofrecido para reactivar la actividad asistencial. Nuestros recursos están encima de la mesa para poder aligerar esta lista de espera. Algunas comunidades las están aprovechando y otras no. Volvemos una vez más a la disparidad que crea agravios comparativos que son injustificables.
Precisamente derivado de esta colaboración durante la pandemia, se están cerrando ahora las compensaciones que las comunidades autónomas tienen que hacer a la sanidad privada por la atención a pacientes con Covid, sin embargo, todavía hay varias autonomías en las que no ha habido avances al respecto. ¿Cuál es su opinión?
Esto es una muestra más de esa desconexión entre los 17 subsistemas. Hay disparidad entre comunidades por aprovechar o rechazar en favor o detrimento de su población la ayuda del sector privado. Hay regiones que se han servido de los recursos de la privada sin dejarles participar en su organización y toma de decisiones.
Que finalmente no se reconozca el esfuerzo ni se recompense ha dado lugar también a que haya un sector de la provisión privada haya interpuesto reclamaciones y, por el contrario, comunidades donde se han alcanzado acuerdos satisfactorios.
¿Cree que la mejor forma de llevar a cabo estas compensaciones es a través de negociaciones con las autonomías o, por el contrario, debería haber sido un proceso centralizado?
Necesitamos un campo de juego común en el que se fijen las reglas de juego y los objetivos a alcanzar a nivel nacional, con un criterio compartido a modo de denominador común, sin prejuicio que después cada comunidad adopte las actuaciones oportunas para su desarrollo y consecución.
Necesitamos un campo de juego común en el que se fijen las reglas de juego y los objetivos a alcanzar a nivel nacional, con un criterio compartido a modo de denominador común.
A pesar de que yo considere que todas las autonomías deberían alinearse para reconocer y compensar los servicios prestados en cualquier sector, la realidad es que algunas comunidades han respondido y otras no. Aquí se ha sembrado un campo de diferencias injustificables y agravios comparativos. Es una de las lecciones a aprender para futuras situaciones: una unificación de criterio que es imprescindible para dar una respuesta con criterios claros y equitativos para toda la población.
ASPE calcula que serán 3.000 clínicas las que tengan que cerrar por haberse comprometido su viabilidad económica durante la pandemia. ¿Cómo podría subsanarse esta situación?
Para promover medidas que motiven la reactivación y recuperación de la actividad asistencial por parte del empresariado sanitario es preciso que se reconozcan y compensen los costes de inversiones que se han realizado en la lucha contra el Covid. Se ha paralizado la actividad al tiempo que se han hecho inversiones en recursos humanos y estructurales.
Por otro lado, la incentivación de medidas fiscales. Concretamente, la aplicación del IVA superreducido del 4%. En un horizonte de cinco años es una de las medidas para que los sectores inviertan en servicios, equipamiento y tecnología que necesitan.
También el hecho de que se cuente con la privada para la realización de la actividad pública en general y la reducción de las listas de espera en particular. Desde la Comisión de Sanidad de la CEOE consideramos que es urgente reformar nuestros sistema sanitario, creando un modelo sociosanitario sólido que garantice la continuidad asistencial donde se atienda a indicadores de resultados y se ponga al paciente como protagonista.
¿Los servicios sanitarios deben optar a los ERTE a día de hoy? ¿O si están optando a los ERTE?
El sector ha hecho un esfuerzo titánico de contingencia para hacer frente a la pandemia. Esto lo ha hecho desinteresadamente en el sentido de que no tengo profesionales pero tengo que contratar más, no tengo tesorería pero tengo que sectorizar, el coste de los materiales… Todo esto ha supuesto una inversión que el no tener hoy retorno hace que muchos de nuestros centros estén sufriendo problemas de viabilidad. De ahí que propongamos estas medidas de incentivación.
Especialmente quiero referirme al sistema de dependencia y su especial soporte. La dependencia y la parte social, que ha sido la víctima de esta pandemia, se ha visto dejada de la mano de Dios y de la falta de coordinación de todos los niveles asistenciales. Es importante llevar a cabo el pacto que los agentes sociales han puesto sobre la mesa.
¿Qué papel debe jugar la sanidad privada en la recuperación de España?
El último apartado del decálogo de la CEOE hace un llamamiento al fomento de la incitativa privada. Un sector social que construye con sus esfuerzos y se juega día a día su viabilidad. El objetivo que persigue no es otro que la atención de la salud de la población. Una atención que es en sí misma un servicio público en el que tenemos que tener una visión integradora.
El importante peso económico del sector lo posiciona como estratégico, al que se le debe promover para contribuir a preservar la salud de la población del país.
Su importante peso también económico (representamos el 7,56% del PIB, llegamos a más de 803.000 personas y facturamos alrededor de 88.000 millones de euros) lo posiciona como sector estratégico al que se le debe promover para contribuir a preservar la salud de la población del país.
¿Cómo valora la situación de los convenios con Muface, Isfas y Mugeju?
Estos convenios abanderan un modelo único. Durante 40 años ha evidenciado su viabilidad en la medida que es el único modelo que permite elegir entre la sanidad pública o la privada sin coste para el propio paciente.
Es curioso que en los últimos años se ha ido manteniendo la solicitud de más de un 80% de ser atendidos por la privada. Es un modelo a seguir, que no hace déficit porque tiene un presupuesto fijado y al que podríamos tener como ejemplo para otros aspectos. Bien es cierto que con el paso de los años precisa de algunas reformas como puede ser la infrafinanciación de algunos servicios.
¿Qué opina de la ley de ratios propuesta por enfermería?
Tenemos que ir a los antecedentes. En España hay una falta de planificación crónica de la formación y de nuestros profesionales y esto se ha visto exponencialmente agravado por la pandemia. Nos encontramos ante una quiebra estructural. Faltan profesionales sanitarios y es un problema que se no se soluciona de hoy a mañana. Pero tenemos que adoptar medidas paliativas.
Desde ASPE y los colegios se ha propuesto la compatibilidad de los servicios entre el sector público y privado. Hay comunidades donde esto no se permite. Mientras nuestros médicos terminan de formarse no puede haber un cuello de botella en el que te encuentres sin profesionales y tengas que poner a estudiantes de último año de carrera.
En cuanto a los ratios, diríamos exactamente lo mismo que otro sector en esta tesitura. El problema principal que vemos a esta propuesta de ley es el intervencionismo regulatorio, que pretende imponer un número determinado de profesionales sin tener en cuenta la cruda realidad del déficit de profesionales. Además, existen otros colectivos que colaboran con enfermería, como son los auxiliares, y que no existen en otros países con los que pretenden compararse.
Cada entidad sanitaria tiene una realidad distinta. Además, existe una libertad de organización empresarial y de gestión de recursos por parte de la propiedad de los mismos. Nadie tiene mayor interés que el empresario de dotarse de plantillas adecuadas y suficientes para el cumplimiento de sus objetivos.
Algunas comunidades tienen establecidos ratios en las concesiones, pero forman parte de una contratación entre partes y no de una imposición regulatoria.
Hace unas semanas se celebró el examen MIR. ¿Deberían ampliarse las plazas de formación en la sanidad privada?
Por supuesto. Este año ha habido una oferta récord y este es el camino. Y en este camino brindamos plazas MIR del sector sanitario privado porque tenemos hospitales universitarios. Ya estamos formando a profesionales, pero podríamos ofrecer y facilitar más plazas para hacer frente a este déficit del que hablábamos.
Tenemos que plantear una reforma del sistema de salud a partir de las lecciones aprendidas, con propuestas de mejora concretas e invitándonos a la reflexión.
¿Qué lecciones hemos aprendido de la pandemia?
De todos los aspectos abordados, destacaría la imprescindible coordinación de las comunidades autónomas y la administración central con los agentes del sector. También la necesaria continuidad de la asistencia entre niveles y territorios. En tercer lugar, la no paralización de la atención sanitaria cuando nos encontremos en una situación de crisis de salud para no provocar un agravamiento de los pacientes crónicos.
Por otro lado, la posibilidad de utilizar todos los recursos humanos y materiales, pero contando con los agentes sociales porque son los que conocen sus organizaciones.
Tenemos que plantear una reforma del sistema de salud a partir de estas lecciones, con propuestas de mejora concretas e invitándonos a una reflexión de estas sombras y luces en la gestión sanitaria durante estos momentos críticos. Estas carencias del sistema sanitario y social son las que tendría que conformar un nuevo sistema sanitario.
El decálogo tiene por objeto recoger e impulsar la puesta en práctica de todos estos extremos detectados y que ya en su día se pusieron en valor los portavoces de los grupos parlamentarios, pero sin esperar. Hay que enfrentarlos desde el primer momento para adaptar nuestro sistema a la nueva realidad y necesidades sociosanitarias.