La política monetaria es una gran desconocida para el público general, está rodeada de un halo de misterio y, a simple vista, parece de una complejidad tremenda.
Algo completamente diferente ocurre con su prima hermana, la política fiscal. Es fácil de entender que el Estado, como otro agente económico más, puede actuar como sustituto del sector privado cuando éste se retrae por la causa que sea.

Lo lógico es que, en esos casos, sea el Estado el que consuma, invierta, dé subsidios, baje impuestos… para impulsar la demanda agregada durante el tiempo de retraimiento del sector privado. Otra cosa es la efectividad de estas medidas, que dependerá de la perspicacia y preparación de las medidas diseñadas por los gobernantes.

Por ejemplo, si se decide emprender un proyecto no necesario y además los profesionales requeridos estén ocupados en otros sectores, la política fiscal será inútil y se producirá el efecto expulsión (movimiento de trabajadores del sector privado al público) sin que se mejore la producción real del país. En cambio, si para un proyecto provechoso y rentable, pendiente de implementación, se emplea personal desocupado, se producirá un impulso a la economía: es lo que se llama efecto multiplicador.

La política fiscal es una lucha entre estos dos efectos, el multiplicador y el de expulsión. Esta política debería ser contracíclica, es decir, expansiva durante las recesiones y contractiva durante las expansiones. Por desgracia, la voracidad de los estados no siempre permite una aplicación ortodoxa de la misma.

En el fondo, la política monetaria no es tan distinta de la fiscal. Su objetivo es el mismo, impulsar la demanda agregada, es decir, mayor consumo, inversión y gasto por parte de los distintos agentes de la economía. Las mayores intervenciones de política monetaria las vimos en la crisis financiera del 2008 y las estamos volviendo a ver con la actual crisis del Covid-19. El mecanismo por el que estas grandes intervenciones monetarias funcionan es muy sencillo. El Banco Central de un país compra deuda pública en el mercado secundario a los grandes tenedores privados de la misma y, por tanto, crea dinero para su pago.

¿Cuál es el objetivo de esta operación? Al final todo este dinero creado acaba en las reservas que los bancos tienen en los bancos centrales. Tal exceso de liquidez es ineficiente y si los bancos están adecuadamente capitalizados intentarán prestar ese dinero a las empresas y particulares de su país para impulsar la economía a través de un puro proceso económico de canalización del ahorro a la inversión.

Por tanto, para que la política monetaria funcione se necesitan dos condiciones. Una de ellas es la predisposición de los bancos a prestar (para ello es necesario que tengan una posición financiera sólida) y segundo, la predisposición del sector privado solvente a endeudarse para emprender proyectos empresariales. En esta segunda condición vuelve a ser muy importante la perspicacia de los gobernantes a través de una regulación incentivadora.

Como vemos no sólo la política fiscal tiene sus restricciones, el efecto expulsión, sino también la política monetaria, el efecto predisposición (tanto de los bancos a prestar como de los agentes privados a endeudarse). En ambas políticas los condicionantes regulatorios son vitales y siempre hay un cierto margen de indeterminación acerca del éxito de las mismas.

Las intervenciones monetarias a partir del 2008 fueron efectivas dado que permitieron mantener la confianza en el sistema financiero. No obstante, no fueron todo lo efectivas que se hubiese deseado dado que los bancos mantenían posiciones de balance especialmente agresivas y no canalizaron en su totalidad el exceso de liquidez a más préstamos. Una parte se dedicó a recomponer balances y a recapitalizarse. Por todo ello, el mecanismo de trasmisión no funcionó de manera ortodoxa.

Esta vez es distinto. La banca está en una situación más adecuada de capitalización y, sin duda, el mecanismo de trasmisión debería funcionar siempre y cuando las medidas monetarias encuentren como compañero de viaje una regulación adecuada que incentive al sector privado.

Esta vez es distinto. Los bancos son parte de la solución.

*** Pedro Mas Ciordia es Consejero DElegado de Santander Private Banking Gestión, S.G.I.I.C.