Las grandes plataformas digitales que operan en España mantienen trabajando a sus equipos legales a pleno rendimiento para valorar -e intentar reducir- el impacto de la tasa Google en sus cuentas en nuestro país.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció tras el Consejo de Ministros del martes pasado que la tasa para gravar a determinados servicios digitales se enviará a las Cortes en breve, pero que su primera liquidación se realizará en diciembre de este año.
Como ya había contado este periódico las grandes tecnológicas ya tenían asumido que deberían hacer su primer pago por esta tasa antes de que cerrara el año, pero ahora con la fecha oficial sobre la mesa, afinan sus argumentos para reducir su factura final.
El Ejecutivo rebajó hasta los 968 millones de euros sus previsiones anuales recaudatorias, 232 millones de euros menos que lo previsto inicialmente, aunque todos los expertos consideran que esta cifra está sobredimensionada.
Proyecto de Ley
Una estimación demasiado optimista, entre otras cosas porque las grandes tecnológicas intentarán rebajar su factura hasta el mínimo posible. Las informaciones confirmadas por este periódico indican que el gran argumento de las plataformas digitales para no pagar estará relacionado principalmente con la recolección de datos personales.
El Proyecto de Ley de impuesto sobre determinados servicios digitales enviado en enero de 2019 al Congreso -y que fue frenado por la convocatoria de elecciones- indica que nuestro actual sistema tributario no reconoce el papel que desempeñan los usuarios "en la generación de valor para las empresas más digitalizadas mediante el suministro de datos o la generación de contenidos o como componentes de las redes en que se basan muchos modelos de negocio digitales".
Es así como el proyecto -que debería mantenerse casi íntegro en su actualización de 2020- gravará a partir de un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Es en este último punto donde muchas empresas digitales con las que ha hablado este diario, niegan la mayor. "No recopilamos datos personales", indican. Estamos hablando de que muchas de ellas reconocen que solo recopilan una cuenta bancaria para ejecutar el pago del servicio y permiten darse de alta solo con un nombre, que no necesariamente debe ser el real.
¿Quién tendrá que pagar?
En un segundo nivel, otro grupo de empresas indica que incluso si recopilasen estos datos nunca los han usado -ni los usarán- para generar negocio. Es decir, que no lucran con ellos ni se genera un beneficio económico para la empresa con su tratamiento.
Un debate sin lugar a dudas técnico y que comenzará a librarse en los próximos meses cuando el proyecto definitivo se remita al Congreso y se conozcan sus detalles definitivos. Para ello, los equipos legales y de asuntos públicos de estas compañías trabajan para explicar a la Administración que no existen razones para pagar ciertos tramos de la nueva tasa Google.
El problema es que pese a que el debate por esta tasa lleva un par de años en la primera línea, no hay claridad respecto de qué empresas deberán pagar. De hecho, ninguna empresa sabe en estos momentos a ciencia cierta, cuánto ni sobre qué deberán pagar. Y solo quedan diez meses para hacer el primer pago.
La única regla es que deberán abonarla empresas cuyo importe neto de cifra de negocios supere los 750 millones de euros al año y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales está por encima de los tres millones.