Para nadie es un misterio que Donald Trump es una caja de sorpresas, que funciona por impulsos y que muchas veces emprende estrategias cortoplacistas que colisionan con decisiones adoptadas meses antes por su propia Administración. La demanda interpuesta contra Google este martes es uno de los mejores ejemplos de estas contradicciones.

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Sin entrar a valorar las razones de su Ejecutivo para arremeter legalmente contra el gigante tecnológico, la apertura de un expediente por abuso de posición de dominio -y su promesa de ir a por Facebook, Amazon o Apple- no encaja con la férrea defensa que hace a estas mismas compañías en suelo europeo.

Trump ha cumplido una de sus promesas electorales de atacar el monopolio de Google -una estrategia sorprendentemente en línea con lo que proponen algunos de sus rivales del Partido Demócrata- casi al mismo tiempo que defiende en el marco de la OCDE la inutilidad del nuevo impuesto digital que prevén imponer algunos países europeos como Francia o España.

La Administración Trump ha sido tan beligerante en este último caso, que ha llegado a amenazar con represalias. A comienzos de junio, la Oficina del representante comercial de Estados Unidos abrió una investigación -amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos- a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales.

Además de la UE y España, la investigación incluyó a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.

Presiones a Europa

Dos semanas después, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchinenvió una carta a cuatro ministros de finanzas de Europa entre los que se encontraban España, Reino Unido, Italia y Francia, amenazándoles con represalias si seguían adelante con la denominada tasa Google. EEUU también anunció que se levantaba de la mesa de negociación.

En el punto de mira, las grandes empresas digitales extranjeras como Google, Facebook, Amazon o Apple, todas ellas estadounidenses. En este sentido, EEUU y Europa llevan meses negociando en el marco de la OCDE un marco común para que estas empresas tributen en el lugar donde realizan su actividad.

De esta manera, EEUU ha defendido férreamente a sus empresas en el extranjero, pero todo indica que con la demanda a Google comienza una persecución a estas mismas compañías en suelo propio. 

La Administración Trump defiende que Google es dueño del mercado de buscadores y publicitario en internet y que realiza acciones conscientes para hacer más fuerte su monopolio y excluir sistemáticamente a otros competidores. 

El principal argumento es que Google, mediante acuerdos con todos los dueños de dispositivos, siempre logra ser el buscador predeterminado, sin dar opción a que los usuarios utilicen otros motores de búsqueda. Del mismo modo, con este control del mercado se constituye como casi el único gestor de publicidad digital.

¿Tiene recorrido la demanda?

Google se defiende indicando que les eligen porque dan el mejor servicio y que para un usuario de EEUU es extremadamente fácil cambiar las preferencias y elegir a otro de sus competidores. Ante esto, EEUU indica que los internautas "no son lo suficientemente sofisticados" para ejercer este cambio de configuración en sus dispositivos.

Independientemente de las disputas técnicas, lo cierto es que Trump ha decidido presentar la que es probablemente la mayor demanda contra una empresa estadounidense en 30 años por abuso de posición de dominio. El único antecedente lo tenemos en los años noventa con Microsoft.

Y lo ha hecho además a dos semanas de las elecciones, lo que deja una doble lectura. Por un lado, cumple una de sus promesas de campaña in extremis y, por otro, se acerca a posiciones progresistas y conservadoras que sorprendentemente coinciden en que Google, Amazon, Facebook y Apple deben dejar de tener un comportamiento monopolístico. Un cálculo electoral arriesgado.

¿Tiene recorrido la demanda? En el mundo hay bastantes causas que sugieren que Google es un monopolio, pero sorprende que se haga una investigación en su propio país de origen. Según el buscador, la demanda no se sustenta, pero fuentes jurídicas sostienen que EEUU quiere ir hasta las últimas consecuencias y que el escrutinio a la compañía solo es la primera investigación que se pondrá en marcha.