La carrera para hacerse con la vacuna del coronavirus exige sacrificios. Y asumir riesgos. Así lo han decidido España y el resto de los países de la Unión Europea (UE), que abonarán a los laboratorios las posibles indemnizaciones a las que se tengan que enfrentar si hay efectos indeseados o inesperados por las vacunas del Covid-19 tras su comercialización.

Tanto fuentes del Ministerio de Sanidad como de la propia Comisión Europea confirman esta condición, que se recogerá en las cláusulas de los contratos que se están negociando entre las compañías farmacéuticas, los Estados y Bruselas. Desde el departamento de Salvador Illa indican que esta decisión se ha tomado “para compensar los altos riesgos asumidos por los fabricantes”.

Así, los acuerdos de compra anticipada comunitarios que se están cerrando bajo el liderazgo la Comisión prevén que los Estados miembro abonen las posibles indemnizaciones que tengan que afrontar los fabricantes en “condiciones específicas y estrictas”, que Sanidad no aclara, con sus presupuestos nacionales. “La responsabilidad (del producto), no obstante, sigue siendo de las empresas”, alegan desde el Ministerio.

De hecho, aseguran que “estos contratos que está negociando la Comisión respetan plenamente la directiva europea de responsabilidad por daños de los productos, que dicta un régimen de responsabilidad estricto para los productos defectuosos aplicable en todos los Estados miembro”.

Además, insisten en que “toda vacuna que se comercialice en la UE deberá cumplir con los requisitos de seguridad necesarios y someterse a la evaluación científica de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), como parte del procedimiento de autorización del mercado de la UE, por lo que los derechos de los ciudadanos permanecerán plenamente protegidos”.

Fabricación

Pero,¿cuáles son exactamente los riesgos de las vacunas que van a asumir financieramente los gobiernos de la UE? ¿Se ha fijado alguna cantidad límite? Consultado por esta cuestión, un portavoz de Bruselas no lo aclara y se limita a señalar que los acuerdos cubren únicamente "determinadas responsabilidades contraídas en condiciones específicas y estrictas".

El argumento de Bruselas es que "estamos en medio de una pandemia, vivimos circunstancias extraordinarias y debemos actuar lo más rápido posible para poner fin a esta crisis sanitaria sin precedentes y proteger a los ciudadanos". "En la carrera contra el tiempo, los fabricantes tienen que producir la vacuna mucho más deprisa que en circunstancias normales: estamos hablando de entre 12 y 18 meses en lugar de una década o más".

No obstante, el Ejecutivo comunitario sostiene que esto no significa que se vayan a hacer concesiones en cuanto a la seguridad de una futura vacuna ni que cambien las reglas de la UE en materia de responsabilidad.

A pesar de ello, el lenguaje que emplean la Comisión y el Ministerio de Sanidad es intencionadamente ambiguo para referirse al límite y las condiciones para el pago de las indemnizaciones por los posibles efectos indeseados de las vacunas del Covid-19. Y esto es por la estricta confidencialidad a la que está sometida esta cláusula que conocen solo quienes están directamente vinculados con la negociación. 

De momento, el Ejecutivo comunitario ya ha firmado un primer contrato con AstraZeneca por el que se reserva varios millones de dosis (parte de ellos para España) de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Además la Comisión está negociando (y está cerca de cerrar) contratos de similar naturaleza para las vacunas de Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac y Moderna.

Reclamación

Esta cláusula de protección ante futuras demandas por efectos indeseados por las vacunas era una de las principales peticiones de los laboratorios para suministrar dosis a los países europeos, dado el temor que despierta lanzar un producto que se ha elaborado en un tiempo ‘récord’. 

Un plazo con el que es probable que pueda desarrollar efectos secundarios a largo plazo, aunque las fuentes consultadas aseguran que solo se corre el riesgo de que ocurra esto en el más remoto de los casos.

Se trata de una protección en la que han insistido tanto las compañías 'yanquis' como las multinacionales farmacéuticas, y de la que ya disfrutan en Estados Unidos, donde las compañías ya cuentan con este ‘escudo legal' para las vacunas del Covid-19.

Cabe recordar que varias de las multinacionales que están desarrollando antígenos contra el coronavirus ya se han lanzado a la fabricación de dosis, para poder tener cuanto antes vacunas que suministrar a la población llegado el momento, a pesar de no contar aún con ensayos clínicos de eficacia.